Hay noticias que duelen. Hay tragedias que indignan. Y hay muertes que deberían sacudir hasta los cimientos de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad.
La muerte de Julián, un niño de apenas cuatro años, en Alajuela, es una de ellas.
Un niño que tenía toda una vida por delante. Un niño que merecía crecer protegido, jugar, aprender y sentirse seguro. Hoy, en lugar de hablar de sus sueños, estamos preguntándonos cómo fue posible que muriera en circunstancias tan dolorosas cuando previamente habían existido alertas sobre su situación.
Pero Julián no es solamente el rostro de una tragedia. Su historia nos obliga a mirar una realidad que, aunque dolorosa, no podemos seguir ignorando.
Durante los primeros nueve meses de 2026, la Caja Costarricense de Seguro Social registró 3.752 diagnósticos relacionados con posibles situaciones de maltrato infantil. Entre ellos, 1.514 por abuso físico y 1.116 por abuso sexual.
En ese mismo periodo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) atendió a 3.112 personas menores de edad por agresión física. Y solo durante el primer semestre del año recibió cerca de 50.000 denuncias por distintas vulneraciones de derechos de nuestra niñez.
Los datos del Hospital Nacional de Niños también deberían estremecernos. Durante el primer semestre de 2026, su Servicio de Trabajo Social atendió 351 interconsultas relacionadas con violencia contra personas menores de edad, de las cuales 288 correspondieron a situaciones de negligencia y 34 a abuso sexual.
Pero, detrás de cada número, hay un rostro. Hay niños y niñas con nombres, historias, sueños y una infancia que debería transcurrir entre juegos, aprendizaje, amor y protección.
No estamos hablando de simples estadísticas. Estamos hablando de infancias heridas, de derechos vulnerados y de vidas que dependen de nuestra capacidad para protegerlas.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede con los niños que nunca llegan a un hospital?, ¿con aquellos que tienen miedo de hablar?, ¿con quienes viven la violencia dentro del lugar donde deberían sentirse más seguros: su propio hogar?
Según la información conocida sobre el caso de Julián, el Ministerio de Educación Pública trasladó una denuncia al Patronato Nacional de la Infancia en junio de este año. Sin embargo, el expediente fue archivado en setiembre, después de que las valoraciones institucionales no identificaran elementos suficientes para determinar una situación de riesgo.
Hoy, ante su muerte, esas actuaciones deben investigarse con absoluta rigurosidad.
Porque cuando un niño muere después de que existieron señales de alerta, no basta con explicar los procedimientos. Es indispensable determinar si esos procedimientos fueron suficientes para protegerlo.
Costa Rica ha construido durante décadas una institucionalidad que reconoce a la niñez como sujeto de derechos. Tenemos legislación, convenios internacionales, instituciones especializadas y mecanismos de protección. Pero ninguna de esas herramientas tiene sentido si no logra traducirse en acciones oportunas.
Y aquí debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿estamos realmente colocando el interés superior de la niñez por encima de los trámites administrativos, los indicadores de gestión y las decisiones burocráticas?
Durante mi gestión como diputada, impulsé la Ley N.º 10.476, de Prevención, Detección Temprana y Respuesta de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, precisamente porque comprendimos que uno de los mayores desafíos del país no era únicamente contar con instituciones, sino lograr que estas trabajaran de manera articulada.
Esta legislación contempla mecanismos de coordinación interinstitucional para identificar factores de riesgo, fortalecer la atención de denuncias y garantizar su seguimiento.
No impulsamos esta ley para engrosar nuestra legislación. La impulsamos porque detrás de cada denuncia, puede existir una vida que necesita ser protegida.
Una ley no salva vidas por el simple hecho de existir. Las salva cuando se cumple, cuando las instituciones se coordinan y cuando las alertas generan acciones concretas.
Por eso, hoy resulta indispensable conocer cuál es el estado de implementación de estos mecanismos, cómo están coordinando las instituciones y qué seguimiento reciben las denuncias por presunta violencia contra personas menores de edad.
Una denuncia no puede convertirse simplemente en un número de expediente. Y el archivo de un caso no debería confundirse con la certeza absoluta de que un niño está fuera de peligro.
También debemos reconocer que la violencia contra la niñez no ocurre de manera aislada. Muchas veces se desarrolla en entornos marcados por la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la ausencia de redes de apoyo.
Costa Rica enfrenta una realidad preocupante en materia de pobreza infantil, que limita las oportunidades y profundiza las vulnerabilidades de miles de niños y niñas. Pero la pobreza no puede utilizarse como explicación automática de la violencia. La responsabilidad de proteger a la niñez alcanza a todas las familias, comunidades e instituciones, independientemente de su condición económica.
Lo verdaderamente alarmante es que nos estemos acostumbrando a reaccionar cuando la tragedia ya ocurrió.
Cada vez que un niño pierde la vida en circunstancias violentas, escuchamos llamados a investigar, revisar protocolos y fortalecer mecanismos de protección. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿qué estamos haciendo para evitar que vuelva a suceder?
Necesitamos instituciones con recursos suficientes, personal capacitado, supervisión efectiva y capacidad real de respuesta. Pero también necesitamos rendición de cuentas, evaluación de resultados y decisiones que coloquen la seguridad de las personas menores de edad en el centro de toda actuación.
La protección de la niñez no puede depender de la suerte, de la insistencia de quien denuncia o de que una señal de alerta sea lo suficientemente evidente cuando el daño ya es irreversible.
Costa Rica necesita pasar de una cultura institucional que administra denuncias a una que previene riesgos, da seguimiento y protege vidas.
El caso de Julián debe investigarse hasta esclarecer lo ocurrido, respetando el debido proceso y determinando las eventuales responsabilidades individuales e institucionales. Pero también debe llevarnos a revisar, con seriedad y sin complacencias, la efectividad de nuestro sistema de protección.
Porque una sociedad no puede llamarse verdaderamente justa mientras sus niños y niñas continúen expuestos a la violencia y sus mecanismos de protección no respondan con la eficacia que necesitan.
No podemos devolverle la vida a Julián. Pero sí tenemos la obligación de exigir respuestas y trabajar para que ninguna otra familia tenga que enfrentar una tragedia semejante.
Que su nombre nos recuerde que detrás de cada denuncia hay una vida. Que detrás de cada expediente existe una responsabilidad. Y que detrás de cada cifra hay un rostro que merece ser visto.
La niñez no necesita más discursos de protección. Necesita que la protejamos.
Y el Estado tiene la obligación de demostrarlo antes de que sea demasiado tarde.
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Montserrat Ruiz Guevara es exdiputada de la República.