Como ocurre en muchos otros ámbitos, la conducción de la política comercial exige conocimientos y destrezas especializados que deben orientar las decisiones de gobierno. En el plano internacional, un país pequeño y con una capacidad de influencia limitada, como Costa Rica, debe tener muy claros sus objetivos y prioridades, así como comprender, con realismo y rigor, el entorno en el que se desenvuelve.
Las prioridades deben definirse a partir de una evaluación objetiva de las necesidades y posibilidades del país. Si el mercado interno es reducido, resulta indispensable acudir a los mercados externos para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Si la inversión nacional es insuficiente, es necesario atraer inversión extranjera. Y si la producción agrícola no basta, por sí sola, para potenciar las exportaciones, corresponde promover el desarrollo de industrias en las que contemos con ventajas.
Comprender el entorno exige, además, reconocer la importancia que tiene para el sector exportador un sistema de comercio con reglas claras y una expectativa de que estas se mantendrán en el tiempo.
Durante muchos años, el sistema multilateral de comercio y el marco normativo negociado con nuestro principal mercado ofrecieron esa certidumbre. Sin embargo, por causas ajenas a nuestro control, esa realidad cambió. Se volvió indispensable, por tanto, buscar alternativas, nuevos esquemas de integración y mercados que nos permitan seguir creciendo.
En ese contexto, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) adquiere especial relevancia. Sus 12 miembros –entre ellos Australia, el Reino Unido, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur– conforman un bloque comercial atractivo, que representa alrededor del 15% del PIB mundial. Además, han reafirmado su compromiso con el libre comercio y con un sistema basado en reglas.
Por ello, la administración de Rodrigo Chaves acertó al acercarse al bloque, conseguir que Costa Rica recibiera un trato especial para avanzar en su proceso de adhesión antes que otros países y concluir oportunamente las negociaciones. Por la misma razón, resultan desconcertantes el repentino cambio de posición del gobierno y el anuncio de que no firmará el acuerdo y de que este debe, sin más, archivarse.
Es comprensible que algunos sectores sensibles teman verse afectados por un eventual aumento significativo de las importaciones procedentes de esos países. Sus preocupaciones deben atenderse, como corresponde en toda negociación de esta naturaleza. Ahora bien, dada la amplia experiencia del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la trayectoria de sus jerarcas recientes en estos procesos, resultaría muy extraño que en esta ocasión se haya prescindido de los mecanismos de consulta utilizados desde hace años y que esas sensibilidades hayan sido ignoradas.
Por otra parte, si, como es de rigor, los detalles del acuerdo solo pueden conocerse públicamente después de su firma, cualquier valoración concluyente de sus alcances resulta prematura.
En esas circunstancias, las graves acusaciones de falta de transparencia y ocultamiento deliberado debieron sustentarse debidamente antes de poner en entredicho la credibilidad del equipo negociador nacional y comprometer la imagen del país ante sus socios comerciales.
Tanto la decisión adoptada como la forma de anunciarla y los argumentos utilizados pueden llegar a tener repercusiones muy negativas en nuestras relaciones comerciales.
Lo procedente era entonces firmar el acuerdo, conocer el detalle y divulgar ampliamente su contenido, debatirlo a fondo en la Asamblea Legislativa y con los sectores interesados, evaluar sus ventajas y desventajas y decidir, con conocimiento de causa, si correspondía aprobarlo. De ser así, también habría sido necesario adoptar las medidas internas pertinentes para mitigar sus posibles efectos adversos.
La tajante decisión presidencial de desecharlo es, por ello, inoportuna y un error estratégico. Ahora corresponde determinar si es posible rectificar y cómo hacerlo, limitar los daños y reencauzar el proceso.
Para ello, es indispensable que el Poder Ejecutivo reconsidere su posición y designe al frente de Comex a una persona con el peso, los conocimientos y la experiencia necesarios para restablecer la confianza de los miembros del CPTPP. Esa persona deberá explicar con claridad que lo que Costa Rica necesita es más tiempo para conocer y analizar lo negociado, discutir con los sectores sus efectos concretos y valorar las medidas internas que podrían adoptarse.
Solo mediante ese ejercicio podremos evaluar racionalmente el acuerdo, determinar si responde a los objetivos y prioridades de nuestra política comercial y decidir si, en el entorno actual, lo más conveniente para el país es aprobarlo o descartarlo.
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Francisco Chacón es abogado y lidera la práctica de Inversión Extranjera y Comercio Exterior del bufete Zurcher Odio & Raven
