Una mujer llega a pedir atención después de una violación. No necesita que el Estado agregue obstáculos a una experiencia que ya le arrebató el control sobre su cuerpo. Necesita atención médica oportuna, información clara y la posibilidad de decidir.
La urgencia no es abstracta. En 2023, el OIJ atendió 503 casos de violación o ataque sexual mediante el Protocolo de las 72 horas; aproximadamente la mitad de las personas atendidas eran menores de edad. En 2022 fueron 470 casos, incluidos 229 menores. Estas cifras corresponden a atenciones dentro del protocolo, no al total nacional de violaciones denunciadas. Aun así, recuerdan algo que el debate legislativo no debería perder de vista: entre quienes necesitan atención hay niñas, niños y adolescentes.
La prueba de embarazo se presenta como una medida de cautela. Pero la Organización Mundial de la Salud explica que las píldoras de anticoncepción de emergencia no interrumpen un embarazo establecido y que no se necesita una prueba de embarazo antes de tomarlas. Su función es prevenir un embarazo después de una relación sexual sin protección o de una agresión sexual.
Hay una cuestión ética que no deberíamos esquivar. Las convicciones personales pueden orientar la vida y las acciones de cada quien. Pero cuando se ocupa un cargo público, la responsabilidad es otra: legislar con base en la evidencia disponible y considerando los derechos y las necesidades de las personas afectadas. No usar el poder del Estado para convertir una creencia propia en una regla para todas.
Si una convicción impide valorar la evidencia con imparcialidad, lo ético es recusarse de esa decisión. Apartarse no es renunciar a las propias creencias; es reconocer que el cargo público no otorga el derecho de imponerlas. En este caso, la evidencia disponible indica que la anticoncepción de emergencia no interrumpe un embarazo establecido y que no se requiere una prueba previa. La ley debería partir de esa evidencia.
La violación puede dejar secuelas físicas y emocionales. Algunas personas experimentan angustia, miedo, problemas de sueño o síntomas de estrés postraumático; para muchas, esas reacciones disminuyen con el tiempo, mientras que en otras pueden persistir. También se ha documentado una asociación entre la agresión sexual y un mayor riesgo de problemas de salud mental, incluida la depresión. No hay una sola forma de reaccionar ni de recuperarse. Por eso, la atención debe ser respetuosa, individual y oportuna.
No podemos conocer la motivación íntima de cada diputada solo por su voto. Puede haber convicciones morales o religiosas, lealtades partidarias o compromisos con sectores de su electorado. No corresponde inventar motivos. Sí corresponde examinar lo que la decisión puede significar para quien busca ayuda.
Que una mujer ocupe una curul es importante, pero no garantiza que sus decisiones protejan los derechos de todas. La representación también se mide por sus efectos: a quién protege una política, a quién le impone condiciones y quién enfrenta las consecuencias.
Cuando una mujer –o una niña– llega a pedir atención después de una violación, el Estado debería reducir las barreras, no añadir requisitos que la evidencia médica no considera necesarios.
Las creencias personales merecen respeto. La autoridad pública, en cambio, exige responsabilidad: si no se puede decidir atendiendo a la ciencia y a los derechos de las personas, hay que apartarse de esa decisión.
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María L. Ávila Agüero es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.
