Las leyes 3503 y 7935 beneficiaron a los adultos mayores con varios derechos, entre ellos el viaje gratuito en buses públicos. Dicho beneficio se ve hoy amenazado y sería un grave error eliminarlo.
¿Qué significa el transporte gratuito para ellos? En primer término, les permite disfrutar de una vida saludable y digna durante el mayor tiempo posible, pero también les brinda independencia para asistir a controles de salud, participar en cursos de capacitación y actividades de ejercicio, salir de casa y socializar. Todas estas actividades son fundamentales para su bienestar.
La población envejece y el Estado no ha tomado las medidas de protección adecuadas frente a situaciones como la informalidad laboral y la falta de trabajo remunerado de muchas mujeres, por citar solo dos casos. Esto significa que muchas personas dependen de ¢82.000 mensuales de pensión del Régimen No Contributivo, un monto insuficiente que no ha cambiado desde 2019. Peor aún, hay personas aún más vulnerables que no reciben ningún apoyo del Estado.
Ante este escenario, el transporte gratuito constituye, sin duda, una ayuda significativa tanto en términos económicos como para la salud mental de esta población.
No se trata de llevar a la quiebra a los transportistas. Según datos de una especialista, el número de usuarios que les subsidiaban este derecho a los adultos mayores ha disminuido entre 30% y 40% porque, ahora, estas personas han optado por otros medios de transporte (ya sea propio o alternativo, como plataformas, taxis informales, etcétera). Entretanto, la población adulta mayor pasó de representar un 7% de la población a alcanzar un porcentaje de dos dígitos. Y seguirá aumentando.
Se debe mantener el beneficio y, al mismo tiempo, garantizar que las empresas autobuseras sean rentables. De lo contrario, cada vez tendremos un peor servicio público y más carros y motocicletas en una infraestructura vial que no crece y que nos roba largas horas cada día. El problema debe resolverse de manera integral y, como ocurre en las ciudades desarrolladas, sobre la base de un muy buen servicio de transporte público.
Hago un llamado a los especialistas para que realicen un foro que permita buscar soluciones: cómo mejorar el servicio, abaratar costos y repensar las rutas mediante ejes multimodales. No descartemos el leasing de transporte público eléctrico, con beneficios como disponer de unidades nuevas, facilitar su adquisición a los concesionarios, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y reducir su factura energética.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.