El sector público se ha convertido en una versión tropical de la famosa serie The Walking Dead: un creciente número de instituciones han perdido su razón de ser, pero se mantienen como muertos vivientes debido, en muchos casos, a negocios que les brinda el mismo Estado. Por supuesto, como en toda distopía zombi, son los vivos —en este caso los contribuyentes— quienes terminan vampirizados.
Veamos varios ejemplos. Un estudio reciente de la Contraloría encontró que casi el 60 % de los alimentos vendidos por el Consejo Nacional de Producción (CNP) a las escuelas es más caro que los que se encuentran en los supermercados. El CNP hace clavos de oro con los centros educativos porque la ley los obliga a comprarle la comida a dicho ente estatal. Como si esos leoninos márgenes de intermediación no fueran poco, el CNP también ha recibido transferencias del Gobierno Central por más de ¢12.000 millones en los últimos años.
Otro zombi es Racsa, cuyas pérdidas operativas fueron ¢56.600 millones entre el 2010 y 2015. Sin embargo, a partir de ese año, encontró la salvación financiera con un aumento exponencial de contratos con otras instituciones públicas. Eso no tendría mayor inconveniente si Racsa ganara licitaciones públicas, pero como reportó hace poco La Nación, la mayoría de las adjudicaciones se han hecho de manera directa.
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Ese modelo se intentó poner en práctica con Bancrédito, al cual se le asignó el cobro del impuesto de salida y, en sus últimos coletazos, se contempló arrimarle más negocios del Estado para rescatarlo. Por suerte, ya era muy tarde y ese zombi pasó a mejor vida. En el caso de Japdeva, no sorprende que el gobierno también rehúse proponer su cierre, que es lo que corresponde. Más bien, anunció el giro de ¢1.966 millones para hacer estudios de prefactibilidad para determinar si se le pone a operar una terminal de cruceros, una marina y un parque industrial.
Mantener este sector público zombi explica en gran medida por qué el país es tan caro, puesto que el costo de las intervenciones innecesarias recae sobre los costarricenses vía impuestos y tarifas de servicios infladas. No es una conversación ociosa. Reactivar la economía requiere de una agenda integral de cierre de instituciones que ya dejaron de cumplir su propósito.
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El autor es analista de políticas públicas.
