La carta que la presidenta Laura Fernández entregó al papa León XIV permite valorar su gestión. Ahí reivindica la paz, la democracia, el diálogo y la dignidad humana como valores que Costa Rica defiende dentro y fuera de sus fronteras.
México recibió una señal temprana. El 6 de marzo, todavía como presidenta electa, la señora Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó a ese país como referente de dónde Costa Rica no debía llegar, al hablar de violencia y crimen organizado. Una amenaza compartida exige cooperación y prudencia diplomática. Convertir al interlocutor en ejemplo negativo puede producir un titular; pero construir una relación útil requiere estrategia.
Sobre Nicaragua afirmó que sus ciudadanos tienen la forma de gobierno que eligieron. Costa Rica había desconocido como libres y válidas las elecciones de 2021. La convivencia entre vecinos requiere canales diplomáticos, pero no obliga a atribuir legitimidad democrática a un régimen sin explicar las condiciones en que pudo expresarse la voluntad popular.
La presidenta Fernández rechazó la participación costarricense en determinados foros sobre derechos y diversidades porque consideraba que el país estaba al día. Después, justificó su ausencia a la Asamblea General de la ONU, entre otras razones, por diferencias entre algunos criterios del organismo y los valores de su gobierno. Los derechos necesitan protección constante, y nuestra responsabilidad internacional también alcanza a quienes carecen de garantías en otras sociedades.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo impulsa la candidatura de Rebeca Grynspan para la Secretaría General. Cuestionar a la ONU y promover a una costarricense para dirigirla son posiciones incompatibles. La gran trayectoria de Grynspan no releva a la Presidencia de acompañar el esfuerzo diplomático con una conducta consistente.
Frente al Escudo de las Américas, la prioridad sí está definida. Laura Fernández calificó esa coalición liderada por Estados Unidos como fundamental para sus objetivos de seguridad. Incluso vinculó la destitución del canciller Manuel Tovar con la falta de información que, según su explicación pública, impidió la participación personal de Fernández en una reunión del grupo.
Combatir el crimen organizado requiere cooperación y controles. Debemos conocer los compromisos asumidos y sus límites, especialmente después de que la presidenta expresara una disposición favorable ante eventuales operaciones terrestres estadounidenses. Aclaró que no existía una iniciativa concreta y que requerirían aprobación legislativa. Aun así, corresponde explicar cómo se resguardarían la soberanía y la tradición civilista del país.
La dignidad humana invocada ante el Papa también obliga al hablar de quienes delinquen. En Colombia, Fernández utilizó el término “basura” para referirse a personas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. El contexto precisa a quiénes aludía, pero no elimina el carácter deshumanizante de la expresión. La firmeza estatal se demuestra mediante investigaciones, procesos y sanciones conforme a derecho.
El voto del 28 de octubre contra la resolución que pide levantar el embargo estadounidense a Cuba exige igualmente una justificación. Condenar la represión del régimen cubano y evaluar las consecuencias de las sanciones son responsabilidades distintas. Cambiar una posición histórica requiere conocer los argumentos.
Costa Rica necesita una política exterior coherente que pueda expresarse y defenderse con los mismos principios en San José, Washington, Naciones Unidas y el Vaticano. La presidenta Fernández debe presentarnos ese rumbo y responder al país por sus contradicciones.
La credibilidad internacional le pertenece al país; administrarla con coherencia es obligación de la mandataria y de su gobierno.
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Ricardo Castro Calvo es abogado.
