El domingo 15 de noviembre, durante una fiesta de espuma organizada en el hotel Fiesta Resort, viví un momento de enorme angustia: mi hijo estuvo a punto de ahogarse durante su paseo de graduación de sexto grado. En medio de la espuma y el agua, se produjo una situación de peligro. Desesperada, grité y tuve que buscarlo con ayuda de una manguera que dispersaba agua en el lugar. Otro niño también tuvo que ser trasladado a Emergencias.
Lo más preocupante fue la reacción de los encargados de la actividad: no me ayudaron a buscar a mi hijo ni detuvieron la música o suspendieron el evento, pese al riesgo para los menores. Fueron otras familias las que me auxiliaron y una de ellas logró rescatarlo.
Posteriormente, un encargado del hotel manifestó que, en su criterio, lo sucedido no ameritaba apagar la fiesta y que se trataba de un “margen de error”. ¿De qué margen de error hablamos cuando está en juego la vida de un niño? Lo ocurrido pudo haber terminado en una tragedia irreparable.
Ninguna actividad recreativa puede estar por encima de la seguridad de las personas, mucho menos cuando se trata de menores. Lo que correspondía hacer era detener inmediatamente el evento, activar los protocolos de seguridad y garantizar que todos estuvieran a salvo.
Escribo no solo como una madre que vivió una experiencia aterradora, sino también como ciudadana que considera inaceptable que situaciones de esta naturaleza se minimicen. El hotel Fiesta Resort debe revisar sus procedimientos, establecer directrices claras para atender emergencias y garantizar personal suficiente y capacitado.
No podemos esperar a que ocurra una muerte para comprender la gravedad de lo sucedido. Los niños van a estos lugares a disfrutar, no a depender de la suerte para salir sanos y salvos.
Jennifer Chanto Ruiz, Montes de Oca
Gobierno sin integridad
En setiembre de 2022, al inicio del gobierno de Chaves, señalé en un artículo, en este mismo espacio, que había múltiples señales, tanto del presidente como de sus ministros, diputados, mandos medios e incluso alcaldes, que auguraban prácticas de opacidad que no debían permitirse, pues socavan las bases de nuestra democracia y nuestro contrato social.
Lamentablemente, esas prácticas se han agravado en el gobierno de la continuidad, de Laura Fernández, particularmente en lo que respecta a la observancia de los principios de transparencia, ética e integridad, así como al abuso de poder, el respeto a la legalidad y la aplicación de las normas anticorrupción.
Es vergonzosa e inaceptable la cantidad de escándalos relacionados con malas prácticas en nombramientos, contrataciones, conflictos de intereses, clientelismo y financiamiento partidario, entre otros.
La ciudadanía costarricense debe exigir que el poder rinda cuentas para preservar nuestra democracia y recuperar el Estado de bienestar; es decir, los derechos humanos que el chavismo está destruyendo, al mejor estilo de los populismos autoritarios de derecha.
Cecilia Cortés Quirós, Escazú
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