El Poder Judicial aseguró que ya atiende las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) que la presidenta Laura Fernández utilizó para justificar las restricciones al uso de ¢29.843 millones de su presupuesto para 2027 y que podrían afectar a 2.463 plazas judiciales.
Fernández defendió este miércoles 18 de noviembre las cuatro normas presupuestarias que condicionan el acceso a esos recursos y sostuvo que estas buscan mejorar la fiscalización del dinero público.
En su justificación, la mandataria señaló que la Contraloría improbó las liquidaciones presupuestarias del Poder Judicial correspondientes a 2024 y 2025, por lo que, según dijo, instó al Ministerio de Hacienda a fortalecer los controles sobre el uso de esos fondos.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, afirmó que las disposiciones señaladas por el órgano contralor en el informe de liquidación presupuestaria de 2025 ya fueron atendidas e implementadas, mientras que otras medidas continúan en desarrollo.
La institución también cuestionó que las cuatro normas de ejecución presupuestaria defendidas por Fernández no atienden directamente las observaciones de la Contraloría en su dictamen.
Además, Romero sostuvo que una opinión adversa sobre la liquidación presupuestaria no significa que el presupuesto haya sido improbado. Y aseguró que la ejecución presupuestaria del Poder Judicial supera el 97%.
Poder Judicial cuestiona restricciones exclusivas a su presupuesto
Otro de los señalamientos del Poder Judicial es que las restricciones se impusieron únicamente a esa institución, pese a que el Presupuesto Nacional, administrado por el Ministerio de Hacienda, también recibió una opinión adversa de la Contraloría en 2025.
Según explicó el Departamento de Prensa del Poder Judicial, ambas instancias obtuvieron la misma calificación en la evaluación de ese año, por lo que el argumento utilizado por Fernández para justificar las normas también podría aplicarse al Presupuesto Nacional.
Por ello, la institución planteó que, si el propósito de las normas es corregir problemas relacionados con la ejecución de los recursos públicos, debería considerarse una aplicación general y no únicamente al Poder Judicial.
Advierte de obstáculos para utilizar los recursos
Romero también rechazó que el Poder Judicial se oponga a rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos.
Según explicó, la institución da cuentas ante la Contraloría, los órganos de control y la ciudadanía. Lo que cuestiona son los requisitos que podrían impedirle disponer oportunamente de recursos ya aprobados.
Entre esos condicionamientos mencionó la aprobación de la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea Legislativa, una autorización del plenario legislativo y una orden posterior del Ministerio de Hacienda para desbloquear el dinero.
La directora ejecutiva advirtió que el procedimiento no establece un plazo definido para liberar los recursos, por lo que su disponibilidad dependería de trámites y decisiones de otras instituciones.
A su criterio, esto podría afectar la continuidad de servicios esenciales y dejar al Poder Judicial con un presupuesto aprobado, pero sin la posibilidad de utilizar oportunamente el dinero necesario para operar.
“La rendición de cuentas no está en discusión. El problema es tener recursos aprobados y no poder disponer de ellos oportunamente para atender las necesidades de la ciudadanía”, manifestó Romero.
Contraloría también cuestionó las normas
La propia Contraloría General de la República ya había cuestionado dos de las cuatro normas de ejecución presupuestaria por considerar que le atribuyen competencias que no le corresponden.
En un criterio presentado ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el 7 de octubre, el órgano contralor concluyó que esas disposiciones “resultan improcedentes” a la luz de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional, la técnica presupuestaria y la normativa vigente.
La Contraloría solicitó eliminar las normas que le asignaban esas funciones.
Pese a esos señalamientos, Fernández defendió este miércoles las condiciones impuestas al presupuesto judicial.
“El gobierno no le está prohibiendo acceder a los fondos. El gobierno no le está cercenando los fondos al Poder Judicial. Y lo que queremos es acatar lo que la misma Contraloría nos ha pedido al Ministerio de Hacienda, que es exigir eficiencia en el uso de la plata”, afirmó la mandataria.
La presidenta también indicó que prefiere esperar a que la Sala Constitucional resuelva el recurso presentado por Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, antes de avanzar en la discusión sobre los condicionamientos presupuestarios.