El ajuste fiscal permanente. En esas andamos. Casi ocho años después de aprobada la reforma fiscal, la salud financiera del Estado costarricense ha mejorado, pero sigue siendo frágil. Las cuentas actuales son mejores que en 2018, cuando estuvimos al borde de un default público (el gobierno se había quedado sin plata para pagar sus obligaciones): hemos contenido el gasto público y reducido el ritmo del endeudamiento estatal y hecho más eficiente la gestión tributaria.
Estos logros se obtuvieron a un fuerte costo, el sacrificio en las políticas universales de salud, educación y seguridad, ámbitos en que las tijeras redujeron programas claves. Y, en el caso de la Caja de Seguro Social, los gobiernos se hicieron los gatos bravos con la deuda o simplemente no la registraron para así maquillar las cuentas fiscales.
Lo prolongado de estos sacrificios tendrá consecuencias estructurales sobre nuestras capacidades de desarrollo en el mediano y largo plazo. Pero, bueno, no hay pelo sin sangre: ¿qué queríamos, que saliera gratis la corrección de las finanzas públicas luego de décadas de desatenciones? El problema es que, en este caso, la sangre ha sido la de las clases sociales más bajas, que han visto disminuir los programas públicos que necesitan. A la clase alta y a los profesionales les ha ido, en el balance, muy bien, pues los recortes no fueron con ellos. Sin embargo, muchos de estos beneficiados son los más críticos del sector público.