Hay momentos en la vida de un país en los que debemos preguntarnos qué nos está sucediendo y qué estamos dispuestos a hacer para cambiar el rumbo. No para buscar culpables, sino para reconocer que nuestra convivencia se deteriora.
Costa Rica vive uno de esos momentos.
La violencia se ha extendido por nuestras comunidades. Los homicidios, la delincuencia organizada y el miedo modifican nuestra manera de vivir. Hay familias que temen por el regreso de sus hijos y barrios que han perdido la tranquilidad. Cada vida perdida es una historia interrumpida y una ausencia que ninguna estadística expresa.
Pero existe otro peligro: acostumbrarnos. Que una muerte violenta se convierta en una noticia más y que aceptemos el miedo como parte inevitable de nuestra existencia. El día en que una sociedad se acostumbra a la violencia comienza a perder algo más que su seguridad: empieza a perder su conciencia.
Costa Rica no puede permitirse esa derrota.
Nuestra identidad se ha construido sobre valores que trascienden las leyes: la honradez, el respeto, la solidaridad, la sencillez en el trato, la palabra empeñada y la disposición al diálogo. No porque nuestro pasado fuera perfecto –sería un error idealizarlo–, sino porque esos valores fueron una aspiración compartida.
Hoy debemos preguntarnos cuánto de ese patrimonio moral hemos descuidado. ¿Qué sucede cuando justificamos la deshonestidad, toleramos la mentira que nos favorece o confundimos la firmeza con la humillación de quien piensa distinto?
La criminalidad tiene causas complejas. Pero ninguna sociedad vive en paz si se debilita la confianza y el irrespeto se vuelve costumbre. La honradez no puede ser una virtud que admiramos en los discursos y relativizamos en la práctica. El respeto no puede exigirse solamente para nosotros. Y el diálogo no puede reservarse para quienes coinciden con nuestras ideas.
Costa Rica abolió el ejército y apostó por la educación, la democracia y el derecho. Aquella decisión expresó una forma de entender el futuro: confiar más en la razón que en la fuerza, más en las instituciones que en las armas. Pero la paz no es una condición que se hereda para siempre. Cada generación debe defenderla y transmitirla a la siguiente.
Hoy enfrentamos a organizaciones criminales que desafían al Estado, se aprovechan de las vulnerabilidades sociales e intentan imponer el miedo como forma de poder. La respuesta debe ser firme, inteligente y sostenida: prevención, investigación eficaz, justicia oportuna, recuperación de espacios públicos y oportunidades reales para nuestros jóvenes. La paz no consiste solo en castigar la violencia, sino en evitar que se convierta en un camino posible.
La gravedad de la situación exige una respuesta por encima de las disputas políticas. Ha llegado el momento de que todas las autoridades asuman la recuperación de la paz como un objetivo común, prioritario e irrenunciable.
El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, las municipalidades y las demás instituciones tienen competencias distintas. La separación de poderes es esencial y debe respetarse. Pero la independencia de los poderes no significa aislamiento, ni la distribución de competencias puede convertirse en una distribución de excusas.
Cada institución debe actuar dentro de sus atribuciones, sin eludir su responsabilidad. El miedo de una madre por la vida de su hijo no se divide según las competencias de los poderes de la República. El dolor de una familia no encuentra consuelo en disputas de competencias.
La ciudadanía exige resultados, no enfrentamientos. Necesitamos políticas de Estado duraderas, recursos bien utilizados y coordinación constitucional. Combatir el crimen tampoco autoriza a debilitar el Estado de derecho: una democracia demuestra su fortaleza cuando enfrenta la delincuencia sin renunciar a sus principios.
No es tiempo de protagonismos. Es tiempo de que cada autoridad, desde el lugar que ocupa, pueda mirar a los ojos a la ciudadanía y responder qué está haciendo para devolverle la paz. Y que esa respuesta se exprese en acciones, no solamente en palabras.
Pero la paz también depende de lo que enseñamos en casa, de cómo tratamos a quienes piensan diferente y de rechazar la corrupción, aun la pequeña. Quienes ejercemos responsabilidades públicas tenemos un deber especial: nuestras palabras y actuaciones deben fortalecer la confianza, no destruirla. La firmeza de las convicciones no exige despreciar al adversario; el ejercicio de la autoridad no nos exime de escuchar.
Debemos fortalecer a nuestras comunidades y ofrecer a los jóvenes razones para confiar en el futuro. No podemos permitir que el crimen organizado encuentre en el abandono y la desesperanza el terreno para extenderse.
No escribo desde la nostalgia por un país perfecto que nunca existió, sino desde la preocupación por el país que estamos construyendo. No podemos aceptar que nuestros hijos y nietos crezcan creyendo que vivir con miedo es normal, que la honradez es una desventaja o que la violencia resuelve las diferencias.
Necesitamos la valentía de reconocer errores, corregir lo que no funciona, respetarnos y unir esfuerzos. No podemos permitir que la delincuencia nos arrebate la tranquilidad. Pero tampoco que el miedo nos arrebate la solidaridad, que la violencia nos haga renunciar al respeto o que la desesperanza destruya nuestra confianza en el futuro.
Lo que está en juego no es solamente nuestra seguridad. Es nuestra manera de vivir juntos. Es el país que recibimos, el que estamos construyendo y el que tenemos la obligación de entregar.
Costa Rica merece vivir en paz. Pero la paz no es solamente aquello que debemos recuperar: es también aquello que nunca debemos dejar de ser.
Que las futuras generaciones no tengan que preguntarse cómo fue que perdimos nuestro país, sino que puedan recordar que, cuando la violencia amenazó nuestra convivencia, los costarricenses supimos unirnos para defenderla.
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Gerardo Rubén Alfaro Vargas es magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
