Costa Rica construyó, durante décadas, una institucionalidad destinada a proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. En el centro de esa responsabilidad se encuentra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución creada para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y acompañar a sus familias cuando enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Hoy debemos preguntarnos si estamos debilitando precisamente a la institución que el Estado necesita fortalecer.
El PANI atiende cada año, en promedio, a alrededor de 130.000 personas menores de edad por situaciones violatorias de derechos. Cuenta con aproximadamente 1.630 funcionarios y maneja un presupuesto cercano a los ¢100.000 millones. La propia institución reconoce que estos recursos son limitados frente a las nuevas responsabilidades legales, el crecimiento de la demanda y las distintas formas de violencia que afectan a la niñez y adolescencia.
La preocupación adquiere una nueva dimensión con el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. Según la información presupuestaria publicada, la transferencia de Fodesaf destinada al PANI pasaría de unos ¢46.600 millones en 2026 a aproximadamente ¢21.900 millones en 2027: una reducción cercana al 53%. El gobierno ha explicado que la disminución está relacionada, entre otros factores, con el fuerte incremento de los recursos destinados al seguro de salud de personas sin capacidad contributiva, lo que reduce la disponibilidad de Fodesaf para instituciones como PANI, IMAS y el Régimen No Contributivo.
Pero detrás de las cifras presupuestarias, hay personas. Y esas personas son niños, niñas, adolescentes y sus familias en condición de vulnerabilidad.
El PANI no solamente recibe denuncias. Sus funcionarios hacen prevención temprana, eje que debe fortalecerse aún más y que ha mostrado resultados muy positivos; deben, además, valorar riesgos, intervenir en situaciones de violencia, acompañar a familias, tomar decisiones de protección, coordinar con hospitales, escuelas, juzgados, policía y otras instituciones y, en determinados casos, asumir la protección temporal de una persona menor de edad. Es un trabajo de enorme responsabilidad emocional y profesional.
La propia Auditoría Interna del PANI ha advertido sobre situaciones que generan agotamiento físico y mental del personal. En una oficina local se documentó el uso reiterado de jornadas extraordinarias y se señaló expresamente el riesgo ocupacional derivado de la extensión de las jornadas, con posibles consecuencias sobre el ausentismo, el rendimiento y la salud laboral. Tampoco se trata de un problema nuevo, ya que documentos institucionales muestran incrementos significativos en las suplencias por incapacidades, vacaciones, permisos y renuncias.
Cuando una institución dedicada a proteger a la niñez y adolescencia comienza a perder funcionarios experimentados e identificados con los objetivos institucionales, por un deteriorado clima laboral, también existe un riesgo institucional: se pierde conocimiento acumulado, experiencia para valorar situaciones complejas, capacidad para acompañar familias y memoria de los procesos de protección.
No deberíamos normalizar que quienes trabajan todos los días con violencia, abuso, negligencia, pobreza y sufrimiento infantil terminen agotados hasta el punto de abandonar una institución a la que dedicaron años de su vida.
El PANI, además, enfrenta nuevas obligaciones. La propia institución ha estimado que la implementación del Código Procesal de Familia requiere alrededor de 500 plazas nuevas, además de personal para nuevas oficinas locales y para fortalecer las existentes.
La contradicción resulta evidente: aumentan las responsabilidades, se hacen más complejos los problemas sociales y, simultáneamente, se reducen los recursos disponibles.
No se trata de defender al PANI de manera acrítica. Una institución de esta naturaleza debe ser evaluada, fiscalizada y mejorar continuamente su gestión. La protección de la niñez exige eficiencia, transparencia y rendición de cuentas y, por lo tanto, líderes, llámense jefaturas capacitadas y sensibilizadas con el quehacer del PANI y no improvisadas, como ha venido ocurriendo.
Urge fiscalizar y a la vez sanear los puestos de alto y mediano nivel institucional, muchas veces nombrados sin conocer la institución y su responsabilidad social. Esto ha venido socavando el papel central del PANI.
Costa Rica debería preguntarse cuánto cuesta realmente no invertir en prevención y protección de la infancia. Cada intervención que evita una agresión, una explotación, una expulsión escolar, una situación de violencia o la separación innecesaria de un niño de su familia tiene un valor humano que difícilmente puede medirse en una partida presupuestaria.
El verdadero debate sobre el PANI no debería reducirse a cuánto dinero recibe. Debemos preguntarnos qué responsabilidades les estamos asignando, cuántos profesionales necesita para cumplirlas, qué calidad de jefaturas existen y qué condiciones laborales requieren quienes tienen la responsabilidad de proteger a nuestra población menor de edad.
Porque hay una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿quién protege a los niños, niñas y adolescentes, si quienes tienen la responsabilidad de protegerlos están sobrecargados, agotados y comienzan a marcharse de una institución esencial, que los desatiende en su condición humana? La respuesta debería ser una prioridad nacional.
A Marcela y sus compañeras.
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Alberto Morales Bejarano es pediatra, fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años y miembro de la Academia Nacional de Medicina.
