La frase “The call is coming from inside the house” nació en el cine de terror, aquella escena en que la protagonista descubre que el asesino que la asedia por teléfono llama desde su propia casa. Hoy, la frase describe las crisis que provienen del propio entorno de quien las sufre.
La presidenta Laura Fernández reparte regaños semanales a sus presuntos enemigos: Liberación Nacional, el Frente Amplio, el Poder Judicial, las universidades públicas, “la izquierda” y “los comunistas”.
Pero a quienes hago un encarecido llamado de atención es al gabinete y a la fracción de Pueblo Soberano, que parecen no haber leído la circular según la cual la presidenta, desde el 8 de mayo, es doña Laura Virginia Fernández Delgado.
Un grueso expediente
Fernández denunció en campaña al exdiputado evangélico Fabricio Alvarado por acoso sexual. Su propia fracción rompió el cuórum para no votar los informes del caso, y la presidenta de la flamante legislatura, también oficialista, lo archivó. Doña Laura tomó distancia con admirable firmeza.
Despidió al canciller Manuel Tovar porque, según dijo doña Laura, este no le avisó de la reunión del Escudo de las Américas con Donald Trump. Ella estaba en una tienda de moda en Barranquilla, y él había anunciado el encuentro cinco días antes.
Su plan de gobierno proponía adherirse al Acuerdo Transpacífico. Luego dijo que dicho tratado no contaba con su aval y que en Comex hubo “opacidad”. La ministra Indiana Trejos sostuvo que la negociación concluyó en mayo y que hubo 156 reuniones con los sectores. Fernández la destituyó y archivó el proceso de adhesión. Un claro gane de Liberación Nacional y el Frente Amplio, que criticaron el acuerdo.
Prometió “cero tolerancia” a las pensiones de lujo. El 4 de agosto, cuatro diputados oficialistas votaron contra eliminar las de los expresidentes. El 5 de ese mes, ella las defendió como un “reconocimiento”, y el 12 presentó su propio proyecto para eliminarlas.
Fernández promulga austeridad, pero la presidenta de Pueblo Soberano, la diputada Mayuli Ortega, alquila un BMW X1 2026, y el tesorero suplente, un Prado 2026. El partido pretende cobrarlos al TSE.
Entretanto, Ariel Mora silbó a una colega opositora, Fernando Obaldía acumula tres denuncias por presunto acoso sexual de sus asesoras, y Rodrigo Chaves es prácticamente un “ministro de la Presidencia fantasma” que no quiere o no puede negociar con la oposición, lejos de la seriedad y los puentes prometidos en aquel discurso de inauguración.
Zapato fiscal
Chaves repetía que “la plata alcanza cuando no se la roban”. Sin embargo, durante su gobierno, y con Nogui Acosta en Hacienda, la mayor parte del tiempo el Estado recaudó mal: la Contraloría estima ¢1,8 billones en pérdidas por controles tributarios deficientes entre 2023 y 2026, y las acciones de control pasaron de 1.767 casos en 2023 a dos en 2025. La deuda subió de 58,9% del PIB a fines de 2024 a 60,4% en diciembre de 2025, y Chaves dijo: “No me avergüenza que hayamos pasado del 60 al 60,5”. Eso activa la regla fiscal y le amarra las manos a doña Laura en 2027: sin aumentos salariales para empleados públicos y con inversión limitada, en un país de costo de vida alto y empleos estancados. Hoy Acosta, jefe del oficialismo, impulsa los recortes que ese desorden obliga a hacer.
El presupuesto, presentado por el mismo Chaves, quita ¢19.229 millones a Educación y ¢47.000 millones al PANI, la Red de Cuido y el IMAS, y bloquea 25 plazas de la Fiscalía contra el Narcotráfico. A los CEN-Cinái, el oficialismo ya les había sacado ¢41.000 millones.
La diputada del PPSO Kristel Ward presentó un recurso de amparo contra la rectora del Tec por el eventual cierre de la sede de Limón, aunque su propia bancada votó contra restituir, 6 votos a 5, los ¢492,9 millones que el presupuesto extraordinario le quitó.
¿Qué significa todo esto? Que los enemigos de doña Laura nunca han sido la oposición, el Poder Judicial ni la Contraloría. Todos ellos, como ella, quieren mejor educación, un uso eficiente de los recursos públicos y frenar el embate del narcotráfico.
Quieren acabar con las listas de espera: más de 200.000 personas aguardan una cirugía y más de 300.000, una cita con un especialista. En campaña, Fernández propuso intervenir ese sistema “de forma inmediata”. Pero el 6 de mayo, antes de que asumiera, la presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, avisó que reducirlas es “imposible”. Dos mensajes opuestos, sin necesidad de un opositor.
Con amigos así...
Así que quienes la contradicen en público, “no le avisan” de lo que ocurre y votan contra lo que ella promete son los mismos que asisten a sus reuniones y reciben sus correos electrónicos y llamadas telefónicas. The call is coming from inside the house, Mrs. Fernández!
Esa es la diferencia entre un adversario y un problema de mando. Al adversario se le gana en las urnas, y a Fernández ya le dieron 48% de los votos y 31 diputados.
El problema de mando no se resuelve regañando a la oposición. Se arregla puertas adentro, con un gabinete que ejecute lo que ordena y una bancada que vote lo que promete.
Para colmo, el 27 de octubre, los 31 diputados de Pueblo Soberano presentaron una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva. José Miguel Villalobos fue claro: es “para Rodrigo Chaves”, y esperan ver su nombre en la papeleta de 2030. Aclaró que doña Laura también podría postularse, pero ese no fue el ejemplo que escogió.
La presidenta no ha cumplido seis meses en Casa Presidencial y su propio partido ya habla de su reemplazo.
¡Déjenla gobernar en paz!
jassonmc@gmail.com
Jason Muir Clarke es comunicador.