La asesora ad honorem de Casa Presidencial, Pilar Cisneros, evitó respaldar el alquiler de vehículos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), entre ellos un BMW X1, modelo 2026, asignado a la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán.
Ante una consulta de La Nación en Casa Presidencial, Cisneros rechazó pronunciarse sobre la decisión del partido y sostuvo que corresponde a Ortega responder por los cuestionamientos relacionados con el automóvil. La exdiputada oficialista afirmó que no pertenece a Pueblo Soberano ni mantiene relación con esa agrupación política.
“Yo fui diputada cuatro años, nunca usé un carro de la Asamblea, no usé una gota de gasolina, no usé el celular (de la Asamblea), pagué mi PIN y ando en mi Honda Fit para arriba y para abajo feliz de la vida. Entonces, a ver, ella es la que tiene que dar la respuesta, ella es la que tiene que dar la cara”, dijo Cisneros.
Las declaraciones se dieron en medio de los cuestionamientos por el alquiler de vehículos que el PPSO pretende financiar con recursos de la contribución estatal. Estos gastos son objeto de una investigación administrativa preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ante una nueva consulta sobre si consideraba apropiado el alquiler de automóviles de ese tipo, Cisneros insistió en que no le correspondía justificar las decisiones de Pueblo Soberano.
“A ver, para empezar, yo he dicho que yo no creo en los partidos políticos y, como soy consecuente, entonces yo no milito en ningún partido político ni estoy en ningún partido político ni comulgo con las políticas normales del partido político”, afirmó Cisneros.
TSE investiga alquiler de BMW asignado a Mayuli Ortega
El pronunciamiento de Cisneros ocurre después de que el TSE abriera una investigación administrativa preliminar por el alquiler de vehículos de Pueblo Soberano, entre ellos el BMW X1 negro, modelo 2026, asignado a Ortega para uso discrecional.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos confirmó a La Nación que recibió dos denuncias ciudadanas relacionadas con estos gastos. El expediente se tramita bajo el número DFPP-DEN-003-2026.
Según informó este medio el 26 de octubre, Pueblo Soberano presentó facturas mensuales por aproximadamente $2.645 por el alquiler del BMW, desde marzo del 2026. El partido pretende que estos montos sean reconocidos mediante la deuda política correspondiente a los votos obtenidos en las elecciones de febrero.
El contrato se extiende por 48 meses, desde el 6 de marzo del 2026 hasta el 6 de marzo del 2030. Si se mantiene la mensualidad reportada, el costo total ascendería a $126.960 (unos ¢57,9 millones).
En el Registro Nacional, el vehículo reportado al TSE tiene un valor fiscal de ¢15,7 millones y aparece con un contrato de compra fue por $57.000 (¢26 millones).
Al finalizar el plazo, el automóvil deberá devolverse a la empresa arrendadora. El vehículo no pasará a formar parte de los activos del partido.
El acuerdo fue firmado por Mayuli Ortega, como presidenta de Pueblo Soberano, y Daniel Muñiz, representante de Corporación Saver S. A., en las oficinas de Economy Rent a Car, en Alajuela.
Frente Amplio pidió revisar el uso del vehículo
El 29 de octubre, el Frente Amplio presentó una denuncia ante el TSE para solicitar una revisión del alquiler del BMW asignado a Ortega.
La gestión fue presentada por Patricia Mora, presidenta del partido; Jonathan Acuña, secretario general, y Kattia González, tesorera.
Los dirigentes solicitaron determinar si el vehículo se utiliza exclusivamente para actividades partidarias. También pidieron revisar posibles irregularidades en las liquidaciones de otros automóviles alquilados por Pueblo Soberano.
El cuestionamiento surgió después de que Ortega reconociera ante el plenario legislativo que el Comité Ejecutivo Superior del PPSO le asignó un vehículo de uso discrecional para atender sus responsabilidades.
Por su parte, Pueblo Soberano defendió la legalidad de los contratos. La agrupación aseguró que los automóviles responden a necesidades de transporte del partido y que los arrendamientos cumplen los requisitos de documentación establecidos por la normativa electoral.
El partido también afirmó que negoció una mensualidad de $2.200, inferior a las tarifas corporativas que utilizó como referencia.
