Han pasado 66 días desde que el primer avión proveniente de Estados Unidos llegó a Costa Rica para iniciar con el traslado de los 200 migrantes deportados por Donald Trump y que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles se comprometió a recibir, para posteriormente repatriar hacia sus países de origen.
En ese lapso, el Poder Ejecutivo solamente logró movilizar a 94 de los extranjeros, que voluntariamente aceptaron volver a sus respectivas naciones.
Otro nutrido grupo, compuesto por 85 personas, permanece en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem, ubicado en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá. De ellos, 31 son menores de edad y 54 son adultos.
Según las autoridades migratorias, el único deseo de esta población es regresar a Estados Unidos o, en su defecto, que se les lleve a Canadá.
En paralelo, 16 personas solicitaron la condición de refugio, mientras que otras cinco escaparon del Catem y no regresaron.
LEA MÁS: Gobierno de Costa Rica: fracasa la repatriación de migrantes deportados por Trump
Para cumplir la tarea, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) emitió el 18 de febrero una resolución que habilita la emisión de un permiso de permanencia para los migrantes, cuya duración era de 30 días naturales.
Si bien el documento permitía la posibilidad de prorrogar el periodo, agrega que tal extensión solo podrá hacerse de “manera casuística”.
Igualmente, el punto primero de la resolución aclara que la autorización de ingreso y permanencia temporal otorgado a los extranjeros deportados es “con el único fin de continuar su viaje, hacia sus países de origen u otros”.
LEA MÁS: ¿Canadá al rescate? Costa Rica propone nueva solución a situación de migrantes deportados por Trump
Gobierno niega fracaso
Pese a esto, Omer Badilla Toledo, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía, rechazó que el plan del gobierno para repatriar a los migrantes haya sido un fracaso.
En un video publicado en las redes sociales de la DGME, Badilla alega que el país ha sido exitoso “en el respeto de los derechos humanos de las personas que fueron traídas a Costa Rica”.
Afirmó que los números podrían ser más favorables para el gobierno, si de manera forzada se devolviera a todas las personas a sus correspondientes países.
“Costa Rica tiene un gran éxito, porque hemos respetado la voluntad y la decisión, de cada uno de ellos, de permanecer en Costa Rica, porque sienten algún temor de retornar a sus países de origen”, añadió.
LEA MÁS: Defensoría advierte sobre trabas en proceso especial para migrantes deportados por Trump
Badilla mencionó que “el respeto de los derechos es más importante que una estadística de tratar de moverlos, a estas personas, a sus países de origen contra su voluntad”.
Desde el inicio, uno de los principales cuestionamientos al acuerdo entre los gobiernos de Chaves y Trump fue la posibilidad de que los migrantes no quisieran —o no pudieran— regresar a sus países de origen, por razones como el riesgo que ello representara para sus vidas.
No obstante, al principio, las autoridades costarricenses sostuvieron que ninguno de los migrantes había manifestado resistencia para regresar a sus territorios.
La mayoría de las 85 personas que permanecen en el Catem provienen de Rusia, Armenia, Turquía y Uzbekistán. En el caso de los 16 que solicitaron la condición de refugio, son ciudadanos chinos.
Acuerdo plagado de cuestionamientos
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, advirtió desde el principio que Costa Rica no puede regresar migrantes a países en conflicto donde pueden correr peligro.
Lo anterior, porque el país ha ratificado normas internacionales que prohíben generar cualquier proceso de retorno a los países, en los que no se garantice la seguridad de las personas.
LEA MÁS: Defensoría confirma que Costa Rica no puede enviar migrantes a países donde correrían riesgo
Las declaraciones de Badilla también contrastan con las denuncias que se han presentado contra el Estado costarricense, por presuntas violaciones a los derechos de las personas migrantes.
La más reciente se planteó el pasado 18 de abril ante el comité de las de Naciones Unidas (ONU) que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La acción fue presentada por abogados defensores de los derechos de las personas migrantes y alega que el Estado costarricense violó los derechos humanos de niños de entre 2 y 10 años, al mantenerlos detenidos durante casi dos meses en condiciones que podrían causarles daños irreparables.
La denuncia presentada ante la ONU se fundamenta en los mismos argumentos de un recurso de habeas corpus interpuesto el 24 de marzo contra la DGME y contra Badilla Toledo, por la detención de los migrantes. La Sala Constitucional acogió el recurso para su estudio.
Anteriormente, el 18 de marzo, Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación del gobierno de Luis Guillermo Solís, interpuso un recurso de amparo contra la DGME y Badilla, por la misma situación.
Compromiso inesperado
De forma sorpresiva, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles anunció el 17 de febrero un acuerdo con la administración de Donald Trump para que Costa Rica recibiera y repatriara a 200 migrantes deportados desde Estados Unidos, que se encontraban en condición irregular.
En la misma comunicación, para mayor asombro, se indicó que el primer grupo de extranjeros llegaría apenas dos días después, el miércoles 19.
Pese a lo indicado inicialmente, el primer vuelo con 135 migrantes abordo arribó el 20 de febrero al aeropuerto internacional Juan Santamaría. La totalidad de los migrantes se completó el 25 de febrero con el aterrizaje de un segundo vuelo, con 65 personas.
Un día después de que llegara el primer vuelo y tras una inspección in situ, la Defensoría de los Habitantes denunció que Costa Rica incurrió en fallas en el abordaje de los migrantes y que los niños resultaron ser víctimas de un trato injusto.
LEA MÁS: Niños asiáticos deportados fueron víctimas de un proceso injusto en Costa Rica, denuncia Defensoría
Los señalamientos continuaron en las semanas siguientes, pero enfocados en las condiciones brindadas a los migrantes en el Catem y el limbo legal en el que se encuentran los extranjeros.
Reiteradamente, la administración Chaves negó que esta población estuviera detenida en el Catem, pero los migrantes contaron otra versión.
Quienes hablaron con La Nación, dijeron sentirse encarcelados, al ser sometidos a vigilancia diaria de policías, estar rodeados por una malla perimetral y sin acceso a sus propios pasaportes, pues fueron decomisados por el gobierno desde que aterrizaron en Costa Rica.
Omer Badilla defendió el retiro de los pasaportes para garantizar la seguridad de los extranjeros. “Si los dejamos que salgan a las calles podrían ser víctimas de redes criminales y de crimen organizado de trata y tráfico de personas. Son personas a las que debemos cuidar para que podamos hacer el proceso de retorno voluntario a sus países”, agregó.
Violación sistemática de derechos
El 13 de marzo, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, alzó nuevamente la voz. Ante una comisión de la Asamblea Legislativa, advirtió que los acuerdos de cooperación migratoria suscritos con el gobierno de Donald Trump violan de forma sistemática las obligaciones internacionales que ha asumido Costa Rica, para proteger a todas las personas dentro de su territorio, sin importar su nacionalidad o condición migratoria.
Cruickshank recordó que el ingreso irregular al país no constituye un delito penal, sino una infracción administrativa. Sin embargo, señaló que Costa Rica recibió a estos migrantes bajo la consideración, por parte de las autoridades estadounidenses, de que son delincuentes. Por ello, afirmó que el país “pareciera estar dando continuidad a la detención de estas personas por la comisión de un delito en otro país, que no está calificado como tal en el nuestro”.
La medida más reciente adoptada por el gobierno es el establecimiento de un procedimiento especial para normalizar la situación migratoria de estos extranjeros. Según una resolución publicada el 21 de abril, los migrantes podrán recibir un permiso temporal de permanencia por tres meses, prorrogable por igual periodo. Una vez vencido ese plazo, deberán abandonar el país o iniciar un proceso de regularización conforme a la normativa ordinaria.