Este fondo cubre a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y, desde el 2023, la Universidad Técnica Nacional (UTN).
¿Qué establece la Constitución sobre el FEES?
El artículo 85 indica que el Estado debe dotar de patrimonio propio a las universidades públicas. También señala que los recursos del FEES no pueden reducirse, salvo que se creen ingresos equivalentes que los sustituyan.
Una reforma aprobada en 1981 mediante la ley 6.580 definió la distribución inicial del fondo. En ese momento, se asignó un 59% a la UCR, un 11,5% al Tec, un 23,5% a la UNA y un 6% a la UNED. Con el paso del tiempo, estos porcentajes cambiaron, especialmente tras la incorporación de la UTN.
¿Cómo se negocia el FEES?
El monto anual del FEES se define en la Comisión de Enlace, un órgano integrado por representantes del Gobierno y rectores universitarios.
En esta instancia participan jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), la Presidencia y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). También interviene un representante estudiantil.
Si surge un desacuerdo sobre el presupuesto, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de resolver el conflicto.
¿Para qué sirve el FEES?
Los recursos del FEES financian funciones esenciales de las universidades públicas. Entre ellas destacan la docencia, la investigación y la acción social.
El fondo también cubre programas de becas, desarrollo de infraestructura y proyectos que fortalecen sectores productivos mediante investigación aplicada.
El Banco Central de Costa Rica administra estos recursos. Cada mes traslada una doceava parte del total a las universidades, según la distribución acordada.
¿Por qué es importante el FEES?
El FEES sostiene el funcionamiento del sistema universitario estatal. Permite el acceso a la educación superior y respalda iniciativas académicas y científicas que impactan al país.
Su carácter constitucional lo convierte en un elemento clave dentro del financiamiento público de la educación superior.
