La ciencia política distingue dos dimensiones del gobierno. Politics comprende la competencia por el poder, la movilización y la construcción de mayorías; policy remite a la manera de abordar problemas colectivos, prestar servicios y generar valor público. En español, ambas suelen llamarse simplemente “política”.
Todos los gobiernos se mueven entre ambas dimensiones. En un extremo, una orientación excesivamente tecnocrática ata las decisiones a paradigmas de eficiencia y gestión pública. En el polo opuesto, la conquista y conservación del poder determinan las prioridades gubernamentales. En ambos puntos, se debilita la capacidad de articular las demandas de representación con respuestas sostenibles a los problemas públicos.
Esta dinámica gubernamental revela su mayor fricción al analizar su interacción con el Poder Judicial. La causa es un diseño institucional que impone reglas distintas para cada poder. Mientras la naturaleza del Ejecutivo le otorga una amplia discrecionalidad para graduar el peso de politics y policy, eligiendo el qué, el cómo y el cuándo de la acción estatal, el mandato del Judicial es técnico, reactivo y circunscrito a un límite interpretativo específico. Su obligación de garantizar el debido proceso, al margen de la voluntad de las mayorías o la conveniencia coyuntural, genera una asimetría estructural que suele frustrar las expectativas de un gobierno enfocado en la política pura.
Las consecuencias prácticas de esta diferencia están condicionadas por la postura que asuma el gobierno. Cuando privilegia policy, aparecen oportunidades de coordinación en persecución criminal, lucha contra la corrupción, atención a víctimas, desarrollo de infraestructura y reducción del rezago judicial.
Pero cuando el Ejecutivo traslada la relación al terreno de politics, puede entender las actuaciones judiciales como actos de oposición política. Una decisión judicial puede tener consecuencias políticas sin responder a motivaciones políticas. Cuestionar sus fundamentos es legítimo; desacreditar sistemáticamente a quienes juzgan y la función que ejercen puede erosionar el reconocimiento de su autoridad para resolver conflictos.
El sistema dispone de instrumentos para dirimir controversias entre poderes, pero no de un árbitro que garantice por sí solo el acatamiento de las decisiones y el respeto de los límites constitucionales.
En este escenario, emerge una asimetría material. El Poder Ejecutivo cuenta con recursos para movilizar apoyos y orientar la discusión pública y dispone de facultades para modificar el presupuesto solicitado por el Poder Judicial. Esta superioridad de recursos coloca a la judicatura en una posición de vulnerabilidad, un riesgo que se agrava por las dificultades históricas de los poderes judiciales para vincularse con la ciudadanía.
Aunque su legitimidad deviene de la ley, el reconocimiento de su autoridad requiere confianza pública. Esta se construye mediante resultados verificables y una rendición de cuentas que trascienda el expediente y permita demostrar atributos como eficiencia, accesibilidad y equidad.
En un encuentro celebrado en marzo de 2026 en la Asamblea Legislativa, el politólogo Aníbal Pérez-Liñán advirtió de que la separación de poderes ha perfeccionado el veto, pero descuidado el acuerdo. Propuso crear espacios consultivos donde los poderes compartan información, anticipen diferencias y construyan acuerdos transparentes antes de decidir.
Estos espacios, adaptados a la relación entre Ejecutivo y Judicial, permitirían coordinar acciones sin alterar competencias ni interferir en procesos judiciales. La falta de diálogo no suspende los deberes constitucionales ni sugiere silencio institucional.
El diálogo facilita la coordinación, pero no garantiza la cooperación. Una situación distinta se presenta cuando un Ejecutivo busca concentrar poder debilitando a los órganos que deben controlarlo. En ese escenario, la deslegitimación de sus autoridades puede acompañarse de intentos por influir indebidamente en los nombramientos y favorecer su alineamiento político, aun mientras proclama respeto a las instituciones.
Por ello, el Poder Judicial debe desarrollar capacidades autónomas para ejercer con firmeza sus atribuciones, ampliar los espacios de interlocución e impulsar reformas legislativas y presupuestarias propias. Asimismo, tiene la posibilidad de construir respaldos plurales en la sociedad que fortalezcan el reconocimiento de la función de la justicia y reduzcan su dependencia de la voluntad del Ejecutivo para cooperar.
El desafío del gobierno judicial consiste en discernir ante qué tipo de controversia se encuentra. No toda polémica entre poderes constituye una amenaza a la independencia, ni toda disposición al diálogo demuestra voluntad de cooperación. Confundir ambos escenarios conlleva riesgos opuestos: responder con confrontación a un desacuerdo negociable o tratar como una simple falta de entendimiento una estrategia de captura institucional.
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Luis Emilio Jiménez González es politólogo.