El gobierno acordó devolver a las universidades públicas recursos postergados durante la pandemia, distribuidos en ocho pagos anuales a partir de 2026. Antes de concluir el primer año, mociones legislativas eliminaron de los proyectos presupuestarios los dos primeros pagos. La secuencia pone en duda cuánto pueden confiar las instituciones en un calendario negociado con el Estado.
El acuerdo, firmado en noviembre de 2025, permitía repartir la devolución durante ocho años. Cada pago rondaba los ¢8.000 millones y debía destinarse a inversión, como complemento del financiamiento ordinario. El gobierno evitaba devolver todo de una vez y las universidades obtenían un horizonte para programar esos recursos.
Sin embargo, Hacienda propuso financiar el primer pago rebajando comedores y transporte estudiantil del MEP. La comisión legislativa deshizo esa operación: preservó los recursos de esos servicios y eliminó el aumento previsto para las universidades en el presupuesto extraordinario de 2026.
Proteger comedores y transporte tiene una justificación clara. Ambos facilitan que estudiantes de hogares con menos recursos puedan asistir a clases. Pero esa necesidad tampoco vuelve prescindible el compromiso con las universidades. Fue el diseño del proyecto enviado por el Ejecutivo el que enfrentó ambas asignaciones.
El segundo pago tuvo otro destino. En el presupuesto de 2027, la comisión trasladó los recursos universitarios a contribuciones patronales del MEP al régimen de pensiones del Magisterio. Así, los primeros pagos del acuerdo quedaron disponibles para atender presiones distintas, sin un calendario sustitutivo para recuperarlos.
Presupuestar con recursos escasos exige revisar prioridades. Las universidades también deben rendir cuentas sobre sus inversiones y su capacidad de ejecución. Un acuerdo puede necesitar ajustes si cambian las condiciones fiscales. La dificultad aparece cuando esos ajustes eliminan los pagos sin reconstruir el compromiso que les dio origen.
La consecuencia alcanza la planificación. Una institución que espera recursos para invertir organiza proyectos y distribuye gastos entre varios años. Si el calendario pierde vigencia desde el inicio, esa programación queda sujeta a la negociación de cada presupuesto.
El trámite legislativo aún puede modificar estas decisiones. Lo que ya muestran es una fragilidad en la forma de sostener acuerdos públicos: repartir una obligación durante ocho años facilita asumirla, pero su utilidad depende de que los primeros pagos sean creíbles. De lo contrario, el Estado ofrece un horizonte que sus propias decisiones vuelven incierto.
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Andrés Fernández Arauz es economista.