El Ministerio de Hacienda parece buscar la solución al deterioro de la recaudación tributaria en el lugar equivocado. Mientras factores económicos erosionan las bases imponibles, intensifica los controles sobre Sinpe Móvil, el cual ha representado un gran avance en materia de medios de pago en los últimos años.
El D. E. 45953-H exige registrar los números telefónicos utilizados para recibir pagos comerciales y contempla sanciones por incumplimiento. Fiscalizar y combatir la evasión es legítimo; lo cuestionable es hacerlo sin evaluar si las medidas desincentivan un sistema que ha reducido costos y favorecido la inclusión financiera.
Una conquista que puede retroceder
Según datos presentados ante la OCDE, el porcentaje de personas mayores de 15 años con acceso a cuentas financieras pasó del 64,8% en 2017 al 92% en 2024: 27,2 puntos porcentuales más. En la OCDE, el promedio alcanzó el 97,2% en 2021. Aunque no son estrictamente comparables, ilustran el avance nacional.
No todo ese progreso se debe a Sinpe Móvil: también influyeron las cuentas simplificadas y otros cambios. Sin embargo, el Banco Central reconoce su contribución. En 2024, la plataforma procesó unos 650 millones de transferencias por ¢10,9 billones. Para participantes en ferias del agricultor, artesanos, comerciantes y trabajadores independientes, recibir pagos sin manejar efectivo representa una mejora extraordinaria.
Una investigación de Douglas Araujo y otros cinco autores, publicada en febrero de 2026 en Latin American Journal of Central Banking, encontró que la expansión de Sinpe Móvil estuvo asociada con menores retiros de efectivo y reducciones de costos operativos bancarios. Debilitarlo podría imponer costos a toda la economía.
El riesgo de volver al efectivo
La preocupación no comenzó con el decreto. En enero de 2025, Hacienda solicitó al Banco Central información sobre números telefónicos que recibían más de 100 transferencias mensuales. No es una prohibición ni un impuesto por transferencia, pero revela el interés por utilizar su frecuencia como criterio de fiscalización.
Un pequeño comerciante que trabaja 26 días al mes supera ese umbral con apenas cuatro pagos diarios. Eso no demuestra evasión ni ingresos elevados: cada pago puede corresponder a una venta de poca monta.
Aquí aparece un principio económico elemental: los medios de pago son altamente sustituibles. Si recibir Sinpe Móvil implica trámites, temor a sanciones o controles desproporcionados, algunos comerciantes preferirán el efectivo. Habría menos trazabilidad, mayores costos y, paradójicamente, más dificultades para fiscalizar.
¿Cuánto espera recaudar Hacienda? ¿Cuántos pagos podrían regresar al efectivo? ¿Ha comparado los beneficios esperados con el costo de revertir parte de la modernización financiera?
El problema está en las bases tributarias
Entre enero y agosto de 2026, los ingresos tributarios disminuyeron ¢33.764 millones respecto del mismo periodo de 2025. La recaudación del IVA cayó ¢50.878 millones, de los cuales ¢28.925 millones correspondieron al IVA aduanero. No prueban una causa única, pero obligan a mirar más allá de la evasión.
La apreciación del colón puede erosionar la recaudación por varias vías. Muchos tributos aduaneros se calculan sobre valores originalmente expresados en dólares: al caer el tipo de cambio, disminuye su equivalente en colones, si lo demás permanece constante. Mayores importaciones podrían compensar parcialmente ese efecto, pero no eliminan el mecanismo cambiario.
Además, la apreciación encarece Costa Rica para los turistas extranjeros: sus dólares compran menos colones, mientras muchos costos locales siguen elevados. Esto puede contener el gasto turístico y reducir impuestos al consumo y a las ganancias empresariales.
La dolarización de los balances: un efecto olvidado
Uno de los efectos menos comprendidos está en los balances empresariales. Costa Rica ha sido, durante décadas, una economía altamente dolarizada. No solo las exportadoras: muchas empresas del mercado nacional mantienen depósitos, cuentas por cobrar, inversiones y contratos en dólares. Alquileres, vehículos y servicios empresariales han tenido tradicionalmente precios en esa moneda.
Al caer el tipo de cambio, disminuye el valor en colones de los activos monetarios en dólares. Si superan los pasivos en esa moneda, las empresas pueden sufrir pérdidas cambiarias netas sin perder clientes ni reducir ventas.
A ello se suma la reducción en colones de los ingresos facturados en dólares, mientras salarios y otros costos siguen denominados en moneda nacional. Exportadoras, empresas turísticas y negocios locales dolarizados pueden experimentar una fuerte compresión de márgenes.
La distinción fundamental es que el impuesto sobre la renta empresarial grava utilidades, no volúmenes de producción. Aunque no toda pérdida contable cambiaria tiene el mismo tratamiento tributario, el deterioro de resultados puede reducir utilidades gravables incluso cuando crece la producción.
Declarar utilidades nulas no prueba automáticamente evasión: algunas empresas pueden incumplir la ley; otras, sufrir pérdidas genuinas. Hacienda dispone de información para examinar las utilidades declaradas por sector y contrastarlas con la exposición cambiaria. Esa investigación sería más esclarecedora que presumir irregularidades por el número de transferencias recibidas.
¿Quién encendió la chispa?
La contradicción es aún más preocupante: el propio Ministerio de Hacienda fue el que encendió la chispa de la prolongada apreciación del colón. Al financiar necesidades presupuestarias intensivamente en moneda extranjera, alteró las condiciones del mercado cambiario. Al convertir recursos en colones, aumentó la oferta de divisas; al destinarlos a obligaciones externas, evitó demandar dólares que habría necesitado comprar internamente.
Ese giro cambió severamente las expectativas y provocó ajustes posteriores en inversión, composición de portafolios, ahorro y manejo de divisas, que amplificaron y prolongaron la apreciación inicial. Como esas variables no reaccionan simultáneamente, sus decisiones pueden reforzar gradualmente el proceso.
Hacienda está sufriendo las consecuencias fiscales de un proceso que imprudentemente desencadenó: menores ingresos aduaneros en colones, presiones sobre el turismo y deterioro de balances y utilidades empresariales. Se disparó en el pie.
Ahora intenta compensar ese deterioro intensificando controles sobre Sinpe Móvil, con el riesgo de perjudicar otro avance económico del país.
Corregir las causas, no castigar los avances
También deben investigarse las deficiencias de fiscalización y los problemas administrativos que, por torpeza o negligencia, pudieron contribuir al deterioro de la gestión tributaria. Pero ni una administración eficiente puede recaudar impuestos sobre utilidades desaparecidas. La importancia relativa de cada causa debe cuantificarse.
Hacienda debería demostrar que los beneficios de sus controles sobre Sinpe Móvil superan los costos y determinar cuánto del deterioro recaudatorio obedece a evasión, cuánto a problemas administrativos y cuánto a la apreciación cambiaria. Los daños podrían ser mayúsculos.
Hacienda podría estar intentando recuperar, mediante una fiscalización que amenaza los avances de Sinpe Móvil, los ingresos tributarios que sus propias decisiones de financiamiento contribuyeron a erosionar.
dmelendez@cefsa.cr
Dennis Meléndez Howell es economista.