Costa Rica podría tener que pagar aproximadamente $470 millones (¢213.000 millones) a la concesionaria Globalvia cuando finalice el contrato de la ruta 27, en 2033, debido a una modificación contractual acordada en 2015 que obliga al Estado a reconocer un eventual saldo pendiente de pago.
Así lo advirtió el consultor financiero Federico Villalobos Carballo, durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el jueves 29 de octubre.
Según el análisis presentado por Villalobos, el monto corresponde a una proyección financiera sobre el saldo que quedaría pendiente al finalizar la concesión. De concretarse ese escenario, el Ministerio de Hacienda tendría que realizar el desembolso dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del contrato.
La obligación se deriva de un acuerdo conciliatorio firmado en 2015 entre el Estado y la concesionaria, mediante el cual se incorporaron $43 millones adicionales, expresados en dólares del año 2000, al valor presente de ingresos (VPI) establecido originalmente para el proyecto.
Con esa modificación, el monto total que debe amortizarse mediante la recaudación de peajes pasó de $258 millones a aproximadamente $301 millones, calculados en valores del año 2000.
Villalobos explicó que, bajo el esquema original de la concesión, el contrato debía concluir cuando se alcanzara el monto de ingresos establecido o cuando venciera el plazo máximo, en 2033, lo que ocurriera primero.
Sin embargo, el acuerdo de 2015 incorporó una condición distinta para los recursos adicionales: si al finalizar la concesión no se ha amortizado la totalidad del monto, el Estado deberá cancelar la diferencia.
¿Cómo se calculan los $470 millones?
El consultor explicó que el contrato de la ruta 27 utiliza un mecanismo denominado valor presente de ingresos, mediante el cual la recaudación de peajes se convierte a dólares del año 2000 para determinar cuánto se amortiza del monto establecido.
Este cálculo incorpora una tasa de descuento que reduce progresivamente el valor de los ingresos recaudados cuando se expresan en la moneda de referencia del contrato.
De acuerdo con las cifras expuestas ante los diputados, en 2010 el 61% de los ingresos por peajes se contabilizaba como amortización del VPI. Para 2025, ese porcentaje se había reducido al 7% y la proyección para 2032 lo sitúa en aproximadamente un 3%.
Villalobos indicó que la carretera recauda actualmente alrededor de $100 millones anuales por concepto de peajes, equivalentes a unos ¢45.000 millones.
No obstante, el monto que se reconoce como amortización del contrato es considerablemente menor.
Según su estimación, al finalizar la concesión en 2033 se habrían amortizado aproximadamente $288 millones de los $301 millones establecidos como meta.
Esto dejaría un saldo de unos $13 millones expresados en dólares del año 2000.
El consultor explicó que, al convertir ese saldo al valor correspondiente al final del contrato mediante la tasa de descuento, el monto que tendría que desembolsar el Estado ascendería a aproximadamente $470 millones.
El especialista aclaró que se trata de una estimación sujeta al comportamiento futuro de los ingresos de la carretera.
También indicó que una eventual terminación anticipada de la concesión tendría actualmente un costo estimado de entre $650 millones y $700 millones.
Acuerdo de 2015 aumentó monto de la concesión
El acuerdo que dio origen al incremento de $43 millones se firmó para resolver una controversia entre el Estado y Globalvia por el costo de obras complementarias de la ruta 27.
Según informó La Nación en agosto de 2025, la concesionaria había presentado en 2012 una demanda arbitral por $90 millones ante el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (CICA).
El reclamo estaba relacionado con obras pendientes en la carretera entre San José y puerto Caldera, entre ellas el intercambio del Coyol, las marginales de Siquiares, Turrúcares y Rincón Chiquito, en La Guácima, así como la rampa de Balsa de Atenas.
Dos años después, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció un acuerdo conciliatorio para evitar el arbitraje, mediante el cual se reconocieron $43 millones adicionales que posteriormente se incorporaron al contrato de concesión.
El entonces ministro del MOPT, Carlos Segnini, indicó que ese monto se pagaría en cuotas hasta el vencimiento de la concesión en 2033 y que no afectaría las tarifas de los peajes a corto plazo.
Durante la audiencia legislativa de este jueves, el diputado Stephan Brunner consultó a Villalobos cuánto representaban los $43 millones adicionales en valores de 2015.
El consultor estimó que equivalían a unos $130 millones de ese año, al aplicar la tasa de descuento del contrato.
Recaudación supera los $1.000 millones
La información publicada por La Nación en agosto de 2025, con base en datos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), reveló que la concesionaria había recaudado más de $1.065 millones en peajes desde 2009.
Sin embargo, a mayo de 2025 únicamente se habían amortizado $253 millones, equivalentes al 84% del monto total establecido en el contrato.
La diferencia obedece al mecanismo de actualización financiera que obliga a convertir los ingresos de peajes a valores del año 2000, mediante una fórmula que incorpora la inflación acumulada de Estados Unidos y una tasa de rendimiento del 11,62%.
Por ejemplo, en 2009 la concesionaria recaudó $7,6 millones y amortizó $5,1 millones. En 2024, los ingresos alcanzaron $99,1 millones, pero únicamente $8,3 millones se contabilizaron como amortización.
Las proyecciones de la concesionaria, incluidas en su prospecto de emisión de bonos publicado en la Superintendencia General de Valores (Sugeval), indicaban que, de haberse mantenido el monto original de $258 millones, la carretera habría alcanzado la meta de ingresos entre finales de 2025 e inicios de 2026.
No obstante, la incorporación de los $43 millones adicionales modificó el monto total por amortizar.
En aquella publicación, Paula Reyes, quien entonces era la secretaria técnica del CNC, explicó que se esperaba completar la amortización del incremento antes del vencimiento de la concesión en 2033.
Reyes también señaló que, si para esa fecha no se había cancelado la totalidad, correspondería reconocer el saldo restante conforme a lo establecido en el contrato.