Patricia Solano califica de ilegal investigación abierta en su contra por Pueblo Soberano respecto a préstamo de ¢128 millones
La magistrada y presidenta de la Sala III denunció que ha sido blanco de ataques y advierte que llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer las intromisiones denunciadas
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, cuestionó la legalidad de la investigación abierta en su contra por el PPSO. Mayela López
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, afirmó este lunes que es ilegal la investigación abierta en su contra por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La pesquisa gira en torno a un préstamo de ¢128 millones que la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) otorgado a la magistrada y que se habría destinao a la construcción de una vivienda en el cantón de Parrita, Puntarenas.
Solano sostuvo que la pesquisa excede las competencias de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, pues, según argumentó, ese órgano debe limitar sus investigaciones a asuntos relacionados con la hacienda pública y no a créditos concedidos por entes privados, sujetos a las normas del derecho civil.
Patricia Solano califica de ilegal investigación de Pueblo Soberano por préstamo
La magistrada también denunció que ha sido blanco de ataques y anunció que presentará una denuncia para determinar quién cometió la intromisión relacionada con el crédito.
Además, afirmó que un dron sobrevoló su propiedad, lo que señaló como una afectación a la intimidad de su domicilio. “¿Quién voló el dron y a quién pertenece?”, cuestionó
Solano aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias y advirtió que podrían derivarse responsabilidades civiles y penales de los hechos denunciados.
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La magistrada manifestó que los señalamientos en su contra son consecuencia de su decisión de defender la independencia del Poder Judicial.
“Ningún juez o jueza de este país ha sido objeto de tantos ataques e investigaciones de mi vida personal y laboral e intromisión en la esfera de mi intimidad como he tenido que soportar en estos últimos meses”, manifestó durante su comparecencia.
La presidenta de la Sala III invocó el artículo 24 de la Constitución Política y el artículo 196 del Código Penal, relacionados con la protección de la intimidad del domicilio y la violación de datos personales.
Magistrada afirma que comisión carece de competencias
La Comisión de Ingreso y Gasto Público inició este lunes con la investigación sobre el préstamo que recibió la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, por parte de la Asosejud. (Mayela López/Mayela López)
La magistrada reconoció que los fondos de cesantía trasladados por instituciones públicas a asociaciones solidaristas son recursos privados de origen público y están sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) y de las auditorías internas correspondientes.
Sin embargo, sostuvo que esa potestad de fiscalización no faculta a los diputados para indagar sobre las condiciones particulares de los préstamos concedidos a sus asociados.
Argumentó que el artículo 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa delimita las funciones del órgano a la vigilancia y fiscalización de la hacienda pública y al control político sobre el uso de los recursos públicos.
A su criterio, esas atribuciones no permiten investigar un crédito hipotecario concedido por una entidad privada y sujeto a las normas del derecho civil.
Solano afirmó que la investigación también parte de una intromisión ilegal en sus datos personales y advirtió que se reserva el derecho de exigir responsabilidades civiles y penales, tanto a nivel institucional como individual.
La magistrada rechazó que exista alguna irregularidad en el financiamiento que recibió de Asosejud. Explicó que el préstamo se tramitó conforme a los requisitos de la asociación, que realizó una valoración pericial del inmueble y desembolsó el dinero conforme avanzaba la construcción.
Para respaldar su posición, citó un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) del 17 de abril de 2026 y resoluciones de la Sala Constitucional sobre la protección de la información bancaria y crediticia de las personas.
También afirmó que el crédito cuenta con una póliza de vida y que informó sobre la operación en sus declaraciones de bienes ante la Contraloría.
Oficialismo no investigó crédito de $8,3 millones
Solano cuestionó que la comisión investigue un préstamo privado de ¢128 millones mientras, según señaló, ha dejado de lado otras operaciones crediticias de mayor cuantía. En particular, mencionó un crédito de ¢3.680 millones concedido por un banco estatal.
Pueblo Soberano rechazó investigar un crédito del Banco Nacional que una empresa vinculada al financista del oficialismo y embajador ante las Naciones Unidas (ONU), Boris Marchegiani, dejó sin pagar.
El Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Marchegiani, lleva 12 años sin pagarle al BN un crédito de $8,3 millones, adquirido para la construcción del Hotel Gaia, en Manuel Antonio, en Quepos.
La magistrada defendió que, después de más de 35 años de trabajo y a sus 65 años, recurriera a un financiamiento para construir una vivienda destinada a su retiro. Aseguró que utilizó parte de sus ahorros para desarrollar ese proyecto familiar.
