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Cada 12 de agosto, se conmemora el Día Internacional de la Juventud, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para reconocer el aporte de las personas jóvenes al desarrollo de las sociedades. En Costa Rica, sin embargo, la conmemoración invita más a la reflexión que a la celebración.
La pregunta es inevitable: ¿qué celebramos cuando las oportunidades para las nuevas generaciones disminuyen mientras aumentan la desigualdad, la incertidumbre y la violencia?
Durante décadas, Costa Rica fue reconocida por construir un modelo de desarrollo basado en la educación pública, la salud universal y la protección social. Esa apuesta permitió reducir la pobreza, ampliar la movilidad social y consolidar una democracia estable. Hoy, esa promesa se debilita.
La principal deuda del país ya no es solamente fiscal; es una deuda intergeneracional con quienes deberían constituir la mayor prioridad de cualquier proyecto nacional.
Los informes del Programa Estado de la Nación muestran que la inversión social ha perdido dinamismo y prioridad relativa dentro del presupuesto público. La restricción fiscal ha afectado áreas estratégicas como educación, salud y programas sociales, precisamente las herramientas que durante décadas permitieron disminuir las desigualdades y generar oportunidades.
Esto también ha tenido un impacto negativo en los profesionales y personal de los servicios sociales y de salud, ya que, con menos recursos, deben atender necesidades complejas crecientes, ocasionando un significativo desgaste personal, particularmente en su salud mental. Cuando un país reduce la inversión en su gente, compromete también su crecimiento económico, su competitividad y su cohesión social.
El más reciente Informe del Estado de la Educación evidencia que el sistema aún no logra recuperar plenamente los aprendizajes perdidos durante la pandemia y mantiene importantes rezagos en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Persisten, además, profundas brechas entre estudiantes según su condición socioeconómica y el territorio donde viven.
Mientras otras naciones aceleran la formación en inteligencia artificial, innovación y competencias digitales, Costa Rica continúa intentando recuperar aprendizajes básicos y reducir el abandono escolar.
La salud constituye otro desafío creciente. Los problemas de salud como ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación, conductas suicidas y consumo de sustancias requieren una atención oportuna que no siempre está disponible. La prevención ha cedido espacio frente a la atención de la enfermedad, cuando precisamente la adolescencia ofrece la mayor oportunidad para intervenir antes de que los problemas se consoliden.
La encuesta más reciente del IAFA confirma que el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva de mayor consumo entre estudiantes de secundaria y que la edad de inicio se mantiene alrededor de los 12-13 años. Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas entre la población joven y rechazar proyectos como el que busca financiar el deporte con propaganda de alcohol en los espacios deportivos. Ocurre algo similar con la pretendida normalización del consumo de marihuana y la invisibilización de sus grandes riesgos, particularmente en adolescentes.
El empleo representa otra deuda pendiente. Aunque algunos indicadores laborales muestran mejoría, las personas jóvenes siguen enfrentando mayores dificultades para acceder a su primer trabajo. La informalidad, la precariedad laboral y la falta de experiencia limitan sus posibilidades de independencia económica. Muchos estudian más que generaciones anteriores, pero encuentran menos oportunidades para desarrollar su potencial.
Se dan situaciones en extremo absurdas como que, para ser empleado por primera vez, hay que tener experiencia y pagar su propio seguro, lo que, en el caso de los jóvenes, es la mayor distorsión: no poseen recursos pues no tienen empleo.
La desigualdad profundiza todas estas brechas. El lugar donde nace un joven, el ingreso de su familia, la calidad de la educación que recibe o el acceso a conectividad continúan determinando buena parte de sus oportunidades. En Costa Rica, el talento está distribuido en todo el territorio; las oportunidades, lamentablemente, no.
Las consecuencias trascienden el ámbito social. El aumento de la violencia y el crecimiento del crimen organizado encuentran terreno fértil donde disminuyen las oportunidades educativas, culturales, deportivas y laborales.
Por eso, la mejor política de seguridad comienza mucho antes de la acción policial. Empieza en una escuela de calidad, en una beca que evite la deserción, en un centro de salud accesible, en programas culturales y deportivos, en oportunidades de empleo y en comunidades capaces de proteger a sus adolescentes. Invertir en juventud no constituye un gasto: es la inversión pública con mayor retorno económico, social y democrático.
Las personas jóvenes no son únicamente el futuro del país; son su presente. Estudian, trabajan, emprenden, innovan y sostienen buena parte del desarrollo nacional. Sin embargo, continúan enfrentando un Estado que les exige competir en un mundo cada vez más complejo mientras reduce las herramientas necesarias para hacerlo.
El Día Internacional de la Juventud debería convertirse en una oportunidad para rendir cuentas sobre cuánto estamos haciendo para garantizar educación de calidad, atención en salud, empleo digno, protección social y esperanza a las nuevas generaciones.
Mientras miles de jóvenes abandonen las aulas, esperen atención en salud mental, enfrenten dificultades para conseguir un empleo digno o vean limitado su futuro a causa de la desigualdad, la pregunta seguirá siendo inevitable: ¿qué estamos celebrando realmente este Día Internacional de la Juventud?
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra, fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años y miembro de la Academia Nacional de Medicina.
