El giro electoral del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos puede obligar a explicar acuerdos migratorios, decisiones diplomáticas y proyectos tecnológicos que Costa Rica conoce solo a medias:
Los acuerdos migratorios bajo escrutinio
En febrero de 2025, 200 personas expulsadas de Estados Unidos llegaron a Costa Rica sin acusación penal, pero privadas de libertad, incluidas niñas y niños. Nuestro país se convirtió en escala de una política decidida en Washington. El encierro en Corredores llegó a la Sala Constitucional, que el 24 de junio ordenó definir la situación individual y liberar a las personas amparadas (sentencia 2025-19485).
El 23 de marzo de 2026, durante la visita de Kristi Noem, el gobierno de Rodrigo Chaves acordó recibir hasta 25 nacionales de terceros países por semana, con posibilidad de rechazar traslados (Córdoba & Janetsky, 2026). Al 2 de octubre, habían llegado 478 personas en 23 vuelos, distintas de las 200 de 2025 (Mora, 2026).
Antes, dos senadores habían pedido cuentas. El 31 de julio de 2025, Tim Kaine propuso exigir información sobre el trato, las garantías contra devoluciones peligrosas y las transacciones vinculadas (S.Res.353; Kaine, 2025).
El 4 de agosto, Jeanne Shaheen pidió a Marco Rubio los instrumentos pactados con Costa Rica y Panamá e invocó la Ley Case-Zablocki, aplicable también a ciertos instrumentos no vinculantes (Shaheen, 2025).
Los demócratas controlarán ambas cámaras desde el 3 de enero de 2027. Trump conserva la presidencia, pero sus opositores dirigirán comisiones fiscalizadoras. Eso puede incidir en acuerdos migratorios, compromisos reservados y explicaciones de la Embajada estadounidense.
La ruta del dinero
El informe At What Cost?, de la minoría demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, consignó US$9,5 millones de asistencia a Costa Rica para deportaciones. Según funcionarios del Departamento de Estado allí citados, recibir a nacionales de terceros países influyó en ese apoyo (2026, p. 24).
Publicado antes del convenio de marzo, no demuestra pagos por persona ni detalla el destino total del dinero; tampoco expresa conclusiones del Senado pleno. El 5 de noviembre, dirigentes demócratas anunciaron investigaciones que incluyen a ICE (Associated Press, 2026b). No versan específicamente sobre Costa Rica, pero anticipan mayor escrutinio.
El secreto de Estado frente a dos controles
La relación bilateral plantea más preguntas. El 19 de setiembre, el entonces canciller, Manuel Tovar, reconoció compromisos de seguridad con Estados Unidos –escritos, verbales y en desarrollo, mantuvo parte en confidencia y negó una propuesta formal de operaciones militares estadounidenses en el país (Granados, 2026).
El decreto 45870-MSP, publicado el 10 de agosto, extendió la reserva a información de órganos de seguridad e inteligencia, coordinaciones presidenciales, tecnología, contratos, presupuestos y acuerdos, invocando cooperación internacional. La reforma del 19 de octubre excluyó contratación ordinaria, ejecución presupuestaria general y fiscalización financiera, pero persiste la opacidad (decretos 45870-MSP y 45962-MSP, 2026).
Un compromiso bilateral deja rastros en dos capitales. Lo reservado en San José puede convertirse en pregunta parlamentaria en Washington. Una comisión puede solicitar comunicaciones y desembolsos a su gobierno sin derogar el decreto costarricense, aunque hay límites: privilegios del Ejecutivo y consultas reservadas o audiencias cerradas (Servicio de Investigación del Congreso, 2026). Las elecciones no abren automáticamente archivos, pero aumentan la presión.
La Embajada también debe dar cuentas
La Embajada en San José sigue bajo dirección del Ejecutivo estadounidense (22 USC § 3927), pero sometida a control legislativo. El Departamento de Estado debe informar a las comisiones de política exterior y suministrar información dentro de su competencia (22 USC § 2680). Lo que puede cambiar es la intensidad del control.
El Congreso puede convocar a personal de embajadas, pedir explicaciones y visitar misiones diplomáticas (Departamento de Estado, 2022). Podría preguntar qué se ofreció a Costa Rica, cómo se ejecutó y bajo qué controles.
Esto importa para las visas canceladas a políticos y funcionarios costarricenses. Marco Rubio anunció el 4 de setiembre de 2025 restricciones para centroamericanos que, actuando deliberadamente “en nombre del Partido Comunista Chino”, socavaran el Estado de derecho (Rubio, 2025). Revocar una visa no prueba corrupción: es una decisión soberana. Pero el silencio y otras políticas de sanciones alimentaron dudas, especialmente sobre magistraturas nacionales.
La Embajada invocó confidencialidad sobre revocaciones –algunas anteriores a ese anuncio–, pero el 29 de setiembre desmintió rumores sobre visas de jerarcas del Ejecutivo (Astorga, 2026).
El manual del Departamento de Estado permite entregar registros de visas a comisiones o subcomisiones del Congreso, mediante solicitud escrita de su presidencia o del principal integrante de la minoría para fines legislativos (9 FAM 603.2-5). La confidencialidad ante la prensa no blinda el expediente frente al Congreso.
La diplomacia de los chips
El control puede alcanzar la diplomacia tecnológica. Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y exasesor de la dirección de Palantir, lanzó Pax Silica en diciembre de 2025. La iniciativa busca cadenas confiables de minerales, energía, semiconductores y centros de datos para proteger tecnologías críticas (Departamento de Estado, 2026; Declaración Pax Silica, 2025).
Costa Rica se incorporó en la cumbre de Washington del 25 y 26 de junio de 2026, tras negociaciones de Tovar con Comex y Micitt. Firmó la Declaración Pax Silica y otra sobre oportunidades de inteligencia artificial, investigación y capital privado (Ministerio de Relaciones Exteriores; Departamento de Estado, 2026). Los compromisos políticos no prueban contratos ni inversiones ejecutadas.
Helberg había vinculado Pax Silica con infraestructura de IA, exportaciones, financiación y regulación ante la Cámara de Representantes en febrero (Helberg, 2026). En julio, Comex expuso objetivos generales sin precisar obligaciones particulares (Soto Morales, 2026). La adhesión es pública; su ejecución exige explicaciones.
Palantir, empresa de análisis de datos, también ha sido interrogada por el Congreso. En junio de 2025, Wyden, Ocasio-Cortez y otros legisladores solicitaron información sobre posible integración de datos tributarios con otros registros. En abril de 2026, Goldman, Velázquez y Wyden preguntaron a Seguridad Nacional e ICE por contratos, conservación de datos y eventual vigilancia de periodistas y manifestantes (Wyden et al., 2025; Goldman et al., 2026).
La trayectoria de Helberg amerita examinar posibles conflictos de interés. Más escrutinio estadounidense reforzaría aquí las preguntas sobre proveedores, auditorías y protección de datos.
El presupuesto también presiona
Para el año fiscal 2026, el Congreso prevé US$40 millones para control de narcóticos y aplicación de la ley en Costa Rica y US$10 millones de financiamiento militar extranjero (Congreso de Estados Unidos, 2026). La nueva mayoría podría promover condiciones de transparencia y derechos humanos en partidas futuras, sujetas a negociación legislativa.
Los asuntos opacos en Costa Rica podrían aclararse con preguntas desde Washington, según las prioridades del Congreso y los límites jurídicos. Pero no deberíamos esperar que los documentos aparezcan allá para reclamarlos aquí.
Controlar a nuestras autoridades es nuestra responsabilidad, también mediante las acciones sobre secreto de Estado ante la Sala Constitucional. Quizá los nuevos vientos ayuden, pero no sustituyen esa tarea.
rosaura.chinchilla@gmail.com
Rosaura Chinchilla Calderón es abogada y docente.