En Navidad, un buen amigo me dio una tarjeta de regalo para canjear en una librería, y escogí Nexus y Navalny. Lo menciono en esta columna porque empecé por el primero, y una frase del autor, Yuval Noah Harari, es pertinente para comprender por qué se producen los ataques contra la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y, principalmente, la hostilidad hacia quien encabezó la institución hasta el 31 de diciembre, doña Rocío Aguilar.
El historiador y profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén afirma en su tesis que las personas son más proclives a recordar los relatos que a preocuparse por entender cómo funcionan las instituciones.
Ofrezco disculpas a quienes hayan perdido dinero debido al mal manejo de los empleados o funcionarios en las entidades financieras a las que confiaron sus recursos, pero al descargar su ira contra la Sugef y su exsuperintendenta están mirando hacia el lado equivocado.
En el caso de Coopeservidores, que fue objeto de una noticia desfavorable debido a la intervención y su posterior cierre, está demostrado que, en un afán de presentar una imagen embellecida de sus estados financieros —sobre todo de la cartera de crédito—, recurrió al uso de la tecnología para evadir los controles de la supervisión.
En cuanto a Desyfin, que también acaparó la atención tras ser intervenida por una deficiente administración de la cartera de crédito, existe una gran cantidad de informes, y el número de recursos legales que planteó la empresa supera la docena.
En contraste, dos entidades pequeñas lograron resolver sus problemas sin que se generara mayor noticia.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la intervención y resolución de ambas “instituciones financieras no bancarias (Coopeservidores y Desyfin) se efectuaron adecuadamente y garantizaron unos efectos indirectos mínimos. Sin embargo, demostraron la importancia de aprobar las enmiendas legales pendientes para reforzar el marco de resolución bancaria y de seguro de depósitos”, como insistía doña Rocío.
En suma, en la fantasía popular siempre es más fácil achacar las culpas a los vigilantes y no a los infractores, es decir, al gobierno corporativo, que debió proteger los recursos bajo su custodia. En otras palabras, la gente descarga su ira sobre terceros en lugar de reconocer el engaño.
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