Las presidentas de los tres supremos poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) firmaron este viernes 20 de noviembre una declaración conjunta en la que asumieron seis compromisos para fortalecer la coordinación institucional, combatir la criminalidad y respetar la independencia de cada poder.
El documento fue suscrito por la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas; y la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.
La declaración se firmó durante el encuentro de las cuatro jerarcas, en el que abordaron asuntos relacionados con la seguridad nacional y la coordinación entre las instituciones.
Uno de los principales compromisos consiste en impulsar una respuesta del Estado frente al delito que sea oportuna, eficaz y basada en evidencia. Para ello, las jerarcas plantearon articular acciones que abarquen desde la prevención de la violencia hasta la investigación criminal, la persecución penal, el cumplimiento de las penas y la atención de las víctimas.
También acordaron identificar objetivos de coordinación entre sus instituciones que cada una atenderá dentro de sus competencias, así como promover espacios periódicos de diálogo y trabajo conjunto entre las presidencias.
El documento establece que estos espacios tendrán carácter consultivo y de cooperación, por lo que sus conclusiones deberán ser valoradas por cada institución conforme a sus atribuciones legales.
Libertad de expresión e independencia de poderes
En la declaración, las cuatro presidentas reconocieron la importancia de la crítica, la protesta pacífica, el disenso y el escrutinio público como elementos esenciales de la democracia.
También establecieron que las controversias sobre las publicaciones de los periodistas deben resolverse mediante los mecanismos legales y nunca mediante la violencia.
Violencia política y protección de personas amenazadas
Otro de los compromisos consiste en fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia política, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.
El acuerdo contempla la violencia que se presenta en los procesos electorales, la función pública, el régimen municipal y las instituciones autónomas, así como otras formas de violencia contra las mujeres, incluido el femicidio.
Compromiso con las elecciones municipales de 2028
La declaración incluye un compromiso relacionado con las próximas elecciones municipales previstas para 2028.
Las cuatro jerarcas acordaron observar las reglas establecidas en el marco jurídico costarricense para ese proceso electoral.
Además, reconocieron que el apoyo interinstitucional, el respeto a los actores de la contienda electoral y la imparcialidad de las autoridades públicas frente a la elección de los gobiernos locales son garantías de la pureza del sufragio.


