El único de los once centros penitenciarios para hombres adultos sin prohibición de recibir nuevos ingresos tiene un hacinamiento del 94 %, muy superior al tope del 20 % fijado por la Sala Constitucional con el propósito de hacer respetar los derechos humanos. Los otros diez tienen orden de cierre.
No hay mejor descripción de la gravedad de la crisis del sistema, salvo la adicional consideración del número de reos recluidos en celdas del Organismo de Investigación Judicial mientras se les traslada a las cárceles de Adaptación Social para cumplir prisión preventiva. El viernes pasado había 88, pero el Ministerio de Justicia solo creía tener capacidad de recibir 16 esta semana.
La pandemia complica la situación, porque los nuevos reclusos no pueden entrar directamente a los módulos. Las autoridades abrieron espacios para la cuarentena en celdas de visita íntima, talleres industriales, aulas de estudio y gimnasios, pero los jueces de ejecución de la pena impiden utilizarlos por inadecuados o por el desplazamiento de las actividades normales de cada lugar. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, dice comprender la necesidad de mantener esas funciones, pero recuerda la existencia de una emergencia nacional.
La situación sacó a relucir la permanente tensión entre la judicatura y las autoridades de Adaptación Social. Los jueces exigen mantener la disponibilidad de instalaciones educativas y deportivas, pero no ofrecen solución para las necesidades de cuarentena. Los magistrados ordenan recibir a los detenidos en celdas judiciales en un plazo máximo de 72 horas, pero ponen límites al hacinamiento. Al mismo tiempo, los jueces imponen órdenes de cierre en casi todo el sistema.
Los jueces de ejecución de la pena sugieren resolver el problema ubicando más reos en el régimen de confianza, pero no dicen cuántos candidatos al traslado existen en el sistema penitenciario ni hasta donde se podrían flexibilizar los criterios para incluir un número mayor.
Ningún reo capaz de calificar para el régimen de confianza debe permanecer en la cárcel, pero el traslado masivo no es viable sin considerar las expectativas de la sociedad y la posibilidad de reincidencia. Asimismo, nadie debe ser privado de la libertad si una medida alternativa satisface las necesidades de la justicia.
A los jueces se les podría señalar que San Sebastián, donde permanecen los indiciados, no estaría en cierre técnico si la justicia fuera pronta y cumplida. Si respondieran que no hay presupuesto para más juzgados, Justicia podría preguntarles por qué le reclaman más instalaciones si su carencia de recursos es todavía mayor.
El problema es complejo y no se resuelve con recriminaciones mutuas. Los jueces tienen razón cuando exigen escrupuloso respeto de los derechos humanos, pero como dice Justicia, hay una emergencia sanitaria y algunos servicios podrían ser temporalmente sacrificados.
No obstante, el problema de fondo no es consecuencia del coronavirus. Le precede en el tiempo y permanecerá después de la pandemia. El país dejó de invertir en infraestructura penitenciaria hace demasiado tiempo. La nueva cárcel de Terrazas, concluida en diciembre del 2020, es una excepción, pero no funciona por falta de presupuesto. Justicia confía en sus gestiones para obtener los recursos en los próximos meses, mas nadie se llama a engaño: las nuevas instalaciones serán insuficientes para un sistema con orden de cierre, prácticamente en su totalidad. El debate de fondo y la búsqueda de soluciones siguen pendientes.
