La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.883, propone modificar el inciso 3 del artículo 121 y el artículo 164 de la Constitución Política, que actualmente atribuyen al Congreso la elección de estas magistraturas.
Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa deberá ser aprobada por una mayoría calificada de 38 diputados en el Plenario Legislativo.
Evitar negociaciones entre fracciones
Según el Frente Amplio, la propuesta busca que las suplencias sean ocupadas por personas con experiencia y trayectoria dentro del Poder Judicial, así como evitar que su designación dependa de negociaciones entre las fracciones legislativas.
“Con esto, los ciudadanos no van a tener que esperar que se realicen pactos políticos o compraventas aquí en la Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados suplentes”, afirmó el diputado Antonio Trejos, impulsor de la iniciativa.
El legislador explicó que el objetivo es garantizar la continuidad de la administración de justicia, mediante nombramientos oportunos y sujetos a criterios técnicos.
La fracción también sostiene que la reforma permitiría reducir la dependencia de las magistraturas suplentes respecto de acuerdos partidarios y proteger su independencia frente a posibles presiones políticas.
“La continuidad de la administración de justicia es indispensable, la demora puede prolongar una privación de libertad, impide la protección frente a una lesión de derechos fundamentales o retrasa el reconocimiento de un derecho laboral, familiar o patrimonial, entre otros”, advirtió Trejos.
La propuesta del Frente Amplio contrasta con otra reforma constitucional presentada por la diputada oficialista Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que plantea trasladar a la Asamblea Legislativa la totalidad del proceso de selección y nombramiento de magistrados suplentes.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia propone las candidaturas y el Congreso elige a los magistrados a partir de esas nóminas.
La iniciativa de Esquivel eliminaría esa participación previa del Poder Judicial y dejaría en manos de los diputados la convocatoria, recepción de postulaciones, verificación de requisitos, evaluación, comparecencias, dictamen y nombramiento.
Bloqueos a los nombramientos
La propuesta se presenta en medio de los reiterados obstáculos para elegir a los 12 magistrados suplentes de la Sala Constitucional, cuyos nombramientos vencieron a mediados de diciembre de 2025.
La posición del PPSO ha impedido avanzar con las designaciones, pese a que la Corte remitió las nóminas de candidatos y a que la Sala Constitucional ordenó al Congreso poner a discusión los nombramientos.
En una votación realizada a finales de setiembre, 27 diputados oficialistas aprobaron devolver la lista de 18 aspirantes a la Comisión de Nombramientos, con el argumento de verificar si las personas propuestas mantenían interés en ocupar los cargos.
La decisión retrasó de nuevo el proceso, mientras el PPSO sostenía que no procedería con las designaciones hasta contar con las 24 candidaturas correspondientes a las 12 suplencias.
Posteriormente, la Corte remitió una nueva nómina de seis personas para cubrir los tres cargos restantes, que fueron integrados al expediente, aunque uno de los aspirantes de las listas anteriores dejó de estar disponible tras asumir un puesto en la junta directiva del Banco de Costa Rica.
Los retrasos han tenido consecuencias para el funcionamiento de la Sala Constitucional. Al 25 de setiembre, el tribunal contabilizaba 144 expedientes paralizados debido a inhibitorias o recusaciones de magistrados propietarios y a las dificultades para integrar las suplencias.
Ante la falta de nombramientos, la Sala Constitucional había dispuesto una prórroga extraordinaria de las magistraturas suplentes anteriores para garantizar la continuidad de sus funciones. Sin embargo, el tribunal reportó dificultades para integrar el pleno mediante ese mecanismo.
