Durante sus primeros meses de gobierno, la presidenta Laura Fernández señaló reiteradamente a las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa como un “bloque obstruccionista” que, a su criterio, ha obstaculizado el avance de iniciativas prioritarias para Costa Rica.
Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, también ha utilizado el calificativo para referirse al Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
¿El comportamiento de las bancadas opositoras durante estos primeros cuatro meses permite realmente hablar de un bloque dedicado a obstruir la agenda del gobierno? La Nación revisó las votaciones legislativas, analizó el trámite de los principales proyectos señalados por el Ejecutivo como ejemplos de obstrucción y consultó a analistas políticos y diputados de ambos bloques para contrastar esa afirmación.
¿Qué dicen las votaciones?
La Nación analizó las votaciones de los 35 proyectos de ley que llegaron a primero o segundo debate entre el 8 de mayo y el 27 de agosto del 2026. De ellos, 29 –un 82,9%– no registraron un solo voto en contra, mientras que únicamente seis recibieron votos negativos.
Esas seis iniciativas son:
- La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
- La Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.
- La reforma a la Ley de Radio.
- El Primer Presupuesto Extraordinario del 2026.
- El proyecto para fortalecer el deporte nacional.
- La definición del límite entre los cantones de Alajuela y Belén.
Incluso en estos casos específicos, los votos negativos no necesariamente provinieron de bancadas completas y ninguna de esas votaciones impidió que las iniciativas consiguieran la mayoría necesaria para ser aprobadas.
El resultado se mantiene al observar específicamente los proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo en sus primeras convocatorias a sesiones extraordinarias, del 1.° de mayo al 31 de julio. De los 35 expedientes analizados, 20 habían sido convocados por el gobierno el 6 y el 8 de mayo.
De esas 20 iniciativas, 16 –un 80%– avanzaron sin registrar votos en contra. Solo cuatro recibieron votos negativos: armonización eléctrica, asociaciones público-privadas, el Presupuesto Extraordinario y la definición del límite entre Alajuela y Belén.
Entre las iniciativas que lograron acuerdos entre el oficialismo y la oposición figuran proyectos relevantes para la agenda del gobierno. Uno de ellos fue la reforma que permite a Japdeva desarrollar alianzas estratégicas para la marina y la terminal de cruceros de Limón, cuyo texto avanzó luego de modificaciones consensuadas entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y las bancadas de oposición.
También obtuvieron respaldo proyectos convocados por el Poder Ejecutivo, como el financiamiento para las líneas 1 y 2 del Tren Rápido de Pasajeros de la Gran Área Metropolitana (GAM) y créditos para el desarrollo del sector agro con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
¿Hay obstruccionismo?
Los tres analistas consultados por La Nación evitaron calificar el comportamiento general de las bancadas de oposición como obstruccionista, aunque advirtieron de que determinadas actuaciones sí pueden cruzar la línea entre el ejercicio legítimo de la oposición y el intento deliberado de impedir una decisión legislativa.
Para la politóloga Kattia Benavides, los datos de los primeros meses no muestran una Asamblea bloqueada. “Los números no nos están reflejando que hay una obstrucción”, afirmó.
Benavides considera que la coordinación entre PLN, FA, CAC y PUSC no necesariamente implica obstruir, pues las bancadas pueden utilizar mociones, consultas y otros mecanismos para modificar proyectos, hacer valer sus posiciones o abrir espacios de negociación.
Añadió, además, que el calificativo de “bloque obstruccionista” también funciona como una herramienta política de presión del gobierno cuando sus prioridades no avanzan. A su criterio, el oficialismo, al contar con mayoría absoluta, tiene una responsabilidad adicional de construir acuerdos y gestionar el procedimiento legislativo.
José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), tampoco considera que durante estos primeros meses la oposición haya sido “especialmente obstruccionista”. A su juicio, el término forma parte de una estrategia política para deslegitimar las posiciones de las bancadas contrarias al gobierno, aunque reconoció que también pueden existir mecanismos opositores sin suficiente sustento utilizados para ejercer presión.
Díaz sostuvo que la línea depende también de la disposición del oficialismo a negociar: si abre canales de diálogo, busca acuerdos y la oposición responde con cientos o miles de mociones únicamente para retrasar una decisión, existirían señales de una oposición irresponsable. En cambio, si esos espacios de negociación no existen, esos mismos mecanismos pueden funcionar como instrumentos de presión para propiciarlos.
Por su parte, el analista político Mario Quirós también evitó aplicar el calificativo de manera general y sostuvo que debe analizarse cada fracción en sus actuaciones legislativas.
Para él, los diputados tienen derecho a presentar mociones para modificar un proyecto e incluso para llamar la atención sobre una discusión; la línea se cruza cuando el objetivo es impedir que una mayoría pueda votar y tomar una decisión. Como ejemplos, mencionó jornadas 4-3 y Crucitas.
Según Quirós, las mayores dificultades aparecen precisamente en temas en los que existen “profundas diferencias de visión” sobre el presente y futuro del país; por ejemplo, el plan de armonización eléctrica, con cuyo texto Liberación Nacional mantiene una fuerte oposición, pero todavía no ha presentado el proyecto alternativo que anunció.
“Más que concentrarse en el calificativo, yo creo que sí se puede decir que a todos, en mayor o menor medida, les falta algo de diálogo”, afirmó Quirós.
En esa línea, Benavides y Díaz coincidieron en que los mayores choques se concentran en un grupo de iniciativas de mayor complejidad política, social o técnica, en las que existen diferencias de fondo entre el gobierno y la oposición.
¿Qué ha pasado con esos proyectos?
Las principales diferencias entre el gobierno y las bancadas de oposición se concentran en un grupo de iniciativas que no han conseguido completar su trámite o han enfrentado mociones, consultas de constitucionalidad y dificultades para alcanzar las mayorías necesarias.
-Armonización eléctrica: La iniciativa superó el primer debate con 27 votos a favor y 24 en contra. Sin embargo, un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa estableció que requiere 38 votos para convertirse en ley.
Laura Fernández anunció el 27 de mayo que desconvocaría temporalmente el expediente para dar espacio a una negociación con las bancadas opositoras.
-Asociaciones público-privadas: El proyecto fue aprobado con 47 votos a favor y siete en contra, todos del Frente Amplio. Posteriormente, el FA envió la iniciativa a consulta ante la Sala Constitucional.
La gestión retrasó el avance del expediente, pero los magistrados determinaron que existían vicios de fondo en 12 artículos relacionados, entre otros aspectos, con competencias, controles y funcionamiento del modelo planteado.
-Jornadas 4-3: El señalamiento de obstruccionismo se concentra principalmente en los miles de mociones pendientes. Cuando el oficialismo reactivó el expediente en agosto, quedaban por resolver 1.683 mociones de fondo y 2.564 revisiones, para un total de 4.247 votaciones.
La mayoría de esas mociones fueron presentadas durante la legislatura anterior y el Frente Amplio fue la agrupación que interpuso la mayor cantidad, seguido por el PLN y el PUSC.
-Crucitas: El proyecto para legalizar la minería metálica a cielo abierto en Crucitas se mantiene en trámite en la Comisión de Ambiente, donde acumula cientos de mociones de la oposición y todavía no ha alcanzado el consenso necesario para avanzar hacia su votación en el plenario.
PLN y Frente Amplio presentaron inicialmente 551 mociones, pero posteriormente retiraron 146 en medio de las negociaciones sobre la iniciativa. En el caso del FA, parte de las propuestas de enmienda fueron retiradas luego de que el oficialismo incorporara a la agenda otro proyecto para sancionar la minería ilegal, un ejemplo de cómo estos recursos también han sido utilizados como mecanismo de presión y negociación.
-Ley de actualización del canon de las frecuencias: Aunque la iniciativa consiguió una amplia mayoría en primer debate, con 48 votos a favor y tres en contra, el 9 de setiembre, 13 legisladores del PLN, PUSC y CAC presentaron una consulta ante la Sala Constitucional.
A finales de julio ya se habían planteado otras dos consultas de constitucionalidad. Sin embargo, un acuerdo político con el PPSO frenó esas gestiones, permitió introducir cambios al proyecto y someterlo nuevamente a votación en primer debate a finales de agosto.
¿Obstruccionistas o responsables? Esto dicen las diputaciones
Las bancadas de oposición rechazaron el calificativo utilizado por el gobierno y defendieron que su papel no consiste únicamente en aprobar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, sino también en fiscalizarlas, modificarlas y, cuando existen diferencias de fondo, utilizar los mecanismos previstos en el Reglamento legislativo.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, afirmó que su bancada ha respaldado iniciativas del Ejecutivo, pero mantiene diferencias en proyectos como armonización eléctrica, Crucitas y jornadas 4-3. Según el legislador, Liberación ha planteado alternativas en esos casos y no simplemente una negativa a las propuestas gubernamentales.
“Esta Asamblea Legislativa no puede ser una maquila ni puede ser simplemente una fábrica para endosarles y ponerles la estampilla a todas las leyes que manda el gobierno”, afirmó Ramírez.
Abril Gordienko, jefa de fracción del PUSC, se definió como una diputada de oposición responsable y aseguró que ha aportado sus votos a proyectos que considera importantes para el país. Entre ellos mencionó el tren eléctrico, créditos para atender emergencias climáticas y apoyar al sector agrícola, así como el de armonización eléctrica.
Para Claudia Dobles, de la CAC, las votaciones alcanzadas durante estos meses contradicen la existencia de un bloque dedicado únicamente a obstruir. La legisladora sostuvo que apoyar proyectos de consenso no significa que las bancadas deban renunciar al debate o al cuestionamiento de aquellas iniciativas con las que mantienen diferencias.
Desde el Frente Amplio, Vianey Mora defendió el uso de las mociones como parte del derecho de enmienda de las diputaciones. Según afirmó, su bancada ha recurrido a ese mecanismo cuando considera agotadas las posibilidades de diálogo, mesas de trabajo o participación de otros sectores.
El oficialismo sostiene que sí existe obstrucción
Las diputaciones del PPSO, en cambio, sostienen que en determinados proyectos el uso de los mecanismos legislativos dejó de responder a la búsqueda de modificaciones y se convirtió en una estrategia para impedir o retrasar su avance.
Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, señaló Crucitas y jornadas 4-3 como ejemplos. “Si usted tiene el caso de Crucitas, con 651 mociones, o tiene el caso de jornadas 4-3 (...), ¿cómo podríamos llamarle a eso?”, cuestionó. Al solicitarle identificar un proyecto bloqueado únicamente por oposición al gobierno, respondió: “Crucitas es el mejor ejemplo”.
El diputado oficialista Antonio Barzuna reconoció que oposición y gobierno alcanzaron acuerdos en proyectos como la marina de Limón, las asociaciones público-privadas y el financiamiento para el tren de pasajeros.
Sin embargo, argumentó que, en esos casos, las bancadas opositoras “no tenían otra opción que apoyarlos” por tratarse, según él, de proyectos de importancia para el país.
Por su parte, Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia para Asuntos Parlamentarios, afirmó que existe un “uso abusivo” del Reglamento en algunos proyectos y puso como principal ejemplo Crucitas. Para Barrantes, presentar más de 600 mociones a una iniciativa “no es tener voluntad de diálogo”.
El viceministro contrapuso ese caso con la marina de Limón. Según explicó, la oposición planteó preocupaciones puntuales sobre ese proyecto, el oficialismo aceptó modificar el texto y finalmente alcanzaron un acuerdo.
“Hay una diferencia entre sentarse con un carácter constructivo a tratar de consensuar un texto y presentar 500 mociones a un proyecto, porque ahí me demuestra que no quiere dialogar, sino obstaculizar”, aseguró.