La presidenta de la República, Laura Fernández, negó haber participado en el proceso de contratación directa de 40 ambulancias por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones), adjudicado a un consorcio vinculado con dos financistas de su campaña presidencial, pese a que el Cuerpo de Bomberos conocía ofertas de empresas nacionales más baratas.
Ante una consulta de La Nación sobre si estaba de acuerdo con que se invitara a un único oferente y que no se realizara un concurso público abierto, la mandataria no respondió directamente a la consulta, pero se refirió a las publicaciones de este medio:
“El Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Instituto Nacimiento de Seguros (INS) son instituciones autónomas, se rigen por procedimientos de contratación pública que instituye la ley. Las juntas directivas y las oficinas de procuraduría. Yo no tengo por qué saber ni enterarme de qué mecanismos, cómo lo compra, a quién lo compra, cuándo lo compra”, señaló.
Bajo el argumento de que hubo una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, Bomberos aplicó un procedimiento especial de contratación. Según el expediente disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la contratación se tramitó mediante un procedimiento excepcional por urgencia, sin recurrir a una licitación mayor.
La referencia a la mandataria aparece en un informe de recomendación de la Unidad de Proveeduría, enviado el 25 de setiembre a Héctor Chaves León, director del Cuerpo de Bomberos. El documento cita un acuerdo del Consejo Sectorial de Salud del Estado, adoptado el 31 de julio de 2026.
“La Dirección Operativa del BCBCR expuso y sustentó la necesidad pública e imperiosa, prioritaria e impostergable de que el BCBCR fortalezca el servicio de la atención prehospitalaria (APH), en el territorio nacional, esto bajo la instrucción de la presidente de la República Laura Fernández Delgado y del Consejo Sectorial de Salud del Estado mediante acuerdo de acatamiento imperativo emitido en sesión ordinaria número 03-2026, del 31 de julio 2026″, expone el informe.
La Nación tiene copia de este documento, incorporado al expediente de contratación 2026XE-000002-0012800001, disponible en Sicop.
Vea los documentos:
Según el informe de Proveeduría, la Dirección Operativa de Bomberos justificó la adquisición por la necesidad pública, prioritaria e impostergable de reforzar el servicio de atención prehospitalaria.
Con ese fundamento, la institución recurrió al artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública que permite utilizar un procedimiento especial ante situaciones urgentes.
El caso, revelado por La Nación, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también investiga el origen de los recursos de los financistas vinculados con la empresa adjudicataria.
Financistas de campaña vinculados con la empresa adjudicataria
La Nación reveló que Cristian Rodríguez Villalobos, representante legal y director regional de ventas de Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) —según oficios en Sicop y su propio LinkedIn—, compró ¢43 millones en bonos de deuda política del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Hermmoth Rothe Paniagua, fiscal de la sociedad desde 2015, adquirió otros ¢9 millones en bonos.
Ambos aparecen en comunicaciones relacionadas con la cotización de las ambulancias. El 26 de agosto, Bomberos remitió información técnica a Rodríguez, quien posteriormente compartió correos con Rothe y otros representantes de la empresa.
Rothe reconoció que adquirió bonos de la campaña de Laura Fernández porque lo consideró una buena inversión, con un rendimiento del 15%. Rodríguez no respondió las consultas periodísticas.
El TSE investiga la solvencia económica de ambos financistas.
Contratación con un único oferente
La compra fue adjudicada el 28 de setiembre, después de que Bomberos invitara a participar a un único oferente seleccionado por la propia institución.
El contrato recayó en un consorcio integrado por las empresas Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y Bem Estar, cuya oferta ascendió a $13,8 millones, la más costosa entre las consideradas en un estudio de mercado de cinco páginas elaborado por Bomberos.
Ninguna de las dos empresas registra ventas de ambulancias a instituciones públicas de Costa Rica.
En cambio, Bomberos descartó a las compañías AutoStar Vehículos S. A. y Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A., pese a que ambas tenían adjudicaciones previas para suministrar este tipo de vehículos y presentaron precios menores.
La institución justificó su exclusión porque ofrecieron entregar las ambulancias en 240 días, frente a los 100 días propuestos por SGSV.
Laura Fernández anuncia acciones contra La Nación
Durante sus declaraciones de este miércoles, Fernández también arremetió contra La Nación y manifestó su intención de demandar al periodista responsable de las publicaciones relacionadas con la compra de ambulancias.
“No le pienso permitir al periódico La Nación que pretenda ensuciar el nombre de esta presidente de la República y dése por advertido periódico La Nación porque mi nombre y mi honor yo no voy a permitir que por canallas; sí, por canallas, es una barbaridad lo que se han dejado de decir”.
La mandataria insistió en que no tiene participación en los procedimientos de compra de las instituciones autónomas.
“Yo no conozco, no tengo nada que ver en los mecanismos de contratación de una institución que tiene autonomía de rango constitucional”.
Durante el intercambio con la prensa, Fernández también impidió que la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, respondiera sobre el asunto.
“Doña Gabriela no diga nada, pasemos a la siguiente pregunta”, expresó.