El martes 20 de octubre, miles de personas marchamos hasta la plaza de la Democracia en defensa del presupuesto de las universidades públicas. Esa misma noche, pese a todo, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una rebaja de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año entrante.
En ese contexto, es fundamental hablar de una parte del sistema universitario que esa discusión casi nunca tiene a la vista, porque no produce imágenes.
Las personas que estudian en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) no suelen reunirse en su campus. Cuando se discute lo que cuesta la educación superior pública, los periódicos y las redes se llenan de una fotografía razonable y verdadera: un aula, una explanada, estudiantes jóvenes que cruzan un jardín. Esa fotografía existe y debemos defenderla.
Pero hay otra foto que no se puede tomar, porque está repartida en las siete regiones del país, en sedes que van de Upala a Osa y de Los Chiles a Talamanca, o porque sucede en otro horario, después del trabajo. A lo mejor, en una mesa de una cocina.
Los datos institucionales al 29 de octubre describen a esas personas mejor que cualquier foto o argumento. En 2026, la UNED matriculó a 41.215 estudiantes de grado y posgrado. Dos de cada tres son mujeres. Seis de cada diez tienen 25 años o más, y uno de cada cuatro ya pasó de los 35, lo que significa que no están estudiando en lugar de trabajar, sino que estudian y trabajan. Dos de cada tres proceden de distritos clasificados de menor desarrollo relativo. Y más de la mitad estudia con beca: en el tercer cuatrimestre de este año, el 60% de la matrícula.
Veamos con detenimiento tan solo dos cifras. Talamanca: 575 personas en una región de difícil acceso. La Reforma: 704 personas que cursaron estudios universitarios desde un centro penal. No son cifras simbólicas ni programas piloto; es matrícula ordinaria, con sus pruebas, sus tiempos, sus libros.
Por ese motivo, uno de los datos más graves de las últimas semanas pasó casi inadvertido. La UNED pospuso la publicación de los resultados de las becas socioeconómicas del año entrante, simple y sencillamente porque todavía no se sabe cuánto dinero habrá. Hay estudiantes que esperan con su celular o frente a una computadora para saber si el año que viene podrán estudiar. La respuesta quedó en suspenso mientras el presupuesto se tramita.
Entendamos qué ocurre cuando esto sucede. Una persona de 18 años que pierde un beneficio lo pospone un semestre y vuelve. Una de 38, que estudia después de acostar a los chiquitos y paga el curso con lo que le sobra de un salario que no sobra, no pospone la matrícula. Probablemente se vea obligada a abandonar el sistema.
Rara vez tendrá de nuevo la oportunidad de volver, porque esa ventana que se le abrió ya había tardado 20 años en abrirse. El efecto de un recorte sobre esta población no se mide en la matrícula del año siguiente. El impacto lo veremos en cientos de graduaciones que no van a ocurrir en los próximos años y de las que nadie llevará registro.
Tengo el privilegio de trabajar en la editorial de esta universidad, desde donde puedo ver algo que desde afuera resulta invisible. La UNED es la única universidad del país cuya docencia es, además de una relación pedagógica, un objeto físico (impreso o digital). El libro que se escribe, se edita, se imprime o se convierte en ebook y se envía a una sede en Upala o se pone a disposición mediante una plataforma, no acompaña la clase: es, en sí mismo, la clase.
Donde no hay un tutor o un profesor en un aula, hay un texto que tiene que estar bien hecho, bien editado y disponible a tiempo, porque es lo que media entre una persona y el conocimiento al que tiene derecho.
En este modelo, un ajuste presupuestario se convierte muy rápido en tirajes que no salen, en materiales que llegan tarde o en una versión accesible que no se produce para quien no puede leer del modo convencional. Es la forma en que un número se transforma en desigualdad.
Nada de esto estaba escrito. En 1977, en un contexto muy diferente, Costa Rica decidió fundar una universidad para la gente que no podía dejar de trabajar para estudiar. Fue una decisión sobre qué clase de país queríamos ser, tomada por gente que entendió que la igualdad de oportunidades es una obra de infraestructura y no un simple lema. Esa universidad cumple 50 años en 2027, el mismo año en que quieren recortarle el presupuesto.
No se trata, finalmente, de pedir excepciones ni un trato especial. Las universidades públicas rinden cuentas, cumplen metas y las superan, y están dispuestas a revisar cada partida con quien quiera sentarse a verlas. Por eso, la discusión debe darse viendo la foto del sistema completo.
Costa Rica puede decidir cuánto invierte en sus universidades. Lo que no se vale es decidirlo sin saber a quiénes está mirando y a quiénes podría dejar por fuera.
gsolorzano@uned.ac.cr
Gustavo Solórzano Alfaro es escritor, editor y profesor.
