El Poder Judicial cuestionó la decisión del gobierno de no continuar con las mesas de diálogo sobre las normas de ejecución del Presupuesto Nacional 2027. La institución también defendió su derecho a acudir a la Sala Constitucional ante las restricciones que considera contrarias a la Constitución.
“La disposición al diálogo, sin embargo, no implica renunciar a los mecanismos legales que el Poder Judicial tiene a su alcance para defender el cumplimiento de la Constitución y proteger los intereses de las personas usuarias del sistema de justicia”, señala el comunicado de prensa.
El Poder Judicial advirtió de que esas disposiciones podrían afectar los servicios de justicia que recibe la población. Además, pidió respeto entre las instituciones ante las diferencias por el manejo de los recursos públicos.
La posición surgió en medio de las críticas del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, contra las decisiones judiciales que frenaron la discusión legislativa del presupuesto.
El Poder Judicial explicó que mantiene su disposición a participar en espacios de diálogo con el Ejecutivo.
La institución recordó que la magistrada presidenta, Patricia Vargas, informó el lunes 9 de noviembre, durante una sesión pública, sobre la solicitud de una medida cautelar urgente ante la Sala Constitucional.
La gestión buscaba detener el avance del proyecto presupuestario mientras se resolvía una consulta de constitucionalidad relacionada con las normas de ejecución.
Las restricciones que originaron el conflicto
Uno de los puntos del conflicto es la norma 9 del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, que restringe el uso de ¢29.843,8 millones asignados al Poder Judicial en 313 subpartidas.
Entre los recursos afectados figuran ¢4.347 millones de una subpartida del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destinada a edificios. De ella depende el financiamiento de la nueva morgue judicial de Buenos Aires de Puntarenas.
El proyecto de la morgue judicial cuenta con un contrato firmado y está próximo a recibir la orden de inicio. Las restricciones presupuestarias podrían retrasar su ejecución.
El lunes, el magistrado Fernando Cruz, en su condición de presidente interino de la Sala Constitucional, ordenó suspender el segundo debate del presupuesto mientras se examinaba la solicitud cautelar.
Posteriormente, la magistrada Ingrid Hess dispuso detener la discusión y las votaciones del proyecto a raíz de otra consulta de constitucionalidad, presentada por diputados del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio.
Esta segunda gestión se relaciona con recursos pendientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondientes a los años 2020 y 2021.
Las críticas del Gobierno
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Chaves cuestionó las resoluciones de los magistrados Cruz y Hess. El ministro sostuvo que esas decisiones interfieren con las competencias de la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto.
También acusó al Poder Judicial de utilizar el proyecto de la morgue en la zona sur como instrumento de presión. Según Chaves, la institución dispone de al menos $82 millones en un fondo común para infraestructura.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández defendió la inclusión de controles presupuestarios. Señaló que la Contraloría General de la República (CGR) emitió opiniones negativas sobre las liquidaciones presupuestarias del Poder Judicial correspondientes al 2024 y 2025.
Chaves también dirigió críticas contra el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y su rectora, María Estrada Sánchez, por las advertencias sobre un posible cierre del Centro Académico de Limón. El ministro cuestionó el manejo de los recursos de esa universidad y afirmó que recibe ¢62.000 millones anuales.
