La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo, luego de que 29 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaran una moción para exigir su salida inmediata y, de no concretarse, aperturar un procedimiento de investigación que determine si corresponde destituirla.
“Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento en mis deberes legales en el cual nunca incurrí. Hacerlo, atentaría contra la verdad de los hechos y contra los valores éticos que han guiado mi administración”, indicó la jerarca.
Cruickshank hizo el anuncio durante una conferencia de prensa, en la que no atendió consultas de los medios de comunicación.
La iniciativa de los oficialistas se dio como reacción a una visita de supervisión sorpresa que realizó el viernes anterior al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), con el propósito de inspeccionar las condiciones del centro y verificar el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad.
En la moción, los diputados atribuyeron a Cruickshank supuestas amenazas, intimidaciones y un trato irrespetuoso durante esa inspección.
Además, los legisladores oficialistas alegaron una “manifiesta negligencia” de la defensora en la protección de los habitantes que han sido víctimas de la criminalidad y han perdido a sus seres queridos a manos de delincuentes.
La moción se aprobó el 16 de noviembre con 29 votos a favor, todos de diputados del PPSO. En contra votaron 21 legisladores del bloque democrático.
En la misma inspección al Cacco también participaron el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y representantes de la Defensa Pública. Contra Díaz, los diputados oficialistas también aprobaron una moción para exigir su renuncia o bien que la Corte Plena abra un proceso de destitución contra el jerarca del Ministerio Público, quien fue reelegido por unanimidad de los magistrados el pasado 19 de octubre.
Defensora justifica inspección al Cacco

En su respuesta a los señalamientos, Cruickshank defendió que las actuaciones de la Defensoría se han ajustado a la ley y han tenido como objetivo proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición.
“No constituyen actuaciones arbitrarias o antojadizas, ni han estado motivadas por intereses personales o políticos”, afirmó.
Explicó que la institución realiza de manera permanente visitas e inspecciones a comunidades e instituciones públicas que pueden incidir en el ejercicio de los derechos humanos. Como ejemplo, mencionó que han efectuado más de 210 visitas a centros educativos, albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), EBAIS, hospitales, ministerios, centros de larga estancia para adultos mayores y centros de atención para personas con discapacidad.
Según la defensora, las inspecciones a centros de detención forman parte de esas competencias y permiten verificar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, prevenir eventuales vulneraciones a sus derechos y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
“Renunciar al ejercicio de estas competencias significaría apartarse de responsabilidades esenciales de la institución”, sostuvo.
Sobre la visita que motivó la represalia oficialista, detalló que se enmarcó en una investigación que la Defensoría tramita desde mayo de 2025, a raíz de la comunicación de la construcción del Cacco, un anexo al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como la La Reforma, en Alajuela.
El objetivo, explicó, era recabar información mediante observación directa sobre las condiciones de funcionamiento y operación del centro, así como sobre la situación de las personas privadas de libertad.
Cruickshank indicó que, cuando recibió la invitación de la presidenta de la República para asistir a la inauguración del Cacco, el 12 de octubre de 2026, comunicó que no participaría en el acto. Sin embargo, manifestó su interés en realizar una visita técnica de inspección, acompañada por un equipo especializado, para conocer las condiciones de infraestructura, seguridad, funcionamiento, gobernanza y garantía de los derechos fundamentales de los reclusos.
Cruickshank niega amenazas e intimidaciones
La defensora rechazó los señalamientos sobre su comportamiento durante la inspección. Aseguró que en ningún momento actuó de manera altanera, irrespetuosa o contraria a las normas de convivencia que deben regir ese tipo de diligencias.
Por el contrario, afirmó que hubo conductas del personal del Ministerio de Justicia y Paz que irrespetaron su investidura como jerarca de la institución nacional de derechos humanos y obstaculizaron, incluso físicamente, el ejercicio de las competencias de fiscalización de la Defensoría.
Según su versión, tanto ella como otros funcionarios que participaron en la inspección solicitaron al personal abstenerse de esos comportamientos y detener las faltas de respeto que, aseguró, recibieron.
“A partir de lo anterior, respondí con la vehemencia que amerita mi trabajo”, manifestó.
Cruickshank también rechazó que la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad implique desconocer el sufrimiento de las víctimas de la delincuencia y sus familias.
“Es perfectamente posible, y además constituye una obligación ética e institucional, mostrar sensibilidad y solidaridad ante el dolor de las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que se vela por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ambas posiciones no son excluyentes”, señaló.
La defensora concluyó que el país atraviesa un momento difícil en el que las instituciones deben contribuir a buscar la paz y el diálogo. No obstante, sostuvo que la defensa de los derechos humanos “exige objetividad, firmeza y responsabilidad, aun cuando el ejercicio de esta labor técnica e independiente genere incomodidad, cuestionamientos o amenazas a nuestra labor”.
