La propuesta de Ciudad Gobierno busca centralizar 35 instituciones y trasladar a más de 11.000 funcionarios públicos para ahorrar millones en alquileres. Sin embargo, evaluar un proyecto de tal magnitud desde una perspectiva meramente contable representa un sesgo crítico de planificación.
El Mideplán tiene la obligación de velar por el desarrollo integral del país; por ello, debe sopesar el impacto socioeconómico de esta decisión: el colapso comercial y el abandono de la infraestructura del corazón histórico de San José.
Crear macrocomplejos segregados exclusivamente para la burocracia no es una idea nueva y el urbanismo ya ha demostrado sus deficiencias. Brasilia, Chandigarh, Sejong y Putrajaya, entre otros, prueban ser cuadrículas que carecen de vida y mueren al final de la jornada. Al caer la tarde, estos megacomplejos se transforman en desiertos urbanos. Además, carecen de flexibilidad: si el Estado se reduce/digitaliza mediante IA, la rigidez del diseño impide la adaptabilidad de los espacios. Replicar este modelo monofuncional en Costa Rica significaría importar un urbanismo obsoleto que dejará un cuadrante vacío el 76% del tiempo.
A este desacierto urbanístico se suma que el diseño de Ciudad Gobierno muestra edificios genéricos, desvinculados de la historia y cultura local. Esta arquitectura refleja el fenómeno de la homogeneización global del paisaje urbano (“arquitectura del no-lugar”), donde los edificios podrían pertenecer a cualquier ciudad y donde la prioridad absoluta radica en maximizar el rendimiento económico y apilar metros cuadrados.
Hoy, las instituciones estatales actúan como anclas económicas vitales para el centro capitalino. Cientos de pequeñas y medianas empresas –restaurantes, sodas, librerías y tiendas de servicios– dependen del flujo diario de trabajadores y usuarios. Desvestir el casco central de su tejido institucional para desplazarlo a un bloque aislado propiciará vandalismo, edificios en ruinas y ocupaciones informales, agravando la crisis social de una ciudad que ya enfrenta el aumento de personas en situación de calle.
Aunque el gobierno argumenta un ahorro de $23,5 millones anuales en alquileres, el país deberá pagar al BCIE un canon anual de hasta $21 millones por 30 años, prorrogable a 50 años. Esto significa que el supuesto ahorro en realidad se transforma en una deuda privada a muy largo plazo.
Frente a una costosa construcción que acelera el vaciamiento del casco central, la planificación sostenible apunta a una estrategia opuesta: restaurar y modernizar edificios gubernamentales existentes y adquirir inmuebles privados a valor registral para albergar a los empleados públicos, quienes representan el 10% de la fuerza laboral del núcleo de San José.
Esta alternativa activa el desarrollo de uso mixto, donde conviven orgánicamente comercio, oficinas y vivienda con los beneficios que esto trae.
Bajo esta lógica, el terreno destinado a Ciudad Gobierno ofrece la oportunidad de convertirse en un gran parque metropolitano, lo cual catalizaría la repoblación de la capital, donde hoy residen apenas 4.100 personas; un objetivo esquivo para la Municipalidad por décadas.
San José padece una escasez crónica de espacios públicos de calidad en sus cuadrantes centrales. Un parque es una inversión en tejido social que atraería a familias que hoy huyen hacia la periferia en busca de entornos más habitables, lo que a su vez agrava el colapso vial por los largos desplazamientos diarios.
La infraestructura que la capital ya posee debe aprovecharse al máximo. La inversión pública en recursos, vigilancia y mejoras urbanas no debe dispersarse hacia un megafragmento fortificado, sino concentrarse agresivamente en el San José actual.
Mideplán debe recordar que planificar es integrar, no aislar. Desalojar el casco central en lugar de modernizarlo bajo un modelo de uso mixto consolidará su abandono. Dado que el proyecto está cerca de realizarse, su éxito o fracaso social dependerá de si el gobierno y la Municipalidad tienen un plan real para repoblar y reconvertir los edificios que queden desiertos, o si dejarán el vacío a merced del mercado privado, lo cual requerirá fuertes incentivos para atraer desarrolladores a una zona desatendida.
Costa Rica merece un proyecto financieramente viable, pero, sobre todo, urbanísticamente responsable con el tejido social y económico de su principal centro urbano.
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María de la Paz Alice Guier es arquitecta.
