La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) planteó al Gobierno reanudar el convenio con Procomer, para la atracción de inversión extranjera directa (IED), con un nuevo modelo de financiamiento que implicaba reducir el aporte estatal de $3,7 millones a $1,5 millones anuales durante los próximos dos años.
La propuesta fue enviada por Eric Scharf Taitelbaum, presidente de Cinde, al presidente de la República, Rodrigo Chaves, el pasado 17 de mayo, luego de que el Gobierno decidió romper el convenio alegando problemas presupuestarios.
Antes de la ruptura, Cinde recibía aportes de Procomer, del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La propuesta de Cinde planteaba mantener ese esquema durante el 2023 y, luego, hacer un cambio para el 2024 y el 2025.
Este año, Cinde contaba con un presupuesto de $5,9 millones financiados de la siguiente forma:
- $2,5 millones de Procomer (47%)
- $1,2 millones del Ministerio de Comercio Exterior (Comex, 20%)
- $1,5 millones de Cinde (26%)
- $430.000 del Instituto Costarricense de Turismo (7%).
Para los dos años siguientes, Cinde propuso al mandatario bajar sustancialmente el aporte estatal: en vez de los aportes de Procomer y del Comex, pidió recibir un 5% del canon de las empresas de zona franca.
Ese porcentaje equivale a casi $1,5 millones, tomando en cuenta que el año pasado Procomer recaudó $29,5 millones de las zonas francas.
El canon es un pago parafiscal que hacen las empresas de zonas francas a la Promotora por cada declaración aduanera de exportación e importación. Del mismo modo, las empresas bajo el régimen especial pagan hasta $0,5 por cada metro cuadrado de techo industrial, entre otros aportes.
En los años 2024 y 2025, se mantendría el aporte del ICT para la atracción de inversiones turísticas, el cual no se afecta con la suspensión.
El compromiso
Con ese sistema, la Coalición se comprometería a alcanzar, del 2023 al 2025, metas como 128 empresas nuevas en sectores meta, 230 reinversiones y 80.000 empleos nuevos netos.
Posteriormente, a partir del 2026, se tendría que implementar un nuevo modelo de financiamiento que sugeriría, en junio del 2025, el Consejo Estratégico. Este sería un órgano para fortalecer la gobernanza en las políticas de inversión extranjera que Cinde propuso al Gobierno crear.
Estaría coordinado por un representante del Poder Ejecutivo y sería conformado por ministerios clave, Procomer, Cinde, cámaras empresariales, comunidades y organizaciones seleccionadas.
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El planteamiento fue minimizado por el presidente Chaves, quien anunció que mantiene la suspensión del acuerdo y advirtió de que no sabe si cambiará de decisión.
Costos y riesgos asociados a la ruptura
En la propuesta, Cinde asegura que, con el traslado de sus funciones a Procomer, el país asumiría costos y riesgos.
Según la propuesta, con la salida de la Coalición, la Promotora deberá invertir cerca de $6 millones. El aumento sería de $3,2 millones.
“Esto significa que por cada $100 que Procomer ha aportado a la promoción de IED a través de Cinde, pasaría a destinar $212 para lograr los mismos objetivos haciendo la labor in-house”, dice el planteamiento.
El documento explica que el país deberá asumir, además, el costo de oportunidad, así como el costo de la curva de aprendizaje para desarrollar el conocimiento técnico con el que actualmente cuenta Cinde.
Experimentar con otro modelo de gobernanza la atracción de inversiones, advierte Cinde, conllevará una inversión inicial de equipos, espacio de oficina, creación de procesos y bases de datos; y costos en infraestructura física y tecnológica, capital humano e intangibles.
También, se debe invertir en tiempo como la curva de aprendizaje y posicionamiento de marca a nivel global; así como riesgos incrementales”, advierte Cinde.
De acuerdo con el Departamento de Gestión Humana de Cinde, dice el documento, la curva de aprendizaje en nuevos miembros toma de año a año y medio.
El traslado de funciones, también, provocaría un impacto en la creación de empleos para los costarricenses en una época de crisis.
La Coalición calcula que se dejarían de generar hasta 28.800 nuevos empleos en los próximos cuatro años y perder hasta 143 proyectos de inversión, según el planteamiento.
Otros riesgos mencionados son:
- Riesgo reputacional local e internacional, incluyendo a nivel corporativo de las empresas instaladas y las que están considerando invertir en Costa Rica. “Una implementación inadecuada, lenta o poco efectiva va a generar pérdida de confianza en los inversionistas y proveedores”, señala.
- Pérdida de proyectos nuevos y de reinversión por la falta de experiencia institucional de Procomer. Cinde contabiliza más de 500 proyectos potenciales que se asentarían en el país.
- Falta de especialización. El desconocimiento en tendencias y dinámicas globales de IED dificultará la comprensión de la actividad y aletargará la toma de decisiones estratégicas y operativas.
- Perdida de enfoque de Procomer en la atención de las exportaciones por la ampliación de su área de trabajo. Afectaría en especial a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y encadenamientos productivos.
- Pérdida de los canales estratégicos de comunicación a nivel corporativo que facilitan la priorización de los temas estratégicos de la agenda de competitividad (impuesto mínimo global, incentivos 2.0, desarrollo de talento) y las reinversiones.
- Aumento del costo de la planilla pública mediante las nuevas contrataciones de Procomer para asumir sus nuevas funciones.
- Costo político en la competencia legal de Procomer por intervenir en funciones de inversión que no son de su competencia.
