Desde hace algunos años, la Sala Constitucional le venía recordando al Ministerio de Justicia y Paz la necesidad de crear, construir y adecuar nuevos espacios carcelarios para ubicar a aquellas personas que, por su condición criminológica, requirieran el control o la sujeción especial propios del Estado.
Hace pocas semanas, el gobierno de Laura Fernández Delgado dio por terminada una obra penitenciaria iniciada durante la administración anterior y le asignó simbólicamente el nombre de Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), un penal con capacidad para alojar a 5.100 personas.
Lo interesante del discurso político es que se mencionan hechos que no se ajustan al desarrollo histórico del sistema carcelario costarricense. Ya en 2008 se había logrado mantener la sobrepoblación penitenciaria en niveles cercanos a cero y, para 2010, había espacios carcelarios en desuso. Es decir, el problema de la sobrepoblación ya se había atendido una vez en el siglo XXI.
De lo sucedido el 14 de octubre pasado, deseo resaltar que se construyó un espacio penitenciario con características que permiten alojar a personas privadas de libertad en condiciones humanas mínimas. En sus discursos, el jerarca del Ministerio de Justicia dijo que allí se encarcelaría a indiciados y sentenciados, miembros del crimen organizado y asesinos de policías. Luego, trascendió que criminales de alto grado de peligrosidad no serían llevados al Cacco.
Lo que nos deja con un signo de interrogación es el hecho de que estemos retrocediendo en la historia del desarrollo penitenciario hasta volver a los años 1750, cuando todavía no existían criterios para clasificar a la población penitenciaria ni se aplicaba la necesaria separación entre personas indiciadas (a la espera de juicio y aún no culpables según el fallo de un juez) y personas sentenciadas (culpables luego de una sentencia judicial).
Desde hace tiempo, Costa Rica adoptó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas en cuanto al tratamiento de las personas privadas de libertad. Asimismo, ha sido un Estado observador y practicante de los principios relativos a sus derechos fundamentales.
Me resulta incomprensible que, en pleno siglo XXI, estemos cuestionando la lógica y la racionalidad de los convenios internacionales, la experiencia internacional y la jurisprudencia nacional e internacional en cuanto al manejo de un recinto carcelario y de quienes lo ocupan.
Pero lo que más sorprende es el silencio de quienes conocen el funcionamiento de las cárceles y el manejo de las personas internadas en ellas. Puedo creer que existe un “estado de supervivencia laboral” o que resulta más fácil asentir y esperar el final del gobierno o a la destitución de los jerarcas sin formación especializada.
Por otro lado, creo oportuno recordarles a los administradores del Cacco que existen metodologías probadas para la selección, clasificación, organización y atención de personas violentas y con asociaciones complejas. Vale la pena revisar esas experiencias y, si no las tienen a mano, solicitar asesoría a algún organismo de las Naciones Unidas con presencia en Costa Rica y especializado en esos temas. Así podrían capacitar al personal e implementar alguna experiencia exitosa del continente en la materia.
Lo cierto es que no podemos echar por la coladera una inversión de casi ¢17.000 millones creyendo que sabemos lo que hacemos, cuando a simple vista se nota que no existe una idea clara de cómo utilizar las nuevas instalaciones carcelarias.
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Alexis Sánchez Vega fue subdirector del Instituto Nacional de Criminología (INC).