Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala Primera, aspira a presidir el Poder Judicial en medio de las tensiones con el Ejecutivo y las declaraciones del expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, sobre su intención de tomar el control del Poder Judicial, una tarea que considera pendiente.
En entrevista con La Nación, Vargas plantea el diálogo como la vía para gestionar las diferencias entre los poderes de la República, sin renunciar a la defensa de las competencias ni de la independencia judicial. Además, señala la reducción de la mora judicial como una de las principales prioridades de su eventual gestión.
-¿Cuáles deberían ser las prioridades de la presidencia de la Corte?
-Hay muchas prioridades que estamos atendiendo, pero, en mi criterio, hay una principal, que es atacar la mora judicial. Pero necesitamos que los procesos se resuelvan lo antes posible, de la mejor manera, pero pronto. Además de ofrecer seguridad a las personas, que en estos tiempos tan complejos de crimen organizado, la lucha tiene que ser continua.
-¿Cómo enfrentaría las restricciones presupuestarias de 2027 y las diferencias con el Ejecutivo?
-En el caso del presupuesto 2027, tenemos unas normas de ejecución presupuestarias que nunca habíamos tenido esa experiencia que nos la implementaran, pero ya estamos trabajando en eso. ¿De qué manera? En forma coordinada, de toda la institución, porque esto es un engranaje, el Poder Judicial es como un equipo de trabajo.
“Estas normas de ejecución presupuestaria nos presentan serias limitaciones. Una de ellas que podríamos mencionar, que es la más gravosa, es el tema de las plazas vacantes. No es que están vacías, hay personas que las están ocupando, de manera tal que, si nos quitan eso, no podemos disponer de esas plazas”.
-¿Está en riesgo la independencia del Poder Judicial?
-La independencia judicial siempre está en riesgo y nosotros tenemos el deber de luchar por su defensa. No solamente nosotros, la ciudadanía también, porque la independencia judicial es una garantía de las personas, no es para protegernos o cubrirnos a nosotros como magistrados o magistradas, o las personas juzgadoras. Es para que la ciudadanía tenga la certeza de que la respuesta va a ser objetiva, no va a responder a presiones externas que se puedan estar dando.
-¿Las acciones del Ejecutivo ponen en riesgo la independencia judicial?
-El tema de las normas presupuestarias es una decisión que tiene que tomar la Asamblea Legislativa. Si eso se aprueba, eso va a generar una afectación significativa para nosotros. Entonces, yo creo que eso sí va a afectarnos significativamente.
-¿Cómo debe ser la relación de la presidencia de la Corte con los demás supremos poderes?
-A nosotros el pueblo, la ciudadanía, nos designó en estos puestos, y cuando digo nosotros es Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no para que tuviéramos buenas relaciones de amistad o enemistad, o ese tipo de situaciones personales, sino para la coordinación interinstitucional, para el respeto a las diferentes competencias de cada uno de los poderes. Cada poder tiene sus propias competencias y cada poder tiene que respetar las otras y hacer que se respeten las nuestras.
“Para mí no es posible cerrar el diálogo. Nunca, bajo ninguna circunstancia se puede cerrar el diálogo ni con el Ejecutivo, ni con el Legislativo. El Poder Judicial siempre ha estado abierto al diálogo y creo que esa tiene que ser la misma línea”.
-¿Debe ser más confrontativo el Poder Judicial ante los ataques del Ejecutivo?
-Yo no diría confrontativo, yo diría respuesta inmediata, búsqueda de diálogo y defensa de nuestras competencias.
“Nosotros somos simples funcionarios judiciales, estamos al servicio de las personas y, si parte de las competencias del Poder Judicial son temas específicos, tenemos que tocar la puerta y hablarles, exponerles cuál es nuestra posición, dialogar, escucha activa. A esto nosotros no podemos renunciar”.
-Hay quienes consideran que su candidatura sería la más cómoda para el Ejecutivo por su estilo poco confrontativo. ¿Qué responde a esos señalamientos?
-Creo que un elemento importante es que la ciudadanía sepa que cualquiera de las cuatro personas que están de candidatas van a hacer una gestión extraordinaria. Son personas con grandes liderazgos, con diferentes formas de liderazgo y de gerenciamiento.
-“En el caso mío, efectivamente nunca me verán a mí decir posiblemente palabras groseras o salir abiertamente a confrontar, sino a dialogar. Yo no diría confrontación, yo diría diálogo, comunicación y hacer respetar también las competencias del Poder Judicial, muy especialmente hacer respetar la independencia judicial. Esa es la línea roja de parte nuestra y no podemos permitir ninguna presión externa que venga a incidir en alguna de las personas juzgadoras en la forma en que está tomando decisiones”.
-Usted fue una de los siete magistrados que rechazaron enviar al Congreso el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, quien los calificó de “valientes”. ¿Qué responde a quienes ven en su candidatura un posible alineamiento con el Gobierno?
-Ese caso es un tema jurisdiccional que conocemos en lo penal, yo no podría dar declaraciones detalladas de un proceso penal que se dio en su momento. Lo cierto es que de las 22 personas magistradas, siete nos separamos del criterio de mayoría porque habían aspectos técnicos que consideramos que quedaba debiendo la acusación que se estaba planteando, que tenía que reforzarse, no es simplemente no queremos que se le levante la inmunidad.
“En esa sentencia se establecen expresamente cuáles fueron los criterios de cada una de las siete personas que salvamos el voto, pero fueron criterios absolutamente técnicos y razonados, apegados a la normativa”.
-¿Usted considera que la corrupción está “hasta el tuétano” en el Poder Judicial?
-Nosotros, el Poder Judicial, si hay certeza de algo, es que no se cruza de brazos a esperar a ver qué pasa. El Poder Judicial actúa.
“La Asamblea Legislativa, creo que en el periodo anterior, estableció un nuevo régimen disciplinario (...) Ya lo estamos ejecutando de forma tal que ya nos estamos metiendo a los bienes de todas las personas que trabajamos en la institución, estamos investigando cuál es su modus vivendi, cuáles son sus ingresos, si es coherente, si no es coherente.
“Esos son datos primero preventivos para poder establecer las actuaciones de las personas y, si descubrimos que hay algún problema de corrupción en ese sentido, la institución tiene cero tolerancia a la corrupción”.
-¿Cómo afectan las amenazas de “tomar” el Poder Judicial o las acusaciones de “golpe de Estado” por sentencias de los magistrados?
-Yo soy absolutamente respetuosa de la forma de comunicación que tienen algunas personas, sabrán por qué lo dicen y que asuman las consecuencias de eso, pero nunca escuchará usted una afirmación de ese tipo de las personas que trabajamos en Corte Plena ni en el Poder Judicial. Esa no es nuestra línea.
“Lo cierto es que un discurso de odio no es positivo, hay que ser proactivo, hay que hacer escucha activa, hay que tener una comunicación asertiva. Creo que no son convenientes algunas afirmaciones de esa naturaleza, pero creo que la persona que hace esos comentarios asumirá las consecuencias de sus decisiones.
“Nosotros tenemos que mantenernos en la línea de la imparcialidad y la objetividad. Y este tema de chavista, no chavista, ¿verdad?, que se puede estar mencionando en las redes, las personas juzgadoras somos apolíticas. Nosotros no podemos ser de ninguno de los partidos políticos. Tenemos que ser absolutamente objetivos".