La palabra “crisis” alude a un cambio profundo y de consecuencias importantes. Desde inicios de este siglo, Costa Rica ha experimentado escándalos de corrupción política, el derrumbe del bipartidismo, el nacimiento de un nuevo partido y su posterior desaparición, la llegada del populismo con deseos de permanencia indefinida y tintes autoritarios, el aumento de la desigualdad, la creciente confrontación del Poder Ejecutivo con el Judicial y una inseguridad galopante.
Estos fenómenos son síntomas de un cambio profundo que demanda caracterizarse y comprenderse, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Es preciso distinguir si estamos ante una crisis orgánica, una crisis de representación o una crisis coyuntural.
Crisis orgánica
La crisis orgánica sería aquella que afecta al conjunto de las estructuras de la sociedad. Algunos de los síntomas de la crisis costarricense podrían ser de este tipo: las disfunciones del Estado social y la ausencia de una narrativa que cohesione. La incapacidad de las élites dirigentes para resolver los grandes problemas del país se suma a esta sintomatología.
Empero, la limitación de estas dimensiones al marco político-partidista, sin poner en duda las estructuras del capitalismo ni escorar hacia la extrema derecha, indica que no estamos ante un intento de transformar el régimen.
Crisis de representación
La ruptura de la confianza entre los ciudadanos, sus gobernantes y las instituciones, así como el sentimiento de que el poder no escucha a la ciudadanía y de que los gobernantes están separados de la realidad, configuran este tipo de crisis. También se manifiesta en la desconfianza hacia los partidos tradicionales y en el desarrollo de una democracia de opinión.
El sistema funciona (mediante el voto), pero los actores políticos pierden credibilidad.
Crisis sistémica
Cuando las reglas (la Constitución) dejan de ser aceptadas, el régimen pierde legitimidad. Entre sus síntomas figuran el cuestionamiento de la justicia y de las elecciones. Las voces que piden una asamblea constituyente forman parte de este panorama.
La crisis orgánica se origina en las estructuras económicas, sociales y culturales; la de representación, en la ruptura del vínculo entre la ciudadanía y sus representantes electos, y la sistémica, en el cuestionamiento de las reglas fundamentales del Estado.
Causas y responsabilidades
Las crisis de representación surgen de causas estructurales profundas, como la tecnocratización de la política, la homogeneización de las élites y su separación del sentir ciudadano.
La clase política profesional, enceguecida por el horizonte electoral, el clientelismo y la comunicación mediática, también tiene responsabilidad.
Los partidos tradicionales, incapaces de reinventarse, carecen de definiciones estratégicas y se convirtieron en máquinas electorales que no logran canalizar las demandas sociales.
Las crisis orgánicas se originan en las mutaciones de la globalización, que reducen el papel de los Estados nacionales ante el creciente poder de los actores financieros. La adhesión dogmática a la austeridad ha profundizado las desigualdades y minado la cohesión social. Los partidos en el poder han engendrado populismos.
Por su parte, las crisis sistémicas surgen de la polarización extrema y del tribalismo político, cuando los actores ven en el adversario a un enemigo existencial. El debilitamiento de las instituciones de mediación, la justicia, la prensa informativa y los parlamentos constituye otra dimensión de este fenómeno.
Las responsabilidades recaen sobre los demagogos de los movimientos extremistas, que instrumentalizan el odio y la mentira, siembran dudas sobre los límites constitucionales y prefieren el camino autoritario.
Costa Rica
En nuestro país se presentan elementos de los tres tipos de crisis, aunque los síntomas de una crisis orgánica son menos fuertes, pues no existe una propuesta de transformación profunda del régimen.
La crisis no es coyuntural. Hay una crisis de representación aguda, que se ha manifestado en el derrumbe del bipartidismo y en la ruptura de la confianza de los ciudadanos en los partidos y sus representantes.
El desarrollo de una “democracia de opinión” en las redes y el surgimiento de medios fuertemente influenciados por el gobierno son otros factores que convergen en este escenario.
La desaparición de partidos y el surgimiento de nuevas agrupaciones efímeras, como el PAC, son otros elementos que configuran el fenómeno. A ellos se suma la aparición de Pueblo Soberano, que, más que un partido, parece buscar únicamente la continuidad de una figura personalista.
La confrontación agresiva del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, la Contraloría y la Defensoría también forma parte de estas disfunciones.
Junto con la crisis de representación coexisten elementos de una crisis sistémica, como la polarización extrema, los ataques reiterados a una supuesta “prensa canalla”, el tribalismo y los llamados a convocar una asamblea constituyente y a fundar una “tercera república” de rasgos autoritarios.
Para superar el drama de la erosión democrática, debemos dejar atrás la tiranía del presente, que solo responde a las emergencias. También debemos reconstruir la confianza en la justicia y en el futuro. El sufragio no es suficiente para otorgar legitimidad; el inmediatismo es un enemigo de la democracia.
Otra ruta
El panorama no es alentador, pero es necesario seguir adelante. Tenemos que ir más allá de las elecciones y superar la “democracia de autorización” (el voto) mediante una “democracia de ejercicio” que complemente la democracia electoral.
Hay que avanzar hacia la “democracia de apropiación”: dar a los ciudadanos caminos institucionales para que se pronuncien directamente sobre sus condiciones de vida y trabajo. Esto supone otorgarles poder de veto, vigilancia y evaluación de las políticas públicas mediante mecanismos permanentes que permitan impedir los abusos de poder.
Más que gobernar de arriba hacia abajo, hay que crear mecanismos de diálogo social, asociar a los usuarios a la gestión de los servicios públicos y descentralizar la toma de decisiones. También es necesario establecer límites firmes al presidencialismo autoritario.
La democracia del siglo XXI no debe ser únicamente un sistema para designar a los gobernantes; debe ser también una institucionalidad que se pertenezca a sí misma.
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Constantino Urcuyo es abogado y politólogo con un doctorado en Sociología Política de la Universidad de París.
