Cuestionar la gestión de las universidades no significa desconocer su importancia. La educación superior pública ha sido fundamental para la movilidad social, la investigación científica y el desarrollo del país. Precisamente por su valor, debemos exigir que sus recursos se administren con responsabilidad.
Durante los últimos meses hemos escuchado a los rectores defender el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), advertir sobre los efectos de los ajustes presupuestarios y reclamar mayores recursos. Sin embargo, no hemos visto con la misma intensidad una discusión sobre los cambios que las rectorías están dispuestas a impulsar para mejorar el uso del dinero que reciben.
Pareciera que la respuesta de las rectorías ante cualquier discusión presupuestaria es siempre la misma: pedir más dinero. La vieja fórmula de exigir mayores recursos, sin dedicar el mismo esfuerzo a revisar cómo mejorar la administración de los que ya reciben, corregir ineficiencias, replantear prioridades y aprovechar mejor cada colón en beneficio de los estudiantes.
Por eso, hay que aclarar que no se trata de pedir recortes indiscriminados, afectar becas o cerrar oportunidades académicas, y un acto reciente así lo ejemplifica.
El Consejo de Rectoría de la UNED aprobó, el pasado 26 de octubre, medidas de restricción del gasto. Entre ellas destacan la suspensión de viajes al exterior, la restricción de servicios de alimentación en actividades presenciales, la limitación de giras no académicas y la suspensión de contrataciones de servicios profesionales no indispensables.
Reconozco y aplaudo que una autoridad universitaria haya decidido revisar gastos, establecer restricciones y tomar decisiones administrativas frente a una situación presupuestaria difícil.
Pero surge una interrogante inevitable: si la UNED está revisando sus prioridades, ¿por qué no vemos una discusión igualmente contundente en las demás rectorías?
La pregunta cobra mayor relevancia al observar la distribución del FEES. Para 2026, la Universidad de Costa Rica recibió el 50% de estos recursos; la Universidad Nacional, el 20,9%, y la UNED, el 9,5%. Son instituciones con realidades y dimensiones distintas, pero la discusión sobre eficiencia y prioridades debe ser permanente en todas ellas.
Tampoco podemos ignorar los cuestionamientos sobre gastos de representación, actividades protocolarias, contrataciones y nombramientos discrecionales que han surgido en el debate público. No basta con defender su legalidad o presentar una justificación administrativa. Las autoridades deben explicar si esas decisiones representan el mejor uso posible de los recursos públicos.
Hay otro aspecto fundamental: los estudiantes.
En las negociaciones del FEES y en las manifestaciones públicas, los estudiantes han ocupado un lugar protagónico en la defensa del financiamiento universitario. Es legítimo que defiendan la educación que reciben. Lo que no resulta razonable es convocarlos a marchar para exigir más recursos públicos sin que, antes, las rectorías les rindan cuentas sobre cómo administran los que ya reciben.
¿Dónde está el rector que se sienta frente a sus estudiantes y les dice: vamos a revisar nuestros gastos de representación, eliminar los que no son prioritarios, revisar nuestras contrataciones y buscar cómo trasladar esos recursos a más becas y más cupos para ustedes?
Los estudiantes no pueden convertirse en el escudo político de las administraciones universitarias. Merecen rectores que defiendan sus oportunidades, no solamente los presupuestos de las instituciones que administran.
No podemos construir una discusión en la que cualquier cuestionamiento a una rectoría se interprete como un ataque a la educación pública, ni en la que cualquier ajuste presupuestario se presente automáticamente como una amenaza a los estudiantes. Ambas posiciones simplifican un debate que merece mucha más seriedad.
Los rectores piden más, pero ¿qué están dispuestos a corregir?
Lo que esperamos de los rectores es autocrítica, responsabilidad y decisiones: que revisen sus estructuras de gasto, identifiquen las erogaciones que pueden corregirse, eliminen prácticas que no respondan a las prioridades académicas y redireccionen recursos hacia donde verdaderamente generan oportunidades.
Los estudiantes deben ser la prioridad de las universidades, no el argumento al que se recurre cada vez que sus autoridades necesitan defender un presupuesto.
----
Gonzalo A. Ramírez Zamora es diputado del Partido Pueblo Soberano.