Costa Rica cuenta con un fondo que sostiene gran parte de su política contra la pobreza. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) financia pensiones para personas sin recursos, bonos de vivienda, alimentación y becas para estudiantes, así como cuido infantil y atención a la niñez. Para 2027, el fondo suma ¢844.000 millones, distribuidos entre 23 programas o instituciones encargados de su ejecución.
La ley no permite repartir todo ese presupuesto desde cero cada año. Una gran parte se protege con porcentajes mínimos: el Régimen No Contributivo debe recibir al menos un 10% del Fondo; las becas Avancemos, un 8%, y los CEN-Cinái, un 15%. Para vivienda, rige una garantía doble: el Banhvi recibe el monto mayor entre el 18% del Fodesaf y el 33% de la contribución patronal que lo financia. Estos pisos limitan al gobierno de turno e impiden que los programas sensibles compitan cada año por conservar sus recursos.
Buena parte de esta arquitectura surgió de la reforma integral aprobada mediante la Ley 8783, en 2009. Tras más de 15 años, revisarla es razonable: las necesidades cambian y la rigidez también tiene costos.
El expediente 25.881, presentado por el oficialismo el 29 de octubre, plantea otra lógica. Fortalece los pisos del Régimen No Contributivo, que subiría al 20%; del PANI, al 4,5%; del Conapdis, al 2,5%; del Conapam, al 3%, y de los programas generales del IMAS, al 9%. A la vez, convierte varias garantías en montos máximos. Los CEN-Cinái pasarían de recibir al menos un 15% a recibir como máximo un 7,5%; comedores escolares, de un mínimo de 5,18% a un techo de 6,5%, y el Inamu, de una asignación garantizada del 2% a un máximo igual. Vivienda conservaría un mínimo de 13%, pero perdería la garantía ligada a las planillas.
La diferencia entre un mínimo y un máximo define quién decide. El primero obliga a presupuestar por encima de un umbral; el segundo permite financiar hasta cierto nivel, incluida una asignación muy inferior o incluso nula. Mis cálculos, considerando también las obligaciones de otras leyes, indican que los pisos cuantificables bajarían del 80% al 66% del Fondo. Así, crecería la porción que el Ejecutivo puede redistribuir cada año.
Esa flexibilidad puede corregir asignaciones desactualizadas y atender urgencias, como el déficit de las pensiones no contributivas. Pero también deja más expuestos a las prioridades de cada gobierno los servicios de nutrición, educación, vivienda y atención a las mujeres. La discusión legislativa debe precisar qué protecciones se mantienen, cuáles requieren revisión periódica y qué controles evitarán que la flexibilidad se convierta en desprotección.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
