El Gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa a tres diputados de la República y a una funcionaria pública y, al parecer, también lo habría hecho con un exgerente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Primero fueron dos legisladoras del Partido Liberal Progresista (PLP), luego se dio a conocer el retiro del documento a la jefa de la Auditoría del ICE. Después, el exgerente de esa misma entidad se refirió a la aparente cancelación del suyo.
Finalmente, este martes, fue un congresista de Liberación Nacional (PLN) quien recibió la notificación de parte de la Embajada de Estados Unidos.
La anulación de las visas se da luego de que Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, advirtiera que el gobierno de Estados Unidos podría sancionar a funcionarios costarricenses que se alíen con actores extranjeros que sean considerados una amenaza para la ciberseguridad.
Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos ha retirado la visa a las siguientes personas:
-Johanna Obando: Diputada por el Partido Liberal Progresista (PLP). Investiga la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir la participación de empresas de China en la tecnología 5G. Denunció haber sido objeto de seguimientos y de amenazas de muerte.
-Cynthia Córdoba: Al igual que Obando, es diputada por el Partido Liberal Progresista (PLP). Fue mencionada en un reportaje de un noticiero, en diciembre pasado, por un supuesto vínculo con un empresario ligado a la compañía china de tecnología, Huawei, firma a la que se le impidió participar en el despliegue de la tecnología 5G.
-Ana Sofía Machuca: Auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Fue denunciada por Rodrigo Chaves por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley, todos estos hechos relacionados con contratos de la empresa pública con Huawei.
-José Francisco Nicolás: Diputado del PLN, que fue también mencionado en un reportaje de un noticiero, en diciembre, por supuestos vínculos con empresarios de Huawei.
- Por su parte, Jaime Palermo, exgerente del ICE, dijo que se enteró de su caso por los medios de comunicación, aunque no ha recibido una notificación oficial.
En su visita a Costa Rica, Rubio felicitó la política de la administración de Rodrigo Chaves de “solo permitir que los proveedores de confianza” puedan participar en los procesos de contratación para el despliegue de la red 5G. El 31 de agosto del 2023, el gobierno de Rodrigo Chaves emitió un decreto ejecutivo que excluye a las empresas chinas, como Huawei, de convertirse en proveedoras de servicios de 5G.
Controversias relacionadas
La funcionaria del ICE y las dos legisladoras tienen en común el haber estado involucradas en controversias relacionadas con la empresa china de tecnología Huawei.
Las diputadas del PLP fueron mencionadas, junto con el legislador fabricista José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), en un reportaje del canal Opa sobre reuniones con representantes de la empresa china Huawei. En ese mismo especial se mencionó al diputado liberacionista Francisco Nicolás, por supuestos vínculos con representantes de la compañía.
Sin embargo, Nicolás enfatizó que él simplemente sostuvo una reunión con Henry Ren, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei Technologies Costa Rica S. A., con el fin de ponerse al tanto sobre presuntas irregularidades que en apariencia estaban sucediendo con Radiográfica Costarricense (Racsa), que finalmente generaron una denuncia del legislador presentada en el Ministerio Público.
Luego de que esta información se hizo pública, Obando denunció temer por su vida, tras ser víctima de seguimientos y de recibir amenazas. Por este caso, la diputada fue citada a declarar ante la Fiscalía General de la República.
No obstante, Machuca aseguró que desde mayo del 2022, con el inicio de la administración de Chaves, se han dado una serie de decisiones políticas y regulatorias que han “limitado” la capacidad del ICE para desarrollar su red 5G, lo que atenta su continuidad de negocios.
Según la funcionaria, en vista de esta situación la Auditoría Interna ha investigado y evidenciado presuntas irregularidades en la gestión y actuaciones de la Administración Superior del ICE, “en sometimiento a intereses de actores políticos, en torno a potenciales proyectos tecnológicos claves para el país” que representan inversiones superiores a los $700 millones.
Relató que esta situación ha suscitado intensos debates geopolíticos sobre la influencia de empresas internacionales como Huawei y Cisco en torno a la seguridad y la soberanía tecnológica nacional, “estableciendo limitaciones que sugieren que los intereses privados pueden estar pesando más que las necesidades sociales y económicas del país y que existe una estrategia deliberada para debilitar al operador estatal y apropiarse de sus recursos y mercado”.
A Machuca Flores el gobierno le atribuye presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley. Por su parte, a Huawei Technologies Costa Rica S. A. lo vinculan con supuestos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
La denuncia también incluye a Yang Peng, apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica, por los mismos delitos que se le achacan a la empresa.
La funcionaria del ICE resaltó el rol que su oficina viene realizando desde el año 2017 y hasta la fecha, exponiendo de manera pública y fundamentada “las diversas amenazas que han puesto en riesgo la continuidad de los negocios del ICE, así como su soberanía administrativa y tecnológica”.
Igualmente, afirmó que la Auditoría Interna se mantendrá firme en su labor de vigilancia y en el ejercicio de sus funciones, “sin ceder ante presiones externas, no bajaremos los brazos ni permitiremos que denuncias agraviosas, amenazas, insultos o patrones de hostigamiento y violencia nos desvíen de nuestro propósito”.