¿Sabía usted que el porcentaje de personas mayores de 65 años dentro de la población total de Costa Rica aumentará del 12% en 2024 al 22% en 2050? Esto significa que este grupo pasará de 657.000 a cerca de 1,35 millones de personas, es decir, prácticamente se duplicará en apenas 25 años.
Ante este cambio demográfico, que ya es una realidad en nuestro país, resulta indispensable plantearnos algunas preguntas fundamentales: ¿cuáles son las políticas públicas que necesitamos para que esa población adulta mayor del futuro goce de buena salud, tenga acceso oportuno a servicios de cuido y atención médica, y disponga de ingresos suficientes para vivir con dignidad? ¿Cómo financiaremos esas políticas? ¿Qué tipo de institucionalidad requeriremos para responder a esas nuevas demandas? ¿Cómo lograremos que la economía continúe creciendo si cada vez habrá menos personas en edad de trabajar?
Se trata de visualizar el tipo de sociedad que aspiramos a construir para orientar las decisiones actuales con una ruta clara y sostenida en el tiempo. Supone comprender que los avances serán necesariamente graduales y parciales, pero que solo mediante esfuerzos acumulativos será posible transformar de manera significativa nuestra realidad futura.
El envejecimiento poblacional es apenas uno de varios desafíos que requieren una mirada de largo alcance. Existen otros ámbitos en los cuales la ausencia de una visión estratégica puede reducir drásticamente nuestros márgenes de maniobra y aumentar la vulnerabilidad de nuestras sociedades frente a riesgos cada vez más complejos.
Los indicadores ambientales ofrecen otro buen ejemplo de esas trayectorias. La cobertura forestal y la disponibilidad de agua dulce muestran que, durante el presente siglo, estos recursos han disminuido en buena parte de los países de Centroamérica y República Dominicana. Costa Rica y República Dominicana constituyen una excepción, al registrar una expansión de la cobertura forestal, particularmente durante el periodo 2012-2024.
Este desempeño contrasta con la reducción en la disponibilidad de recursos internos de agua dulce en los ocho países de la región. Sin embargo, existen diferencias significativas entre ellos: mientras que en El Salvador y República Dominicana la disponibilidad por habitante se acerca a niveles críticos, países como Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá mantienen dotaciones considerablemente superiores al promedio latinoamericano.
Si las tendencias observadas entre 2000 y 2022 se mantienen, algunos países centroamericanos podrían registrar hacia 2030 niveles de disponibilidad de agua por habitante inferiores a los de regiones tradicionalmente más secas del planeta como Asia, Europa o África. Aunque estas proyecciones no constituyen un destino inevitable, sí representan una advertencia clara sobre los costos de posponer decisiones estratégicas.
Además, es probable que el panorama ambiental se vuelva aún más complejo como consecuencia de los impactos del cambio climático, cuyos efectos ya se manifiestan en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, así como en la disponibilidad y gestión de recursos esenciales para la vida y la producción.
En estos y otros temas fundamentales para la sostenibilidad de nuestras actividades económicas, sociales y ambientales, es indispensable conducir el debate público con “luces largas”. Cuando la atención se concentra exclusivamente en las urgencias del presente, la realidad termina sorprendiéndonos e imponiéndose con mayor fuerza y a un costo cada vez más elevado. La falta de anticipación reduce las opciones disponibles y limita nuestra capacidad para construir soluciones.
En este contexto, el informe Perspectivas de Centroamérica y República Dominicana 2030: Una mirada sobre el desempeño de largo plazo y el futuro del desarrollo humano sostenible en la región para dimensionar retos y oportunidades para la acción, publicado recientemente por el Proyecto Estado de la Región, del Programa Estado de la Nación, aporta evidencia y análisis para motivar la reflexión sobre algunos de los principales desafíos sociales, económicos, ambientales y políticos que afronta la región.
Aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos que plantea nuestra trayectoria futura es una responsabilidad compartida entre el Estado, los sectores productivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía. Todos deben participar en la construcción de propuestas y acuerdos que permitan anticipar desafíos y ampliar oportunidades.
No obstante, corresponde a quienes ejercen responsabilidades de gobierno liderar este proceso, tomar las decisiones necesarias y ejecutar las políticas públicas requeridas. En una democracia, son también ellos quienes deben rendir cuentas por sus resultados.
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Alberto Mora Román es coordinador de investigación del Informe Estado de la Región, Programa Estado de la Nación.
