La presidenta Laura Fernández debe mirar bien a quienes la rodean. Hoy cumple apenas seis meses en el cargo y su gobierno ya se está incendiando por sospechas de irregularidades en contratos públicos. Si por la víspera se saca el día, los tres años y medio que le quedan podrían tornarse más escandalosos.
Decidir a tiempo empieza por revisar los negocios dudosos, llamar a cuentas a quienes influyeron, enmendar posibles irregularidades y sancionar. La mano dura que pregona frente al delito debe empezar en su propia casa.
Para despejar las dudas de hoy y evitar que se acumulen más de aquí al año 2030, debe exigir que el concurso público sea la regla en las compras millonarias. Si una institución se acoge a una excepción prevista en la ley, debe fundamentar qué elementos jurídicos lo justifican. Y tanto la Contraloría General de la República como cualquier ciudadano deben tener acceso a examinar esas razones.
Quien ejerce la presidencia también responde por el uso que se haga de su nombre. El Cuerpo de Bomberos, al adjudicar a dedo un contrato por $13,8 millones (¢6.500 millones) para la adquisición de 40 ambulancias básicas, invocó una instrucción de Fernández.
Solo eso la obliga a aclarar qué ordenó, pues aquí hay algo chocante: Bomberos eligió una empresa brasileña que cobró hasta $2,3 millones más que dos oferentes ticos.
También cabe preguntarle si, cuando dio esa instrucción, sabía que dos personas vinculadas a la empresa habían adquirido bonos de deuda política de su partido por ¢52 millones. ¿De qué manera influyó ese gran detalle en la adjudicación?
A sus 40 años, la presidenta tiene por delante una larga vida política. Si aspira a trascender, la forma en que responda ahora a las dudas pesará cuando vuelva a pedirle al país su confianza.
Esa advertencia también está incluida en la encuesta del CIEP-UCR publicada en setiembre. Para los costarricenses, su segunda mayor preocupación es la corrupción y el 72% de aquellos que decían respaldar al gobierno adelantó que su opinión sobre la administración empeoraría si se comprobara un caso de corrupción.
Fernández tiene razones para tomar en serio ese dato, pero también para honrar sus palabras. Hoy hace seis meses, al asumir el poder y hablar de construir una “tercera república”, prometió una democracia más transparente. Puede empezar por aclarar qué instrucción dio, exigir cuentas a Bomberos y, si quiere controlar el incendio, identificar con nombre a quienes lo originaron.
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Armando Mayorga es periodista.