Sabemos desde hace mucho que el mercado genera desigualdad. Lo reconocen incluso las instituciones internacionales que, durante la década de los 90, promovieron su fortalecimiento como respuesta a los problemas de sistemas económicos fiscalmente insostenibles.
Las diferencias de talento, esfuerzo, educación, productividad, propiedad y capacidad para asumir riesgos producen diferencias de ingresos y riqueza. Eso no constituye, por sí mismo, un problema.
Pero el nivel de desigualdad actual y su impacto en las dinámicas políticas sí es un problema. El World Inequality Report 2026 estima que el 10% más rico de la población mundial concentra el 74% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre posee apenas el 2%.
El 1% superior concentra el 37%. Más significativo aún: unas 56.000 personas (el 0,001% más rico) poseen más riqueza que los 2.800 millones de adultos que constituyen la mitad inferior de la humanidad.
No estamos, por tanto, ante diferencias marginales que puedan explicarse solamente por las distintas capacidades o decisiones individuales. Estamos frente a una concentración de recursos que altera la distribución del poder en las sociedades contemporáneas.
El problema va más allá de la distribución del ingreso. Una concentración extrema de riqueza puede convertirse en concentración de poder político. Quienes disponen de cientos de miles de millones de dólares –como Musk, Bezos, Thiel, Murdoch, Buffett y los Koch– pueden financiar campañas, adquirir medios de comunicación, influir sobre gobiernos, sostener organizaciones políticas y contratar equipos jurídicos y fiscales con una capacidad que ningún ciudadano común puede aproximar.
La desigualdad económica empieza así a transformarse en desigualdad política, pues no todos tienen las mismas posibilidades de intervenir en la agenda pública, definir los problemas relevantes o influir sobre las decisiones colectivas.
Pero, además, una parte creciente de la comunicación pública, la circulación de información y hasta de la infraestructura estratégica depende de empresas privadas cuyo poder supera, en algunos ámbitos, la capacidad de supervisión de los Estados.
El problema no consiste en que esas empresas innoven o acumulen recursos, sino en que el control de tecnologías esenciales puede otorgarles capacidad para condicionar decisiones que deberían responder a criterios públicos, transparentes y democráticamente fiscalizables.
El caso de Starlink en Ucrania permite apreciar la magnitud de ese riesgo. La red satelital de SpaceX se convirtió en una infraestructura importante para las comunicaciones civiles y militares ucranianas. En distintos momentos, las restricciones o interrupciones del servicio han afectado operaciones sobre el terreno y han suscitado controversias acerca de quién decide, cuándo y bajo qué condiciones puede utilizarse una tecnología de la que depende la seguridad de un país en guerra.
¿Puede una infraestructura estratégica quedar sujeta, en última instancia, a decisiones empresariales que no están sometidas a controles democráticos equivalentes a su impacto?
Un riesgo comparable, aunque en un ámbito distinto, aparece en las denuncias sobre el funcionamiento de las plataformas digitales durante la pasada la campaña electoral brasileña. Una investigación de Folha de São Paulo, basada en mensajes internos de empleados de Meta, informó de que restricciones técnicas habían perjudicado el alcance de las cuentas de Luiz Inácio Lula da Silva en Instagram, mientras los sistemas recomendaban perfiles de su adversario, Flávio Bolsonaro.
Meta sostuvo que se trató de incidentes técnicos y negó haber favorecido a una candidatura. La existencia de una explicación empresarial no elimina la necesidad de examinar los hechos de manera independiente, porque cuando los algoritmos, las reglas de moderación y las herramientas de promoción pagada pueden incidir sobre la visibilidad de los mensajes políticos, la transparencia deja de ser un asunto exclusivamente comercial y se convierte en una condición de integridad electoral.
El resultado de las elecciones modificó el escenario que se anticipaba: Lula logró imponerse, contra los pronósticos que favorecían a su adversario. Su victoria no elimina, sin embargo, las interrogantes sobre el papel de las plataformas digitales durante la campaña ni la necesidad de esclarecer las denuncias sobre posibles sesgos en la distribución de contenidos políticos.
Este episodio ilustra por qué la discusión sobre la desigualdad debe superar la pregunta tradicional de si el mercado produce desigualdad. La cuestión más relevante es si existe un punto a partir del cual la concentración de riqueza altera las condiciones de competencia económica y debilita las bases políticas de una sociedad democrática.
En el complejo económico-tecnológico, la concentración de capital puede traducirse, además, en control de datos, infraestructura, canales de comunicación y herramientas capaces de orientar la atención pública. El resultado potencial es una asimetría de poder que no se corrige únicamente mediante la competencia entre empresas, sobre todo cuando unas pocas controlan recursos difíciles de sustituir.
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Roberto J. Gallardo N. es politólogo.