En una casa de La Paz, Bolivia, había dinero. Mucho: más de medio millón de bolivianos, dólares, euros, documentos y equipos electrónicos. Y algo casi novelesco: una pequeña granja de bots, así descrita por la Fiscalía. Billetes y cuentas artificiales: dos formas de poder en una misma fotografía judicial.
La cifra merece que nos detengamos en ella. En Bolivia, el salario mínimo de 2026 es de 3.300 bolivianos. Medio millón equivale a más de 151 salarios mínimos: 12 años y medio de trabajo de quien cobrara el mínimo sin gastar un centavo en comida, vivienda, transporte o familia. Doce años y medio en una habitación. Determinar la ilicitud del dinero corresponde a la investigación boliviana. Pero preguntar de dónde salió importa para quien vive entre buses, mercados, alquileres y cuentas por pagar.
Junto al dinero, estaban las máquinas. La Fiscalía habló de una “minigranja de bots”. El hallazgo resuena porque Cerimedo, que así se apellida el detenido –quien fue asesor electoral del presidente Javier Milei–, en 2023 dijo disponer de cerca de 50.000 cuentas artificiales solo para Argentina y otras para Chile, usadas –según explicó– para monitorear conversaciones y dar relevancia a contenidos.
También dijo que muchas cuentas servían para social listening. En todo caso, se trataría de 50.000 voces que no pertenecen a ninguna persona y que dejan una pregunta que rebasa al personaje: ¿qué le ocurre a una democracia cuando ya no sabe si la multitud que escucha existe?
Antes, seguíamos el dinero
Hace una década, América Latina aprendió otra frase: follow the money. Siga el dinero. Odebrecht construía carreteras y represas mientras, a la vez, levantaba otra arquitectura: la División de Operaciones Estructuradas.
El nombre tenía la frialdad de lo que parece normal porque alguien lo puso en una hoja de cálculo. Según la acusación presentada en Estados Unidos, Odebrecht y sus coconspiradores pagaron más de $788 millones en sobornos en Brasil y en otros 11 países. El Departamento de Justicia describió operadores, sociedades offshore, cuentas bancarias y sistemas para ocultar pagos. Era corrupción industrializada: no un sobre bajo la mesa, sino una estructura.
La primera lección fue clara: ningún país podía descubrir esa infraestructura delictiva por sí solo. El dinero podía salir de Brasil, pasar por una sociedad extranjera, atravesar un banco en un tercer Estado y terminar en un cuarto. Las fronteras protegían a los Estados, pero también a quienes aprendieron a utilizarlas.
Hicieron falta fiscales brasileños, autoridades estadounidenses, investigadores suizos, asistencia judicial, periodistas que unieran cabos y registros bancarios. Odebrecht demostró que la corrupción se había globalizado antes que la justicia.
Ahora, debemos seguir también la mentira
El mundo cambió. El poder ya no compra solo funcionarios: también compra atención. No necesita alterar una licitación; puede alterar una conversación. Su materia prima es la percepción. Un ejército digital no lleva uniforme: son perfiles que parecen ciudadanos y repiten una idea hasta confundir repetición con consenso.
Una persona abre su teléfono. Ve 20 mensajes diciendo que todos están indignados; luego cien, luego mil. Quizá piensa: “Si todo el mundo lo dice, debe ser cierto”. Pero, tal vez, “todo el mundo” eran 20 máquinas. Esa manipulación no censura: altera el paisaje dentro del cual pensamos.
La OCDE advierte de que la información falsa o engañosa puede intensificar la polarización, distorsionar el debate y deteriorar la confianza. Además, lo indignante captura atención, y la atención es dinero.
Así se empobrece una democracia sin cerrar el Parlamento: el adversario miente, el periodista conspira, el juez persigue. El vecino deja de pensar distinto y pasa a ser “uno de ellos”. Entonces, la mentira concreta casi es secundaria porque ya se habrá destruido el espacio común donde todavía podíamos discutir qué era verdad. En ese punto, se cooptan o eliminan instituciones, mientras unos cuantos monetizan.
El hombre que parecía saber cómo funcionaba el mundo
Cerimedo construyó una imagen pública de éxito: consultor internacional, estratega digital, empresario, hombre de campañas presidenciales. Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Honduras. Hablaba de algoritmos y de métricas. En 2023 calculó sus honorarios entre $50.000 y $100.000 mensuales, más gastos. Su mercancía era la atención.
Y, entonces, la fotografía cambió. En agosto de este año, fue detenido en Bolivia y enviado a detención preventiva mientras se investiga una grave agresión contra su expareja, Nadia Beller, quien también denunció episodios anteriores de violencia.
Cerimedo niega los hechos y su defensa cuestiona las acusaciones. No existe sentencia condenatoria. La presunción de inocencia es una conquista civilizatoria; reconocerla no obliga a silenciar una denuncia. La democracia debe escuchar a quien afirma haber sido víctima y garantizar un juicio justo al acusado.
Sin embargo, cuesta mirar al hombre público y al privado en una misma página. El consultor conoce presidentes; el estratega promete controlar la conversación de un país. Luego una puerta se cierra y empieza el territorio que nadie ve.
No corresponde afirmar lo que aún se investiga, pero sí preguntar: ¿por qué creemos que la violencia en una relación pertenece solo al mundo privado?
El poder no cambia de naturaleza al atravesar la puerta de una casa. Dominación, intimidación, silenciamiento, miedo: cuando existen, siguen siendo formas de poder. Hoy, además, ciertos exabruptos privados antes vergonzantes comienzan a legitimarse a plena luz.
Odebrecht compraba silencios; el nuevo poder fabrica ruido
Hay una diferencia fundamental entre las dos épocas. Odebrecht necesitaba silencio: transferencias, intermediarios, funcionarios, cuentas secretas. Las nuevas industrias de manipulación necesitan lo contrario: ruido. Miles de mensajes. Un enemigo cada mañana. Una teoría conspirativa para cada explicación compleja. Una mentira más rápida que su desmentido. Un espectáculo cada semana. Hasta que la ciudadanía se agota. Ese agotamiento enferma a la democracia: no hace falta prohibir votar. Basta con que ya no parezca valer la pena hacerlo; que no se pueda averiguar qué es cierto; que todo parezca propaganda, que la evidencia se convierta en montaje y cada sentencia se mida por quién gana. Se pierde la confianza mínima para convivir con quien piensa distinto.
Las fronteras se vuelven pequeñas
Aquí reaparece Odebrecht. No porque Odebrecht y Cerimedo integren una misma organización: no hay evidencia de ello. La comparación es otra. Odebrecht reveló una red transnacional de dinero y corrupción; las investigaciones sobre operadores digitales muestran posibles redes de influencia, sociedades, contratos y tecnología.
Cerimedo ha actuado públicamente en varios países. En Brasil, la Policía Federal lo incluyó en su investigación sobre las “milicias digitales” posteriores a las elecciones de 2022. Él ha rechazado imputaciones y explicado parte de su actividad como consultoría legítima.
Ambas cosas deben decirse. Pero el problema permanece: una empresa en Argentina, una transferencia en Bolivia, un servidor en Estados Unidos, una campaña en Brasil, una contratación ligada a México y miles de cuentas en varios países. ¿De quién es el caso? De todos.
Una fiscalía sola ya no alcanza
Por eso, la cooperación judicial internacional dejó de ser un capítulo aburrido de los manuales jurídicos y es una necesidad democrática. Hay que seguir el dinero, pero también sociedades, contratos, beneficiarios finales, dominios, dispositivos, servidores, metadatos, cuentas artificiales y flujos de información.
Una transferencia puede explicar quién pagó; un teléfono, quién habló con quién; un servidor, desde dónde se administraba una estructura; una sociedad, quién estaba detrás de un contrato. Cada nodo puede estar en un sitio diferente. Ninguna pieza prueba sola un delito. Juntas, pueden revelar una historia o descartar la sospecha. Ambas posibilidades exigen investigar bien.
Por eso importa tanto quién investiga
Y allí Odebrecht y Cerimedo comparten una pregunta: ¿quién investiga al poderoso? ¿Quién pide movimientos bancarios, preserva servidores o solicita cooperación a otro Estado? ¿Quién dice que no hay delito cuando la opinión pública exige una cabeza? ¿Y quién sostiene que sí puede haberlo frente a alguien con contactos importantes capaces de basurear una carrera?
Para eso hace falta independencia: fiscal, judicial y periodística. Un Ministerio Público independiente. Una Policía profesional. Una defensa libre. Periodistas capaces de preguntar. Jueces y juezas que no miren hacia la puerta antes de firmar.
La independencia no protege privilegios: protege a la ciudadanía. Al acusado frente a la arbitrariedad. A la víctima frente al poderoso. Al gobernante para que actúe conforme a la ley y a quien lo denuncia cuando quien gobierna se aparta de ella. Sobre todo, cuando aún no sabemos quién dice la verdad.
La escena final
Volvamos a aquella casa de La Paz. Sobre una mesa, hay dinero. En algún lugar, equipos electrónicos que la Fiscalía deberá peritar. Afuera, periodistas. En Internet, miles ya dictaron sentencia. Unos creen todo; otros, nada. Entre credulidad y cinismo, desaparece la ciudadanía crítica. Sin ella, no hay democracia, apenas bandos.
Odebrecht nos enseñó a seguir el dinero a través de las fronteras. Ahora debemos seguir también datos, cuentas, contratos, algoritmos, mentiras y las manos que las multiplican. Hacerlo sin persecuciones ni juicios anticipados; sin convertir sospechas en condenas, ni poder en impunidad.
Para eso, inventamos los sistemas de justicia: no para confirmar lo que deseamos creer, sino para descubrir, con pruebas, lo ocurrido. Las redes y el dinero cruzan fronteras. La mentira vuela y en segundos conquista el mundo. Y queda una pregunta: ¿serán capaces la verdad y la justicia de trascenderlas también?
rosaura.chinchilla@gmail.com
Rosaura Chinchilla Calderón es abogada y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).