A casi 19 años del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Costa Rica no ha vuelto a celebrar una consulta popular nacional. Expertos consultados por La Nación analizan por qué este mecanismo de democracia directa no ha vuelto a llevar a los costarricenses a las urnas.
Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el país registra 81 intentos de referéndum, 77 han sido archivados, cuatro están en trámite y solo 13 llegaron a la fase de recolección de firmas; aunque murieron en el intento.
El investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Ronald Alfaro, apuntó que los 81 intentos no pueden interpretarse automáticamente como 81 iniciativas bloqueadas por las instituciones, sino que deben desagregarse, dado que pueden existir rechazos por intentos ilegales.
Según los datos del TSE, entre las razones para rechazar las iniciativas figuran su incompatibilidad con la Constitución Política, la falta de coherencia de las propuestas, la aprobación previa de los proyectos por parte de la Asamblea Legislativa e, incluso, la ausencia de “innovación” respecto a la normativa vigente.
“No creo que sea difícil (convocar un referéndum), hoy por ejemplo el oficialismo tiene la posibilidad del referéndum mancomunado donde si el Ejecutivo lo convoca de forma coordinada con el Legislativo bastaría con 29 votos”, apuntó el politólogo Daniel Calvo.
Criterio contrario tiene la politóloga Carolina Ovares, quien señaló que el diseño constitucional y el legal establecen barreras para convertir esas iniciativas en consultas populares efectivas.
“Es muy difícil, es un laberinto de procedimientos (...). Desde un inicio, el diseño fue muy restrictivo”, apuntó Ovares.
En Costa Rica existen tres vías para convocar un referéndum: por iniciativa legislativa (38 votos), mediante una convocatoria conjunta del ejecutivo y del legislativo (29 votos) o por iniciativa ciudadana (5% de las firmas del padrón electoral).
Calvo también apuntó a que el “desconocimiento” ciudadano sobre las materias que la Constitución Política prohíbe someter a consulta popular explica algunos de los rechazos del TSE.
En setiembre pasado, el TSE anunció que no admitió la recolección de firmas para someter a consulta popular el proyecto de ley que buscaba la devolución plena del ahorro laboral del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), dado que esa materia está vedada.
“Todo mundo sabía que eso no era posible”, explicó Calvo sobre ese intento, aunque señaló que se podrían valorar reformas para abrir la figura.
El artículo 105 de la Constitución excluye de referéndum las materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones y seguridad, así como la aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.
“Una parte muy importante de esos intentos mueren prematuramente porque no procedían”, apuntó Alfaro.
Alfaro también señaló que después del Tratado de Libre de Comercio (TLC) con Estados Unidos, el país no ha enfrentado un tema que alcance un “punto de ebullición” tal que requiera ser sometido a consulta popular.
“No hemos tenido algún otro gran tema que haya incentivado un proceso de consulta popular”, apuntó Alfaro.

A diferencia de Alfaro y Calvo, la politóloga Kattia Benavides calificó de “lamentable” que no sea un mecanismo más común.
“Yo creo que sí, en Costa Rica existe una asimetría de poder en el acceso del referéndum, especialmente entre la ciudadanía organizada y los actores que tienen posiciones de poder institucional importantes”, apuntó Benavides.
Señaló que aunque la Constitución reconoce la posibilidad, convertir ese derecho en una consulta efectiva implica superar filtros jurídicos, institucionales y organizativos.
Carolina Ovares también destacó que el único referéndum nacional celebrado hasta ahora, en 2007, fue convocado conjuntamente por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Por ello, considera que cualquier reforma debería facilitar principalmente el acceso de la ciudadanía organizada, pues los poderes políticos ya cuentan con otras vías para impulsar y aprobar leyes.
“Lo importante sería fortalecer, pero desde la iniciativa ciudadana, no desde arriba”, sostuvo.
Recurso retórico desde el gobierno
En 2024, el gobierno de Rodrigo Chaves impulsó una consulta popular sobre la denominada “ley jaguar”, una iniciativa que buscaba limitar las potestades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República (CGR).
La Sala Constitucional determinó que varios artículos contravenían la Carta Magna.
Recientemente, en conferencia de prensa, la presidenta Laura Fernández indicó que su gobierno no descarta resolver mediante consulta popular temas polémicos que han encallado en la Asamblea Legislativa.

Benavides señaló que los gobiernos chavistas han utilizado el referéndum como una especie de “amenaza”: “Si ustedes no me aprueban esto, va a referéndum”.
El investigador del CIEP, Ronald Alfaro, coincidió en que, hasta el momento, el gobierno ha utilizado esta figura de forma “retórica”.
Alfaro señaló que contar con un respaldo popular importante no garantiza ganar un referendo.
Explicó que, antes de impulsar una consulta, el Ejecutivo debe valorar si su propuesta supera los obstáculos jurídicos, si tiene capacidad para movilizar a los votantes y cuáles serían los costos económicos y políticos del proceso. Además, advirtió que una eventual derrota en las urnas podría representar un golpe para el gobierno.
Otros mecanismos
Los expertos explicaron que existen otros mecanismos para la participación ciudadana directa, como el plebiscito a nivel municipal.
Calvo recordó el caso de Pérez Zeledón. En 2010, los habitantes de ese cantón josefino votaron para que Luis Mendieta perdiera sus credenciales como alcalde municipal. El 82% de los sufragios votó para destituirlo, frente al 18% para que se mantuviera en su cargo.
El artículo 19 del Código Municipal autoriza que el Concejo Municipal, con el voto de dos terceras partes del total de regidores, aprueben consultas populares en sus respectivos cantones para destituir o no al alcalde.
Alfaro también señaló que en otros países las consultas populares se realizan el mismo día de las elecciones, lo que permite aprovechar esas jornadas para someter otros asuntos a decisión ciudadana.

Alfaro señaló que, como se impusieron esas reglas, pueden cambiarse.
“¿Son estas reglas restrictivas o no? Bueno, depende de quién le mire y cómo se le mire a eso”, dijo el investigador, al tiempo que destacó que es necesaria la claridad de cómo funcionará el mecanismo.
