El empobrecimiento de la enseñanza pública, evidenciado por un reportaje de ‘La Nación’ sobre los 370.000 escolares excluidos de las 11 materias del plan de estudio, crea ciudadanos vulnerables
La noticia de que 370.000 escolares –el 83% de los matriculados en escuelas públicas– no recibe el plan de 11 materias es espeluznante. Esta situación es la principal causa de la creciente brecha social y económica. Confirma cómo, desde la infancia, se margina a ciudadanos de una educación integral. Esto contrasta con el 17% restante que recibe un currículo completo, principalmente en áreas urbanas o con aquellos cuyos padres pueden pagar educación privada.
El problema no se limita solo a primaria. En secundaria se repite, aunque no está cuantificado. Además, no cabe duda de que la discriminación es aún mayor para los habitantes de zonas rurales, como en el caso del Liceo Rural IDA, en San Luis de Dos Ríos de Upala, donde no se imparten clases de Física ni de Química, solo Biología. Salvo excepciones, el futuro de estos estudiantes es poco prometedor.
Las carencias en el sistema educativo del MEP forman a escolares que apenas saben leer y escribir, lo que limita su visión del mundo, sus conocimientos, habilidades de pensamiento y de aprendizaje. Con esta base, los envían a secundaria, donde las deficiencias son aún mayores y muchos fracasan. Los que logran llegar a la universidad, a menudo lo hacen en condiciones precarias, como diagnosticó la Universidad de Costa Rica. Todo esto explica por qué el 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron el colegio.
El MEP está perdido en su propio laberinto. Claramente relegó a última categoría los liceos académicos para priorizar los científicos, experimentales y técnicos. Si a eso se suma el recorte de más de 100.000 becas destinadas a alumnos pobres y la pública negligencia de dejar en desuso 40.000 computadoras compradas para romper la brecha digital, es evidente el perfil del ciudadano que se planea.
Estamos ante un experimento social irracional. Los más pobres son sentenciados a continuar en su pobreza y en la ruta de la delincuencia. No hay razón lógica para esa perversa estrategia de empobrecer y destruir la educación pública, salvo que el plan de quienes gobiernan sea perpetuarse en el poder aprovechando la ignorancia. Una educación en decadencia encamina hacia la destrucción de la democracia. Abre puertas al autoritarismo. Por ahí va la ruta de Costa Rica.
amayorga@nacion.com
40.000 computadoras compradas por Sutel para romper la brecha digital quedaron sin uso, denunció la diputada Johana Obando, en octubre. La primera fotografía, arriba a la derecha, es del Centro Educativo Herradura, la segunda corresponde a la Escuela El Pavón, la tercera (abajo a la derecha) es de la Escuela Saturnino Cedeño y la última del Liceo San Francisco. Foto: Cortesía
Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.
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