Una prueba de ADN realizada hace más de dos décadas permitió confirmar un vínculo biológico de paternidad en Costa Rica con un grado de probabilidad del 99,999806860625%, pero el reconocimiento legal no se concretó debido a decisiones judiciales. En consecuencia, el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó una violación de derechos humanos por parte del Estado costarricense.
Ante esta situación, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Registro Civil rectificar la inscripción de nacimiento de una persona identificada con las iniciales S.J.M., para que J.D.A. figure oficialmente como su padre biológico.
La decisión consta en el acta N.° 93-2026 del TSE y responde a una solicitud presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el 27 de octubre de 2026.
El caso se remonta a un proceso judicial de reconocimiento de paternidad. Inicialmente, los tribunales de familia rechazaron la solicitud por falta de pruebas suficientes.
Posteriormente, en el 2003, un examen de ADN determinó una altísima probabilidad de paternidad, según el dictamen elaborado por la Sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses.
Pese a ese resultado, la jurisdicción de familia volvió a rechazar la pretensión debido al principio de cosa juzgada, que impide reabrir determinados procesos judiciales resueltos mediante una sentencia firme. Esta situación llevó a los afectados a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
CIDH pidió a Costa Rica garantizar el reconocimiento de paternidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso contra Costa Rica, identificado con el número 12.800.
En su informe de fondo, la Comisión concluyó que el Estado debía adoptar medidas para lograr el reconocimiento de S.J.M. como hijo de su progenitor y garantizar los derechos derivados de esa identidad, incluidos los patrimoniales.
La directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Natalia Córdoba Ulate, trasladó el caso al TSE.
En el documento, solicitó valorar la posibilidad de utilizar la Ley de Paternidad Responsable para resolver el reconocimiento mediante un procedimiento administrativo.
Los peticionarios consideraron esta alternativa debido al tiempo transcurrido desde el inicio de las gestiones judiciales y a la existencia de una prueba científica positiva desde el 2003.
TSE explica por qué puede modificarse el Registro Civil
Para fundamentar su decisión, el Tribunal Supremo de Elecciones tomó en cuenta una resolución de la Sala Constitucional del 2007, identificada con el número 11158-2007.
En ese fallo, la Sala estableció que el principio de cosa juzgada puede ceder frente al derecho fundamental de una persona a conocer quiénes son sus padres.
Según ese criterio, una prueba científica capaz de demostrar la paternidad permite reabrir la discusión sobre la filiación, independientemente del tiempo transcurrido.
El TSE también recordó que el Registro Civil tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la veracidad de los datos relacionados con la identidad de las personas.
Por esa razón, consideró necesario corregir una inscripción de nacimiento cuando existe evidencia científica suficiente para demostrar un vínculo biológico que no aparece registrado.
El Tribunal determinó que el caso cuenta con fundamentos constitucionales, convencionales y científicos para proceder con la modificación administrativa.
Derechos patrimoniales deberán ser ventilados en tribunales
Con base en esos antecedentes, el TSE instruyó a la Dirección General del Registro Civil a realizar las gestiones necesarias para rectificar la inscripción de nacimiento de S.J.M.
El cambio deberá establecer oficialmente que J.D.A. es su padre biológico, conforme a los resultados del examen genético.
Una vez completada la modificación, el Registro Civil deberá emitir una certificación y remitirla al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como parte de las actuaciones relacionadas con el caso internacional.
No obstante, el Tribunal aclaró que esta decisión no anula las sentencias judiciales anteriores, pues corresponde a una modificación propia de las funciones del Registro Civil.
También precisó que los posibles derechos patrimoniales derivados del reconocimiento, como eventuales reclamaciones económicas o sucesorias, deberán ser determinados por los tribunales ordinarios.
La resolución busca atender las recomendaciones de la CIDH y evitar que continúe la vulneración de derechos identificada por ese organismo internacional.