El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó este jueves, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso, una moción para investigar un préstamo que la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) habría otorgado a la magistrada Patricia Solano.
En contraste, el gobierno y su fracción legislativa se han negado a investigar presuntas irregularidades en las que se involucra personas ligadas al oficialismo.
Durante la misma sesión de este jueves, el PPSO se opuso a investigar un vuelo fallido en el que murió un niño; meses antes, también descartó hacer lo mismo con un crédito del Banco Nacional que una empresa vinculada al financista del oficialismo, Boris Marchegiani, dejó sin pagar.
El 10 de setiembre pasado, el Ministerio de Hacienda, descartó que se efectúe una investigación en la entidad a raíz del portillo administrativo, abierto vía decreto ejecutivo en setiembre de 2024, que permitió importar vehículos con menor valor.
El portillo provocó una evasión tributaria de ¢20.000 millones.
Investigación a Solano
Esta tarde, cinco oficialistas votaron a favor de investigar a Solano: Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, todos del PPSO. En contra: Jesús Calderón y Norjelens Lobo, de Liberación Nacional (PLN); y Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA).
Según la moción aprobada, el préstamo de ¢128 millones, otorgado por la Asosejud, se destinó a la construcción de una vivienda en el cantón de Parrita, Puntarenas.
La investigación buscará determinar el procedimiento y las condiciones en que se otorgó el crédito, el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble, el costo total de la construcción y si la magistrada declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) el inmueble, el crédito y la construcción.
Para ello, se convocó a comparecer a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano. La moción se aprobó sin que ninguno de los proponentes defendiera lo propuesto.
Solano ha sido una de las figuras más vocales del Poder Judicial frente al gobierno, en una tensión que no para de elevarse ante las críticas, recortes y limitaciones presupuestarias impuestas por el gobierno y refrendadas por el PPSO.
La Fiscalía investiga a los directivos de la Asosejud por el presunto delito de administración fraudulenta. Sin embargo, Solano no ha sido vinculada.
PPSO rechaza investigar vuelo fallido de niño
El fallido vuelo ambulancia que el PPSO se negó a investigar se registró la noche del 9 de setiembre anterior, cuando médicos y cuerpos de rescate intentaron trasladar a San José a un niño herido de bala desde el Hospital Tony Facio, en Limón.
El menor falleció en un quirófano en la provincia caribeña debido a la gravedad de sus lesiones, sin que se lograra su traslado. Al día siguiente, paramédicos privados alertaron fallos en la coordinación y autorización del traslado aéreo.
Según reportó La Nación el 4 de octubre pasado, las acciones para gestionar esa operación surgieron luego de que el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), indicara a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no disponía de una aeronave oficial para realizar el traslado del menor. Empero, menos de 12 horas después, la entidad sí tuvo una avioneta lista para un viaje oficial del vicepresidente, Francisco Gamboa.
En este caso, los votos se invirtieron: todos los del PPSO votaron en contra de abrir la investigación; la oposición en favor, incluida Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, que no votó en la de Solano.
Rechazo a investigar a financista del PPSO
El 16 de julio, los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano, en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, rehusaron investigar la deuda de la sociedad vinculada a Boris Marchegiani, al rechazar una moción del legislador Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El pasado 24 de junio, La Nación dio a conocer que el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Marchegiani, lleva 12 años sin pagarle al BN un crédito de $8,3 millones, adquirido para la construcción del Hotel Gaia, en Manuel Antonio, en Quepos.
En contra de abrir dicha investigación votaron los oficialistas Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, mientras que solo votaron a favor Padilla y Víctor Hidalgo, del PLN, así como Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA).
El 30 de julio, los oficialistas se volvieron a negar a llamar Marchegiani.
“Si alguien hace mal los recursos públicos, hay que llamar al banco, no a Taboga, ni a Marchegiani, ni a este, ni a fulano. Es al banco, no a Marchegiani. Abramos uno contra el Banco Nacional, no contra Marchegiani, ni Taboga, ni ninguno de esos”, dijo Stephan Brunner en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso el pasado 30 de julio.
El diputado agregó: “En el caso de los préstamos, al que hay que llamar es al banco, no a las personas que recibieron o no recibieron un crédito, lo pagaron o no lo pagaron”.
Sin embargo, este jueves votó a favor de investigar a Solano.
Marchegiani fue financista del PPSO y nombrado por la presidenta Laura Fernández como embajador ante la Organización de Naciones Unidas; incluso dio el discurso de Costa Rica ante la Asamblea General de ese organismo en setiembre pasado.
Hacienda rechaza investigar portillo que permitió evasión de ¢20.000 millones
La Nación reveló que Hacienda abrió un portillo, a mediados de setiembre de 2024, durante la Administración de Rodrigo Chaves, cuando derogó tres decretos que definían las diferentes clases tributarias para la importación de vehículos.
Estas normas fijaban valores mínimos para el pago de impuestos de importación, con base en la marca, el modelo y el año. En su lugar, se estableció que el valor de los vehículos se fijaría con base en la factura presentada por el importador, sin ningún condicionante adicional.
A finales de agosto pasado, el Poder Ejecutivo publicó un nuevo decreto que cerró, casi dos años después, las ventajas impositivas que dejaron una evasión a la hacienda pública estimada en ¢20.000 millones.
Sin embargo, Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, descartó que se efectúe una investigación en la entidad a raíz del portillo administrativo.
Carvajal negó que hubiera una actuación errónea de Hacienda, y atribuyó el portillo a la Ley N.° 10.390.
“Creo que hicimos lo correcto (cerrar el portillo) y esperamos seguir haciendo más cambios. En este momento no hay ninguna investigación abierta. Los diputados aprobaron una ley. ¿Cómo voy a abrirle un proceso disciplinario o una investigación preliminar a los diputados?“, aseguró el viceministro.
Carvajal insistió que el cambio legal permitió el ingreso de vehículos con el valor de factura.
“Se abrieron una serie de portillos y hubo algunos vivillos que metieron valores de carros que no corresponden a la realidad. Para cerrar ese portillo hicimos un decreto”, comentó en ese momento el viceministro.