La Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este martes el proyecto de ley para el Desarrollo de Ciudad Gobierno, una de las principales iniciativas de infraestructura impulsadas por la presidenta Laura Fernández.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 19 de agosto bajo el expediente 25.725, busca crear un complejo de edificios públicos en San José para concentrar oficinas de ministerios y otras instituciones del Estado, a partir de un contrato de arrendamiento de bienes por construir con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La iniciativa recibió el respaldo de los seis diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que integran la comisión: Gonzalo Ramírez, Juan Manuel Quesada, Kattya Mora, Mayuli Ortega, Rafael Vargas y Zaira Murillo. También votó a favor el liberacionista Ronald Campos.
En contra se pronunciaron Jesús Calderón, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Vianey Mora, del Frente Amplio (FA).
Durante la discusión, Mora presentó una moción para consultar a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el texto sustitutivo del proyecto. Sin embargo, al agotarse el tiempo de la sesión, el presidente de la comisión, Juan Manuel Quesada, la dio por concluida sin someter la propuesta a votación.
La diputada frenteamplista reconoció que la nueva versión contiene mejoras, aunque consideró necesario conocer las observaciones del órgano contralor antes de continuar con el trámite legislativo.
El texto dictaminado será enviado para su publicación al diario oficial La Gaceta y, posteriormente, podrá ser conocido por el Plenario legislativo.
¿Qué propone el nuevo proyecto de Ciudad Gobierno?
La iniciativa establece un marco legal específico para desarrollar Ciudad Gobierno mediante un contrato de arrendamiento de bienes por construir que el Ministerio de Hacienda estaría autorizado a suscribir directamente con el BCIE.
Bajo este modelo, el BCIE asumiría el diseño, financiamiento y construcción del complejo, mientras que el Estado pagaría por el alquiler de las instalaciones una vez construidas.
El contrato tendría una duración inicial de hasta 30 años, con posibilidad de prórrogas hasta alcanzar un máximo de 50 años.
El texto también establece que el BCIE deberá utilizar procedimientos de licitación abierta para contratar el diseño y la construcción de las obras, conforme a sus propias políticas de adquisiciones.
Aunque el contrato principal se formalizaría directamente con el banco, estaría sujeto al refrendo de la Contraloría cuando corresponda. Este procedimiento consiste en una revisión de legalidad del contrato antes de que pueda producir efectos jurídicos. Además, las actuaciones de las instituciones públicas participantes permanecerían sujetas a sus potestades de fiscalización.
El proyecto contempla la eventual participación de más de 35 dependencias públicas. Según su exposición de motivos, el objetivo es reducir el gasto estatal en alquileres, concentrar servicios institucionales y contribuir a la renovación urbana del centro de San José.
Un nuevo intento tras las objeciones de la Contraloría
Ciudad Gobierno fue impulsado inicialmente durante la administración de Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, cuando Laura Fernández ocupaba el cargo de ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
El Poder Ejecutivo pretendía desarrollar Ciudad Gobierno sin concurso público, bajo la ejecución y el financiamiento del BCIE, en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.
Para ello, pretende emplear una figura de excepción para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, contenida en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, que entró en vigor en diciembre de 2022. Sin embargo, la Contraloría sostuvo que, por tratarse de terrenos públicos, no se podía usar ese numeral, siendo necesario recurrir a otras vías, como los procedimientos ordinarios de contratación de obras.
En febrero de 2024, el Ejecutivo presentó el expediente 24.099, que buscaba modificar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para permitir el uso de esa modalidad en obras desarrolladas sobre propiedades estatales e incorporar expresamente la posibilidad de contratar su diseño.
A diferencia de aquella propuesta, el proyecto presentado por Fernández establece una autorización legal específica para Ciudad Gobierno y regula directamente la contratación con el BCIE, sin plantear una reforma general a esos artículos.
Cambios incorporados al texto sustitutivo
La versión dictaminada mantiene el esquema de arrendamiento con el BCIE, pero introduce disposiciones adicionales sobre la ejecución y el destino de las obras.
Entre ellas, establece que Ciudad Gobierno deberá cumplir los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública durante las etapas de preinversión, inversión y posinversión.
También precisa las alternativas disponibles al concluir el contrato inicial de arrendamiento: negociar el traslado de las obras al Estado, prorrogar el arrendamiento o permitir que el BCIE alquile espacios a terceros durante el plazo restante del derecho de uso.
Otra modificación se refiere a los terrenos necesarios para el complejo. El texto sustitutivo dispone el traspaso obligatorio y gratuito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de una propiedad de 10.010 metros cuadrados vinculada al Liceo de Costa Rica.
Además, contempla la desafectación de tramos de las calles 7 y 9, entre las avenidas 20 y 22, para integrarlos al proyecto. Antes de intervenir esas vías, deberá elaborarse un estudio técnico de impacto y mitigación vial en coordinación con la Municipalidad de San José.