Patricia Vargas, magistrada de la Sala de Casación Penal, conocida como Sala III, aspira a dirigir la Corte Suprema de Justicia en un periodo de fuertes roces entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. La contienda por ese puesto coincide con los cuestionamientos del expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, y su promesa de tomar el control de la institución judicial.
En entrevista con La Nación, Vargas sostiene que el Poder Judicial debe mantener abiertos los canales de comunicación, sin ceder en el respeto a las competencias de cada poder. También considera que la institución debe cambiar la forma en que comunica, para que la ciudadanía comprenda mejor su trabajo, en medio de una creciente atención sobre la justicia penal y la inseguridad.
-¿Cuáles deberían ser las prioridades de la presidencia de la Corte?
-Creo que un aspecto fundamental en la coyuntura actual es la defensa de la vida institucional de este país, la defensa del Poder Judicial y por supuesto la defensa de un presupuesto para que nosotros podamos administrar justicia y darle a la ciudadanía los servicios que ella requiere.
“También creo yo que el tema de la mora judicial es uno que no puede menospreciarse”.
-¿Está en riesgo la independencia del Poder Judicial?
-La independencia judicial no es un lujo o un beneficio para las personas que trabajan en la institución. No, es una garantía para que cuando el ciudadano busca justicia, tenga la certeza de que el juez o la jueza que le resuelve lo hace únicamente respetando y atendiendo la Constitución y las leyes y no pensando en otras circunstancias que puedan influir en la decisión.
“Entonces, los golpes a la institucionalidad que se dan a través de vía presupuestaria, por supuesto que comprometen la independencia judicial y comprometen la vida democrática del país. En esto hay que ser absolutamente claros.
“Pero más allá de esto, y es el mensaje que quiero que quede muy claro, afecta al ciudadano, a la ciudadana que ocupa una oficina abierta lejos para no tener que venir hasta San José o a una cabecera de provincia a hacer una gestión”.
-¿Cuál es el panorama que enfrenta el Poder Judicial para el próximo año, ante una amenaza del crimen organizado que no depende de presupuestos extraordinarios o permisos de los diputados?
-A mí me preocupa primero como parte del gobierno judicial, pero más que todo como ciudadana. Nosotros tenemos que tener presente cuáles son nuestras prioridades como país (...) el discurso no sirve de nada si no se acompaña del recurso.
“Me parece que si estos recortes o procesos de congelamiento ponen en peligro el servicio que se presta, podríamos encontrarnos ante disposiciones que son claramente inconstitucionales, a mi modo de ver. Pero es que más allá de esto, lo que nosotros tenemos que entender como país es que la criminalidad organizada debe ser el objetivo a vencer, el enemigo a vencer.
“Nosotros tenemos que construir con miras a vencer a ese enemigo y no debilitar los mecanismos que nos permiten luchar contra ese enemigo. Entonces, a mí sí me preocupa mucho la situación del año próximo”.
-¿Está la corrupción metida “hasta el tuétano” en el Poder Judicial?
-No. A mí me parece que como en toda organización humana pueden darse casos puntuales de corrupción, lo hemos visto no solo en el Poder Judicial, lo hemos visto también en otras dependencias del Estado, en otros cuerpos policiales ha pasado.
“En los casos que se han dado en el Poder Judicial, primero que todo es el propio Poder Judicial el que lo detecta (...) hoy por hoy, también a través de una iniciativa que se genera dentro del Poder Judicial, tenemos un régimen disciplinario más fuerte, más sólido. Usando palabras de un compañero, que tiene dientes para enfrentar la corrupción, esa es una herramienta legal con la que antes no contábamos, hoy sí”.
¿Cuál es el estilo de liderazgo que usted le imprimiría a la presidencia de la Corte Suprema?
-Yo quisiera hablar de un liderazgo que sea participativo en el sentido de construir a partir del diálogo con las demás personas magistradas.
“Hay funcionarios y funcionarios judiciales también que hacen aportes importantes y yo creo que desde la presidencia es importante escucharnos, como institución, en las personas magistradas y al funcionariado que está allí.
“También es importante el diálogo hacia fuera de la institución, articular respuestas, por supuesto, con otras instancias del Estado, con otros poderes de la República, con otras instituciones, pero sí dejando claro que no existe ningún diálogo que se pueda desarrollar si no es a partir del respeto absoluto de las competencias de cada quien, lo que le toca a cada institución y luego a partir del respeto personal, porque la discusión nunca se puede degradar”-
-¿Es posible mejorar la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo? ¿Qué debería hacerse para lograrlo que no se haya hecho hasta ahora?
-El Poder Judicial siempre ha estado anuente a dialogar. Nunca ha existido una negativa de parte de esta institución a conversar (...) a rendir cuentas a la ciudadanía y esto, yo pensaría, se va a mantener.
“Lo que sí es que no podemos prestarnos para el ataque o la discusión que ha sido degradada a través de ataques personales o afirmaciones que no se corresponden con lo que es propio de los poderes de la República, con la altura de quienes intervienen en estas discusiones”.
-¿Cómo afectan las amenazas de “tomar” el Poder Judicial o las acusaciones de “golpe de Estado” por sentencias de los magistrados?
-Las resoluciones jurisdiccionales se obedecen. Se pueden cuestionar por los medios que la ley ha creado para esos efectos, pero las resoluciones judiciales se obedecen. Y además, por supuesto que tiene que haber, insisto, un respeto a la dignidad de las personas.
“En esos diferendos no gana el ciudadano, la ciudadana, no, gana la delincuencia organizada, gana la delincuencia común que ve como los tomadores de decisiones están de repente desgastándose en este tipo de cuestiones y no en lo que es fundamental”.
-¿Debe ser más confrontativo el Poder Judicial ante los ataques del Ejecutivo?
-Los jueces y juezas de este país, y yo me atrevería a decir que los del mundo entero, tenemos una cultura, quizá por la forma en que hemos sido educados, donde se nos decía (...) que la sentencia, los fallos se defienden a sí mismos.
“Los tiempos han cambiado, las formas de comunicación también han cambiado y eso evidentemente obliga a que el Poder Judicial (...) se dé cuenta que hoy se requiere más que una sentencia.
“Este proceso, creo yo, es lo que ha hecho que poco a poco estemos avanzando en este campo, hoy por hoy tenemos claro que nosotros tenemos que comunicarnos con la ciudadanía de otra manera. Y que tenemos que acercarnos a esta ciudadanía, escuchar a la ciudadanía, pero sobre todo encontrar maneras de que entiendan lo que se hace en la institución, porque muchas cosas se han hecho y se están haciendo bien, hay que decirlo”.
-¿A qué atribuye el interés de tres de los cuatro magistrados de la Sala III en aspirar a la presidencia de la Corte Suprema?
-La materia penal ha atrapado la atención de la ciudadanía, en los últimos tiempos, porque hemos visto cómo se ha dado una ola de homicidios, ha crecido el tema de la inseguridad. Existen algunos procesos, particularmente antiguos, que también generan malestar en la ciudadanía.
“Entendemos que dándose esa coyuntura el que sea un magistrado o una magistrada de lo penal puede, de alguna manera, facilitar e impulsar esos cambios, por lo menos yo lo visualizo de esta forma, no quisiera hablar en nombre de doña Patricia o don Gerardo, ellos le dirán a usted cuáles son sus propias motivaciones, pero en mi caso creo que el hecho de que sea alguien de la Sala Penal puede ayudar a impulsar esas transformaciones que son necesarias para que la administración de justicia en lo penal pueda darle la respuesta a la ciudadanía que merece”.