El 60,2% de la población está en desacuerdo con que el gobierno tenga derecho a pagar publicidad a medios que respalden sus posiciones políticas.
Así lo revela la IV Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en los Medios de Comunicación de Costa Rica, divulgada este miércoles.
El 35,2% dijo estar de acuerdo o muy acuerdo con que ese tipo de pago por parte del gobierno. El 4,6% mantuvo una posición neutral.
Aunque esta pregunta se realizó por primera vez en la encuesta de este año, en 2025 se consultó a las personas sobre su posición frente al uso político de la pauta estatal para premiar o castigar a los medios de comunicación según sus líneas editoriales.
En esa ocasión, el 74,8% manifestó estar en desacuerdo con esa práctica, mientras que el 25,2% dijo estar de acuerdo.
El estudio fue elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), con el apoyo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Los investigadores concluyen que, aunque la pregunta cambió, la mayoría de la ciudadanía continúa rechazando que la publicidad estatal se asigne con criterios políticos.
La Sala Constitucional condenó al Banco Popular (BP) y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por tomar represalias contra el programa El Chinamo de Teletica, en diciembre del 2024, debido al contenido crítico del Chinaoke, un segmento de parodias sobre la situación del gobierno y de Costa Rica.
Los resultados se circunscriben a la población mayor de edad con acceso a teléfono celular, que en el caso de Costa Rica ronda el 98%. Se realizaron 993 entrevistas telefónicas entre el 2 y el 14 de setiembre.
Difícil acceso a la información pública
El 65,8% de las personas que solicitaron información pública a instituciones durante los últimos 12 meses reportó dificultades para acceder a ella, mientras que el 34,2% indicó no haber enfrentado problemas.
Este grupo representa el 15,2% del total de personas encuestadas. En contraste, el 84,8% afirmó no haber solicitado información pública a instituciones durante ese periodo.
Entre las personas que enfrentaron dificultades al tramitar solicitudes de información pública en 2026, la negativa institucional constituyó el obstáculo predominante: más de la mitad, un 56,8%, señaló que la entidad correspondiente no quiso entregarle el documento o los datos requeridos.